Eran las 2:30 de la tarde del 14 de mayo cuando Jean Rodrigo da Silva Aldrovande estacionó su carro en la calle Carmen Cintra de un barrio humilde en el norte de Río de Janeiro.
En realidad, pocas personas en Alemao (una zona que agrupa un nombre importante de favelas) conocen esa calle por su nombre. Muchos la llaman “La calle del río”, por el riachuelo contaminado que la divide en dos.
Ese martes había sido un día completamente normal para Da Silva, quien durante años se había desempeñado como profesor del arte marcial japonés jiu-jitsu. Como ya era costumbre, esa tarde se encontraba en la zona para dar una clase como parte de un proyecto social dirigido a jóvenes del barrio.
Estaba con su hijo mayor Juan y con Thiago, uno de sus estudiantes.
Jean da Silva estacionó su vehículo donde siempre lo hacía, cerca del riachuelo. Su hijo de 17 años entró en el complejo para prepararse y el alumno, de 18, se quedó para ayudar al entrenador a bajar unas cajas del carro.
Hacía calor y Da Silva estaba sin camisa, todavía no se había puesto el kimono. El entrenador estaba de muy buen humor ese día, pues su maestro de artes marciales lo acababa de invitar a arbitrar una competencia, todo un honor para un cinturón marrón.
La calle del río, que suele ser muy concurrida, ese día estaba casi desolada. El entrenador y el alumno lograron bajar todo del carro y de pronto llegó un vehículo policial. Cuatro oficiales salieron apresuradamente del automóvil y cruzaron hacia el mismo lado de la calle donde se encontraban ellos.
De pronto, el alumno vio a un hombre con un rifle al otro lado de la calle, y todo pasó muy rápido. No hubo tiempo para correr.
Tras haber vivido gran parte de su vida en Alemao, Da Silva ya sabía lo que iba a pasar. Thiago recuerda haber gritado: “¡Agáchate!, ¡Agáchate!”.
Ambos trataron de refugiarse detrás del carro del entrenador y de otro auto que estaba al lado, pero los disparos fueron mucho más rápidos.
Thiago sintió un disparo en la pierna y comenzó a llamar desesperadamente a Da Silva para que lo ayudara: “Maestro, Maestro”. Pero nunca recibió una respuesta.
De un tiro en la cabeza, Da Silva murió de manera instantánea. Todavía tenía las llaves del carro en la mano.
Cuando su esposa, Andrea Rios, llegó a la escena del crimen dos horas más tarde, el cadáver del entrenador ya estaba cubierto. Un grupo de personas se había reunido alrededor del cuerpo y se quedaron ahí hasta altas horas de la noche.
Jean Rodrigo Da Silva había descubierto el jiu-jitsu casi por accidente. En su juventud, trabajó como personal de limpieza en un pequeño gimnasio. Todos los días, después de terminar su jornada, se sentaba en silencio a ver clases de artes marciales que él no se podía pagar.
Con el tiempo, aprendió un par de movimientos, ahorró un poco de dinero e invirtió en un entrenamiento adecuado. Finalmente se convirtió en entrenador.
Su familia lo describe como un hombre muy querido en su comunidad, un hombre que siempre le ofrecía ayuda y aconsejaba a quien lo necesitara. También aseguran que nunca se involucró con pandillas ni nunca había sido arrestado.
“El Samurái”, como también lo llamaban, les decía constantemente a sus alumnos y a sus cuatro hijos que el jiu-jitsu podía llevarlos “de Alemao al mundo“.
Da Silva sabía que muchos de ellos tenían solo dos opciones de vida: el jiu-jitsu o la delincuencia.
Y cuando estás en Alemao es fácil ver por qué. Los grafitis en las paredes de las casas muestran apoyo al famoso grupo de narcotraficantes Comando Vermelho, o Comando Rojo en español, lo que pone en evidencia quién manda en la zona.
Conocí a Andrea Ríos por primera vez seis semanas después del asesinato de su esposo. Justo un día después de lo que habría sido su cumpleaños número 40.
La pareja había oficializado su relación el Día de los Enamorados brasileño (12 de junio) de 2018. Rápidamente se convirtieron en “algo así como marido y mujer”, asegura la mujer.
La casa en la que vivían, cerca de Alemao, pertenecía a la abuela de Ríos. Era tan pequeña que la sala era el único lugar donde podían poner la nevera, sobre la que se veía un viejo imán con la palabra “paz“.
