Chile toma medidas para evitar que extranjeros y ciudadanos no nativos se establezcan en la Isla de Pascua, debido a una creciente invasión de la cultura del pueblo Rapanui.
Quedarse a vivir en una isla alejada, inmerso en una cultura enigmática, con la playa a un paso y una temperatura agradable durante todo el año es una tentación en la que caen unos 250 chilenos cada año (y unos cuantos extranjeros).
Según las autoridades municipales de la Isla de Pascua, esta es la cifra anual de gente de Chile continental que se muda a este territorio que el próximo 9 de septiembre cumplirá 130 años de haber sido anexado a esta nación sudamericana.
Pero los habitantes de esta provincia de 164 kilómetros cuadrados en medio del Pacífico no ven la inmigración con buenos ojos.
La mayoría cree que la isla no es lo suficientemente grande para acoger a las 7.750 personas que residen allíy que este volumen poblacional está dañando su ecosistema, además de representar un riesgo para la conservación de la cultura de la etnia nativa: los rapanuis.
Y para frenar la llegada de inmigrantes, el gobierno chileno aprobó una medida que entró en vigencia este miércoles: desde ahora, los turistas que aterricen en la isla tendrán que mostrar un billete de regreso y su visita no podrá durar más de 30 días.
La restricción se extiende a los chilenos que no sean pascuenses y que según la gobernadora de la provincia de la Isla de Pascua, Tarita Alarcón, son el principal objetivo de estas limitaciones.
“El problema principal es cuánta gente está viniendo a quedarse en Rapa Nui, esos no son turistas: son gente del continente que viene a quedarse. Estamos abiertos a los visitantes pero simplemente tenemos que controlar cuántos se quedan aquí a vivir”, le dijo este martes al programa de radio de la BBC Newsday.
La Isla de Pascua se ubica a unos 3.700 kilómetros de Chile y tiene una larga historia de reclamos y quejas de abandono institucional por parte del gobierno de este país.
En los últimos años, una de estas ha sido el aumento de la población, que casi se triplicó entre 1992 y 2017, cuando pasó de 2.700 a 7.750 personas, según los censos realizados en dichos años.
A esto se suma el gran crecimiento de turistas: la aerolínea Latam transportó el año pasado hasta allí a 227.000 viajeros que tenían billetes de ida y vuelta.
Muchos pascuenses acusan a la inmigración y la intensificación del turismo de encarecer el precio de la vivienda y disparar el número de vehículos, al que consideran excesivo.
Según un reportaje del canal de televisión 24 Horas, 3.850 automóviles circulan por la isla. Es decir, dos por cada habitante, lo que la convierte en la zona con mayor densidad de vehículos de Chile.
La explosión demográfica también ha sido ligada a la degradación del medio ambiente en la Isla de Pascua. Según una encuesta publicada este fin de semana por el diario Mercurio, la basura es lo que más preocupa a los pascuenses: un 44,5% lo percibe como el principal problema. Le siguen el exceso de vehículos (33,9%), la “migración” (25,3%) y el “exceso de población” (23,5%).
El mar arrastra hasta residuos las costas de la isla, de los cuales el 75% están compuestos por plástico, según el “Muestreo Nacional de Basura en las Playas” que realiza el programa Científicos de la Basura.
A estos se suman las 2,5 toneladas de desperdicios por habitante que se generan cada año en la isla, muy por encima de las 1,4 toneladas que se registraban hace una década, según publicó la agencia de noticias AFP.
La mayor parte de los habitantes está de acuerdo con las nuevas medidas, que son fruto de un referéndum realizado entre los pascuenses en 2009, cuando el 96% votó a favor de cambiar la constitución para restringir el flujo migratorio a la isla.
El alcalde de Isla de Pascua, Pedro Pablo Edmunds, protagonizó titulares el año pasado cuando, en plena crisis por la fallida declaración de independencia de Cataluña, declaró que sus ciudadanos se sentían “identificados” con las ambiciones de esta región española y que les esperaba un futuro similar si el gobierno chileno no los tomaba en serio.
“Los extranjeros ya se están tomando la isla”, le aseguró a AFP, a quien señaló que “sobran” unos 3.000 residentes.
Según el censo de 2017, menos de la mitad de los pobladores de la Isla de Pascua se declara rapanui: 3.512 de 7.750 (45,9%). Según las autoridades municipales y provinciales, esto pone en peligro la preservación de su cultura.
“Estamos en riesgo de perder nuestra lengua. Puedes tener muchos isleños que hablen el idioma, pero como el español está más extendido, estamos sufriendo esta pérdida de la lengua original de los rapanuis”, afirmó la gobernadora, Tarita Alarcón.
Edmunds coincidió, aunque añadiendo detalles más polémicos: “Están perjudicando la idiosincrasia local, la cultural milenaria está cambiando no para bien, sino que a costumbres más bien localistas, del continente (chileno), de barrios marginales y eso no es positivo”.
Desde ahora solo podrán permanecer en la isla los hijos, padres, cónyuges o convivientes de un rapanui. Si en algún momento pierden esta condición (por ejemplo, quienes se divorcien de un rapanui), deberán irse en los siguientes 90 días.
Los funcionarios, empleados de empresas públicas o concesionarios y sus familiares deberán retirarse en un plazo de 30 días desde la finalización de su contrato, plaza u obra. Este se extiende a 90 días para los empleados del resto de empresas.
Edmunds se reunió la semana pasada con el ministro del Interior, Andrés Chadwick, para pedir inversiones que eviten que la provincia caiga en la categoría legal de saturación, lo que, según explicó a los medios de comunicación, implicaría “cerrar las puertas a los turistas, luego a quienes llegaron después de 2016, a quienes tengan contrato y a sus familiares”.
“Estas restricciones van a proteger el medio ambiente, el paisaje, la lengua, las creencias culturales, los sitios ceremoniales que están repartidos por la isla y que hacen que nuestro lugar sea diferente a otras partes del mundo”, concluyó Alarcón.