Patricia Sulbarán Lovera / Corresponsal de BBC News Mundo en Los Ángeles
Miles de niños migrantes se han despedido en días recientes de sus cuidadores en refugios de EE.UU. para volver con sus padres. Pero cientos se quedan, preguntándose cuándo saldrán de ahí.
Para algunos, el riesgo de no volver a ver a sus padres de nuevo es muy alto.
El gobierno de Donald Trump dijo el jueves haber reunido con sus familiares a más de 1.800 niños de entre 5 y 17 años que fueron separados de sus padres en la frontera sur del país entre abril y junio, cuando intentaban cruzarla sin documentos.
Según sus estimaciones, los padres de los 711 menores de edad restantes no califican para la reunificación.
Entre los motivos, explican, están que los adultos tienen antecedentes penales o son considerados un riesgo para los niños.
Sin embargo, hay más de 430 que el gobierno no devolverá a sus padres simplemente porque estos ya fueron deportados a sus países de origen.
Estos casos ocupan a abogados de inmigración y organizaciones de derechos humanos que argumentan que los adultos en ocasiones no estaban conscientes de que firmaban su deportación voluntaria o que los convencían de hacerlo como garantía de recuperar a sus hijos.
Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) defienden que aquellos que fueron deportados sin sus hijos tomaron “una decisión informada”.
El destino de esos 430 niños es incierto. De no poder reunirse con sus padres, podrían ser entregados a familiares dentro del país o acabar con familias adoptivas.
BBC Mundo preguntó al Departamento de Salud y Servicios Humanos estadounidense (HHS, por sus siglas en inglés) por su plan para este grupo específico de menores de edad, pero no recibió respuesta al momento de la publicación de esta nota.
“Muchos de esos niños se sienten abandonados. En conversaciones con sus padres, preguntan: ¿por qué no vienes a buscarme?”, le dice a BBC Mundo Michelle Brané, directora de la ONG Comisión de las Mujeres Refugiadas (WRC, en inglés).
Algunos tienen la suerte de tener familiares en Estados Unidos que los reclaman como sus responsables legales. Pero otros no tienen a nadie más en el país.
La abogada de inmigración Cynthia Felix, del Immigrant Defenders Law Center en Los Ángeles, atendió el caso de una niña de 11 años cuyo padre fue deportado y se quedó sola.
“El juez nos pidió que la pusiéramos en contacto con su padre. Ellos hablaban para decidir si era mejor que ella se quedara aquí. Al principio ella decía que sí, pero luego se arrepintió”.
Felix cuenta que la menor de edad, que estuvo detenida por más de siete meses, manifestó ante el juez su deseo voluntario de volver a su país de origen, con el consenso de su padre, y fue enviada.
Pero en otros casos, los padres de los niños no quieren que regresen, pues hacerlo implicaría ponerlos en peligro.
Muchas de las familias que migran desde Centroamérica escapan de la violencia de pandillas que, en algunos casos, tienen el control de localidades enteras.
En EE.UU., los menores de edad se enfrentan a procesos judiciales de solicitud de asilo que demoran meses o años.
Y sus padres, ya deportados, tienen imposible entrar en Estados Unidos por años también.
Si los niños hubiesen entrado junto a sus padres, advierte Brané, las familias tendrían un solo caso de solicitud de asilo. Pero al ser separados, los menores de edad adelantan un proceso judicial propio y los padres otro, los primeros en cortes de inmigración y los segundos en cortes federales bajo la acusación de ingreso ilegal en el país.
Esto es consecuencia de la política migratoria de “tolerancia cero” implementada oficialmente por el gobierno de Trump desde mediados de abril.
Pese a que el presidente revirtió la práctica de separar familias, todavía abundan los casos de niños que no se han reunido con sus padres.
El gobierno de Trump tenía una orden judicial de reunir a los más de 2.500 niños con sus padres para el 26 de julio.
En la audiencia ante el juez federal Dana Sabraw el pasado viernes, los representantes del gobierno expusieron las cifras y dijeron que las agencias federales habían invertido grandes recursos y esfuerzos para acelerar y completar las reunificaciones.
Sabraw dijo que el gobierno merecía “un gran reconocimiento” por cumplir con la orden antes del plazo límite.
Pero la parte acusadora, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) criticó la forma “unilateral” en que el gobierno diseñó las categorías de elegibilidad.
Además, expuso más de 20 testimonios de padres migrantes que dicen haber firmado, sin entender, formularios de deportación en los que renunciaban a llevarse a sus hijos con ellos.
“Lo que hemos encontrado es que muchos, muchos padres no tenían idea de lo que estaban haciendo. Y quieren a sus hijos de vuelta”, dijo Lee Gelernt, abogado de ACLU, citado por el diario The New York Times.
Según datos del gobierno, 120 padres renunciaron a reunirse con sus hijos cuando firmaron los papeles de deportación.
“Quisiéramos saber exactamente qué pasó en esos casos, si los padres tenían pleno conocimiento de lo que hacían o si se violaron sus derechos“, dice Michelle Brané, que desde el WRC está apoyando a ACLU.
Brané explica que conoce de casos donde el adulto firmaba una carta que designaba a un familiar como cuidador de su hijo.
“Pero eso no significa que no querían reunirse con sus hijos. En algunos casos, ICE consideró que esto era la renuncia de algunos padres a tenerlos de vuelta”, dice.
No saber inglés también fue otra barrera que, según denuncian estas organizaciones, hizo que los migrantes firmaran documentos que no entendían.
Varias organizaciones, incluidas ACLU y WRC, están recabando datos sobre los padres y sus hijos para localizarlos y asignarles asesoría legal.
“Esto puede significar que el padre vuelva a Estados Unidos o que el niño sea enviado al padre”, dice Brané.
Pero el proceso no es sencillo, involucra retos legales y es difícil saber cómo acabará.
Lo que sí es una posibilidad, advierte Brané, es que haya niños que no vuelvan con sus padres.