“Todo el mundo sabe que es una zona violenta, y por eso Jean Rodrigo quería el proyecto ahí (…) Era una oportunidad única para esos niños”, explica Rios.
Para ella, el maestro era una fuente de inspiración para los niños de la zona. Algunos lo llamaban a altas horas de la noche e incluso los fines de semana, a veces llorando y pidiendo orientación.
El proyecto de artes marciales Maneco Team tenía unos nueve estudiantes cuando Jean Rodrigo lo inició en 2012; siete años después, había alrededor de 90.
El club dependía principalmente de donaciones, que siempre fueron escasas. Las clases tenían lugar en una sala con paredes altas, cuya pintura se estaba cayendo.
A menudo, los estudiantes iban a agarrar agua en la parada de taxis al otro lado de la calle, porque la fuente de agua potable del complejo no funcionaba y llevaba años sin que la repararan.
Los kimonos se heredaban. A medida que los alumnos iban creciendo, se los iban pasando a los más jóvenes. Pocas veces, algunos lograban reunir el dinero necesario para comprarse uno nuevo.
Según Ríos, su esposo, ya le había advertido desde un principio que su vida era el jiu-jitsu brasileño. Este tipo de arte marcial, que consiste básicamente en llevar a un oponente al suelo, ahora es popular en todo el mundo.
A principios de año, un amigo de Da Silva le ofreció la oportunidad de viajar como entrenador a Abu Dabi.
Pero el entrenador rechazó la propuesta. “¿A quién iba a ayudar en Abu Dhabi? Aquí es donde la gente necesita ayuda”, dice Ríos, quien recuerda que su esposo le dijo: “Mi lugar está aquí, en Brasil, en Alemao”.
El Maneco Team recibía fondos del gobierno federal, lo suficiente para pagarle a Da Silva 950 reales mensuales (US$250).
No era mucho, pero aún así utilizaba una parte de su salario para cubrir los gastos de sus estudiantes en competiciones. El entrenador también competía, y en abril había ganado una medalla de bronce en un campeonato regional.
De hecho, justo antes de ser asesinado, estaba entrenando para dos competiciones importantes a las que asistiría en mayo.
La principal fuente de ingresos de “El Samurái” era el dinero que se ganaba distribuyendo bombonas de gas, con su padre, todas las mañanas.
A veces, Da Silva ni siquiera tenía dinero para ponerle gasolina a su carro ni para tomar un bus. Cuando eso pasaba, simplemente caminaba por más de una hora bajo el sol inclemente de Río de Janeiro. Su hermano, Diego, asegura que Da Silva vivía por el jiu-jitsu.
Según Ríos, el día que su esposo murió habían pasado una mañana “rara” en casa.
Después de haber recibido la llamada de su maestro que lo había invitado a ser árbitro en una competición, Da Silva estaba eufórico. “Estaba haciendo bromas, haciendo gestos con las manos que los árbitros suelen hacer. Me decía: ‘¡Has sido penalizada!’ Era su sueño”.
Todavía no está completamente claro cómo mataron a Jean Rodrigo Da Silva, pero su esposa está segura que fue asesinado por la policía.
“Se pueden pensar muchas cosas. ¿Lo mataron porque era negro? ¿O porque estaba en la entrada de una favela? ¿Tal vez lo confundieron con otra persona? Podían haberle pedido su cédula de identidad. Era un ciudadano que cumplía con la ley. ¿Por qué le dispararon?”.
En el relato de los hechos que Thiago le mandó a la familia en WhatsApp, el joven dice que él y Da Silva se tiraron en el piso detrás del carro. “No sé si el policía bajó el rifle debajo del carro… y nos disparó pensando que éramos criminales. Escuché muchos disparos. Dispararon por debajo del carro hacia donde estábamos”.
Diego fue uno de los primeros en llegar a la escena del crimen. El hermano de la víctima dice haber encontrado cuatro cartuchos de balas vacíos en el lugar donde estaban los policías, a unos 4 metros de donde se habían refugiado Thiago y el entrenador. También vio marcas de balas en la cuneta cerca de donde se habían agachado.
Cuando Juan salió del gimnasio y vio el cuerpo inmóvil de su padre tirado en el suelo, empezó a gritarles a los policías: “Le dispararon a un residente, le dispararon a un residente”, recuerda Diego, pero los efectivos policiales regresaron al carro y se fueron.
