Ciudad Guatemala
Donald Trump recibió un nuevo e importante respaldo a sus medidas contra la inmigración.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos apoyó los planes de la Casa Blanca que limitan la capacidad de los migrantes de solicitar asilo en territorio estadounidense.
Bajo la nueva norma, las personas que lleguen a EE.UU. desde un tercer país deberán solicitar asilo en ese Estado antes de llegar a la frontera estadounidense.
La medida aún enfrenta desafíos legales pero la decisión de la Corte Suprema significa que de momento puede ser implementada a nivel nacional.
El presidente Trump no tardó en reaccionar a la noticia y consideró que era algo “grande” para Estados Unidos.
“¡ENORME TRIUNFO en la corte suprema de Estados Unidos sobre asilo en la frontera!”, publicó en Twitter.
Una hora después de publicar ese tuit, Trump publicó dos más diciendo que había sostenido una “excelente conversación” con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, aunque ésta se produjo antes del anuncio de la Corte Suprema.
Frenar la migración ha sido uno de los objetivos clave de su presidencia y uno de los puntos cruciales de su campaña para la reelección en 2020.
Cuando el presidente develó esta nueva decisión el pasado mes de julio, la medida fue inmediatamente bloqueada, por lo que la decisión de la Corte es vista ahora por la prensa estadounidense como un triunfo para el gobierno de Trump.
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En los últimos meses previos a julio -cuando Trump hizo su anunció-, más de 500.000 personas llegaron a México, la mayoría de Centroamérica, de camino a EE.UU., huyendo de la violencia y las crisis económicas en sus países de origen.
Entre esos migrantes, también se encuentran ciudadanos de Cuba, Venezuela o países africanos.
¿Qué significan los cambios?
Los migrantes procedentes de Centroamérica viajan hacia el norte, a menudo a pie, a través de México hasta que llegan a la frontera estadounidense.
En la práctica, la medida de Trump significará que los emigrantes de Honduras, Nicaragua y El Salvador deberán solicitar asilo en un país vecino o en México. Pero también afecta a personas de fuera de esa región.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles, que disputó la medida ante la justicia, argumentó que estos nuevos planes limitarán de forma drástica a aquellos elegibles para asilo.
“La prohibición actual eliminará virtualmente el asilo en la frontera sur, incluso en puertos de entrada, para todos a excepción de los mexicanos”, sostuvo.
Cualquiera que haya sido rechazado por un tercer país o sea víctima de trata de personas aún puede solicitar el asilo.
¿Por qué es controvertido?
La política revoca el acuerdo ya establecido de que Estados Unidos debería valorar de asilo sin importar cómo llegaron los solicitantes a su frontera.
Dos de los nueve magistrados que conforman la Corte Suprema de Estados Unidos, las liberales Ruth Bader Ginsburg y Sonia Sotomayor mostraron su desacuerdo con la decisión de la mayoría
“Una vez más, la rama ejecutiva (de la corte) ha emitido un fallo que busca poner fin a las arraigadas prácticas en relación a los refugiados que buscan protección frente a la persecución”, escribió la juez Sotomayor.
Bajo la Convención de los Refugiados de la ONU, no hay obligación para los refugiados de pedir asilo en el primer país “seguro” al que lleguen. La norma internacional protege a los demandantes de asilo de ser procesados por entrar ilegalmente a un país extranjero.
Desde el gobierno de Trump, se mantiene que la mayoría de los migrantes que están llegando a la frontera sur del país emigran por motivos económicos y no se les considera “refugiados”.
La ruta hacia Estados Unidos es peligrosa, y a menudo los migrantes centroamericanos se enfrentan a las pandillas, que se les acercan por su vulnerabilidad.
Ahora, otras de las cuestiones a tener en cuenta es si México o Guatemala podrán afrontar un aumento de los solicitantes de asilo.
México se ha negado en repetidas ocasiones en convertirse en un “tercer país seguro”.
La idea de “tercer país seguro” surge a raíz de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados que se firmó en Ginebra, Suiza, en 1951, y se resume en lo siguiente: cuando una persona abandona su país para solicitar asilo en otro, este segundo país puede negarse a recibirlo y remitirlo a un tercero que considere que puede darle las mismas atenciones.
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