Tan pronto como se corrió la voz en Alemao sobre el asesinato del entrenador, la reunión improvisada alrededor de su cuerpo se convirtió en una protesta contra lo que fue visto como otro asesinato policial.
Río de Janeiro es una ciudad con cientos de favelas, su número podría llegar hasta mil. Expertos señalan que décadas de negligencia estatal han permitido que las bandas criminales se multipliquen. En algunas zonas los criminales incluso llegan a ser el gobierno de facto.
La presencia policial es tan débil que la mayoría de las veces aparecen solo cuando van a conducir operaciones. Las batallas armadas en esta parte de la ciudad son casi la norma.
Durante mucho tiempo, Alemao, que está conformado por más de una decena de favelas levantadas en cerros en el norte de la ciudad, fue considerada como una de las más peligrosas de la ciudad.
Hace aproximadamente diez años, antes de la Copa Mundial de futbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016, había esperanza de que las cosas pudieran cambiar. Los programas gubernamentales de la época trajeron presencia policial y servicios sociales muy necesitados en algunas zonas, lo que produjo una caída de la delincuencia.
Pero el dinero destinado para la ejecución de estos proyectos prácticamente se terminó cuando la recesión golpeó a Brasil en 2014.
La violencia se apoderó de la zona y el Gobierno Federal tuvo que intervenir temporalmente el año pasado. En una decisión sin precedentes, el ejército fue puesto a cargo de la seguridad. Si bien hubo una reducción en el número de ciertos delitos, críticos de la medida se preguntan si realmente ha tenido un impacto a largo plazo.
En octubre de 2018, Willson Witwel, un exjuez e infante de marina conservador de 51 años, fue elegido gobernador del estado de Río de Janeiro y una de sus promesas fue que tomaría medidas más fuertes contra el hampa.
Durante su campaña dijo que de ser necesario las mismas autoridades “cavarían tumbas” para enterrar a los criminales.
Días después de ser elegido, el dirigente prometió “masacrar” a quien fuera atrapado con un rifle. “La policía hará lo correcto”, le dijo a un periódico. “¡Apunten a sus cabecitas y disparen! Así no habrá ningún error”.
Expertos legales argumentan que disparar a personas es ilegal, a menos que se esté actuando en defensa propia.
Witzel es un aliado del presidente de extrema derecha de Brasil, Jair Bolsonaro, que también asumió el cargo en enero.
Ambos están de acuerdo en muchas cosas, incluyendo la propuesta de que los oficiales no enfrenten cargos si matan de servicio. “Un policía que no mata, no es un policía“, afirmó en una ocasión el polémico presidente.
Bolsonaro, cuyo gesto característico es un arma que forma con su pulgar y su dedo índice, también ha trabajado para facilitar la posesión de armas a los “ciudadanos de bien” para que “puedan defenderse”.
Bajo el mandato de Witzel, las redadas policiales en el área metropolitana de Río de Janeiro aumentaron un 42% entre marzo y junio, según un estudio de la Rede de Observatórios de Segurança, un grupo nacional de investigadores.
Las redadas suelen realizarse en favelas densamente pobladas, utilizando una gran cantidad de efectivos policiales, además de armas pesadas, vehículos blindados e incluso helicópteros con francotiradores.
Cuando estaba en Río, descargué la aplicación Fogo Cruzado (Crossfire) que monitorea las operaciones y los disparos. Es utilizada frecuentemente por los locales para evitar zonas de alto riesgo. Me alarmó la frecuencia de las redadas.
Entre enero y julio, las operaciones policiales han ocasionado 1.075 muertes, un promedio de cinco por día; el número más alto desde que se comenzaron a publicar cifras oficiales hace 20 años.
La mayoría de los asesinados son hombres jóvenes y negros. Y aunque muchos son presuntos delincuentes, muertos en enfrentamientos con la policía. Entre las víctimas también se encuentran un número desconocido de transeúntes desarmados.
“Tanto el gobierno estatal como el federal están fomentando abiertamente el asesinato de personas”, dice el doctor Ignacio Cano, profesor de sociología en la Universidad Estatal de Río (UERJ) y uno de los principales expertos sobre la violencia en Brasil.
“En el pasado el incentivo era un poco más sutil y disimulado. Hoy se ha convertido en la política oficial“.
En junio, en un programa de televisión se mostraron imágenes de varios hombres armados caminando libremente por las calles de Cidade de Deus, una favela en el oeste de Río que se hizo famosa por la aclamada película del mismo nombre. Al mismo tiempo, se veía a niños uniformados de camino a la escuela.
Refiriéndose a estas imágenes, Witzel aseguró, durante un discurso en el que anunciaba la expansión de su programa de seguridad, que “en otras partes del mundo se nos permitiría lanzar un misil [sobre las favelas] y hacer explotar [a los sospechosos]”. El gobernador fue aplaudido por ese discurso.
Aunque la mayoría de los enfrentamientos entre la policía y las bandas criminales fuertemente armadas se han desarrollado dentro de las favelas, Witzel, que antes de ser electo no tenía ningún tipo de experiencia política, no oculta su deseo de instalar francotiradores en la ciudad.
En mayo, el dirigente publicó un video en Twitter en el que decía, a bordo de un helicóptero, junto a un francotirador: “Pondremos fin al bandolerismo… ¡Se acabó!”
Según Fogo Cruzado, francotiradores han atacado, utilizando helicópteros de la policía, en 11 operaciones distintas en los primeros seis meses de este año.
Douglas Oliveira estaba trabajando una mañana en la biblioteca local de Maré, el complejo de favelas más grande de Río.
Estaba cuidando a unos niños cuando escuchó el estallido de fuegos artificiales, un sonido que los delincuentes utilizan para anunciar que la policía está a punto de hacer una redada. Mientras salía del edificio con una niña vio a un francotirador a bordo de un helicóptero de la policía.
“Disparó hacia nosotros. No le importó nada”, lamenta Oliveira. “Empecé a rezar, pensé en correr“. Pero si hubiera corrido, podría haber sido confundido con un sospechoso, lo que lo habría convertido en un objetivo, asegura el joven de 24 años, quien siguió caminando, aterrorizado, hasta que llegó a una oficina comunitaria de activistas.
Redes da Maré, una organización sin fines de lucro con sede en la favela, publicó un video que muestra al menos 19 marcas de balas en el piso, supuestamente lanzadas por los francotiradores en mayo.
Luego de la operación, la directora de una escuela cercana publicó fotos de un letrero que ella había puesto en su techo dos años antes y que decía: “Escuela. No disparen“.
De acuerdo a Witwel, francotiradores habían sido desplegados en lugares no divulgados a lo largo y ancho del estado de Rio de Janeiro. Cuando un periódico le preguntó al dirigente cuánta gente había muerto, él respondió que no sabía porque su trabajo no era llevar la cuenta de cuántas personas mataba la policía.
Tras el video de Witzel en el helicóptero, Renata Souza, una parlamentaria estatal de la oposición, pidió a la Organización de las Naciones Unidas que investigara las operaciones,
Souza denunció que el gobernador estaba liderando una “política de masacre”. La parlamentaria ya había enviado una solicitud similar a la Organización de Estados Americanos (OEA).
“No tenemos la pena de muerte, pero Witzel está convirtiendo esto en la norma en las favelas y los suburbios”, advierte la también dirigente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del estado de Río de Janeiro.
Un mes después, fiscales federales anunciaron que los efectivos que habían abierto fuego desde helicópteros serían investigados por presuntos crímenes.
En la protesta que se desarrolló al lado del cuerpo de Jean Rodrigo Da Silva después de su muerte, amigos de la víctima tomaron turnos para rendirle tributo. “Jamás olvidaremos las cosas que hizo. Tenemos que mantenerlo en nuestros corazones”, le aseguró un hombre a la multitud. Otro dijo: “Continuaremos lo que él empezó”.
Ya en la noche, periodistas habían llegado al lugar y la madre de Da Silva ofreció una conmovedora entrevista: “¿Cuándo será que la policía de Witzel dejará de matar a nuestros hijos? Pregúntenle a Witzel. ¿Cuándo será que dejarán de matar trabajadores? ¿O a padres de familia?”.
El propio Witzel describió la muerte de Jean Rodrigo Da Silva como “triste”. “No quedará impune… Los responsables serán juzgados en los tribunales”, publicó en Twitter un día después del asesinato del entrenador.
Según Andrea Ríos, las palabras del gobernador fueron “bonitas”, pero no suficientes. “Nada lo traerá de vuelta, pero lo mínimo es que no se quede sin resolver”. Ríos asegura que la policía aún no le ha dicho nada sobre lo que pasó aquel día.
El Departamento de la Policía Militar de Río de Janeiro escribió un email a la BBC en el que asegura que dos efectivos armados, que estaban en una patrulla, habían sido atacados cerca de la calle Carmen Cintra por dos hombres armados en motocicletas.
Después de un intercambio de disparos, regresaron a la estación de policía sin saber que las personas habían sido heridas.
Pero investigar casos de violencias policiales no es fácil. Paulo Roberto Mello Cunha, un fiscal del estado, dirige un equipo que analiza denuncias de violencia policial y dice que no hay mucho que se pueda hacer. “Hay que contar con la policía para investigar a la policía. No hago informes forenses, por ejemplo”.
Los estados de Brasil tienen dos fuerzas policiales independientes: la fuerza militar, a cargo del orden público, y la fuerza civil, que efectúa análisis forenses e investigaciones.
Además de la gran falta de personal y de recursos, el equipo de Cunha se encuentra a menudo con evidencias deficientes en escenas de crímenes que no han sido protegidas, a veces intencionalmente.
Frecuentemente hay reclamos por parte de activistas y familiares de personas llevadas al hospital sin signos vitales. Esto buscaría encubrir supuestos actos ilícitos efectuados por efectivos policiales, quienes incluso llegarían a poner armas de fuego y drogas al lado de las víctimas para incriminarlas.
Me dijeron que la gente local y los familiares de Jean Rodrigo Da Silva se habían reunido junto a su cadáver para proteger el área hasta que llegara el equipo forense.
Su familia también sacó rápidamente un recibo del sueldo del Gobierno Federal y los certificados de jiu-jitsu, para demostrar que era un hombre trabajador y no un criminal.
Frecuentemente muchos testigos permanecen en silencio por miedo y los fiscales, conscientes de que podrían convertirse en objetivos, rechazan continuar con las investigaciones.
Al mismo Cunha le otorgaron guardaespaldas, después de que él y su familia recibieran amenazas. “Raramente hacemos una investigación de verdad”, afirma. “A veces se hacen. Dependiendo de los protagonistas, se hacen. Pero no es la regla”.
Desde que su equipo fue creado en 2016, se han investigado unos 1.300 casos. Cargos han sido presentados en menos del 5% de ellos. Anteriormente esta cifra era de 0%, “así que creo que estamos creando algo”, agrega el fiscal. “El listón es muy bajo”.
“No cambiaré de opinión”, lanzó Witzel en agosto, asegurando que su gobierno estaba tomando “la dirección correcta“.
El gobernador apuntó que la prueba de esto era la caída de los homicidios: hubo 2.392 casos en el estado entre enero y julio, una reducción del 23% desde 2018. Los robos violentos y hurtos también están cayendo y la policía ha incautado grandes cantidades de drogas y armas.
Witzel afirmó que El Comando Rojo, la banda de narcotraficantes más grande de Rio de Janeiro, que controla una cantidad importante de barrios, se estaba quedando sin municiones.
También dijo que los narcotraficantes deberían considerarse legalmente como terroristas y tener sentencias más severas. “No se puede combatir el terrorismo con flores”, insistió hace un mes. “El mensaje que ha sido enviado es: no luches contra la policía”.
Según expertos, aún no está claro si las mejoras en los índices delictivos celebrados por Witzel son un resultado directo de sus políticas. La caída en la tasa de homicidios, particularmente, parece seguir una tendencia nacional.
Las cifras oficiales registran 6.543 casos entre enero y febrero en todo el país, una caída del 20% respecto al mismo período del año pasado.
Mientras Witzel se ha concentrado en los narcotraficantes, sus críticos dicen que el dirigente ha minimizado la amenaza que representan los violentos grupos paramilitares creados por policías activos y retirados, conocidos como milicias.
Según UOL Noticias, un sitio web de información, ninguna de las muertes durante operaciones oficiales llevadas a cabo entre enero y junio se produjo en zonas donde estos grupos están presentes. La oficina de Witzel no respondió a las solicitudes de la BBC para una entrevista.
Afuera de los distritos más pobres de Río de Janeiro, hay cierto apoyo hacia las políticas del gobernador de la región: sus habitantes están desesperados por ver el fin de la violencia que los azota.
“Tenemos que matar a esos niños“, me dice un habitante de Barra da Tijuca, un exclusivo barrio donde el mismo presidente Bolsonaro tiene una residencia privada.
El señor pronuncia esas palabras refiriéndose a los narcotraficantes. Cuando le digo que personas inocentes también están siendo asesinadas, él responde: “¡Es el precio!”.
Entre enero y julio, la policía fue responsable por casi un tercio de las muertes violentas en Río de Janeiro, es decir, cualquier muerte no accidental ni natural, según cifras del Instituto de Seguridad Pública del estado.
La parlamentaria Renata Souza afirma que existe un “miedo generalizado” de que se efectúen ejecuciones extrajudiciales. “Hay operaciones en las que los asesinatos son indiscriminados… Estas son masacres cometidas por el Estado”, explica.
En febrero, los residentes de Fallet-Fogueteiro, en el centro de Río, denunciaron que nueve hombres fueron torturados y apuñalados en una casa por agentes de la policía.
Fueron asesinados incluso después de haberse rendido. La versión de la policía es que los sospechosos habían comenzado a disparar cuando los vieron llegar y que supuestamente la casa tenía 182 agujeros causados por las balas.
Sin embargo, los locales aseguran que la policía había rodeado el lugar y que nunca hubo un intercambio de disparos. En total, 15 personas resultaron asesinadas en lo que fue la redada más mortífera en Río de Janeiro en 12 años. Witzel calificó la operación como “legítima”.
Sobre la operación realizada en Maré con un helicóptero en mayo, la policía dijo que estaban buscando a un presunto narcotraficante. Las imágenes de unos alumnos que huían de una escuela mientras la policía sobrevolaba se volvieron virales. Ocho personas murieron en esa redada, cuatro de ellas estaban en una misma casa.
Una vez más, los locales aseguran que los hombres ya se habían rendido cuando los mataron. Un testigo, cuya casa fue invadida por los presuntos narcotraficantes, confesó bajo condición de anonimato que “uno [de los sospechosos] dijo: ‘Perdí’. El policía le respondió: ‘No perdiste. Mi orden es matar“.
Ambos casos todavía están siendo investigados por la policía. Pero Jurema Werneck, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Brasil, advierte que las autoridades les están permitiendo a los efectivos policiales tener este “enfoque violento”.
Werneck, quien nació en una favela, afirma que “matar gente no puede considerarse una política pública”.
“Contamos con una manera adecuada para tratar con [presuntos delincuentes]. Tiene que ser frente a la justicia y no con armas“.
Algunas operaciones se han llegado a comparar con una serie de políticas que Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas, ha implementado en su propia guerra contra las drogas. En ese país, unas 6,600 personas habrían sido asesinadas desde 2016, según la policía. Pero activistas estiman el número de muertos en 27,000.
Witzel rechaza la acusación de que los efectivos disparan indiscriminadamente. “La policía no mata a inocentes”, declaró en mayo.
El Departamento de la Policía Militar argumenta que en sus operaciones se hace una “planificación previa y se ejecutan dentro de la ley”. También sostienen que “los delincuentes son los que típicamente inician las confrontaciones“.
Carlos Fernando Ferreira Belo, presidente de la Federación de Oficiales de Policía Militar de Río, el grupo que representa a los oficiales, dice que las operaciones suelen ser “muy intensas y estresantes” para la policía.
Como norma, los agentes son atacados por los delincuentes y “tienen que responder“, explica el coronel.
En los primeros seis meses del año, siete policías fueron asesinados mientras estaban de servicio en Río. “El hecho de que en los enfrentamientos mueren delincuentes, diría ‘¡Gracias a Dios!’ Y lo aplaudo”, confiesa Ferreira Belo. “Matar no es la misión de la policía militar, pero morir mucho menos”.
En un espacio de cuatro días en enero, dos hombres fueron asesinados a tiros en el barrio norteño Manguinhos. Los locales culparon a francotiradores instalados en una torre de la sede de la policía civil, que está cerca del barrio.
Estos casos están siendo investigados por la policía y el equipo de Cunha. Pero un examen post mortem, publicado por el periódico Extra, reveló que una de las víctimas había sido impactada por una bala disparada desde arriba. No hubo evidencia de que los hombres estuvieran armados.
Después de que seis jóvenes, que tenían entre 16 y 21 años, fueron asesinados en operaciones policiales, en un periodo de cinco días, este mes, Meia Hora, un tabloide local, publicó en su portada: “En Río, matar es un juego“.
Sobre la puerta, ahora cerrada, del edificio donde Jean Rodrigo Da Silva daba sus clases de jiu-jitsu, actualmente hay un letrero que informa que el equipo se mudó.
“Algunos niños ya no se sentían seguros allí”, lamenta Marcos Vinicius, amigo del entrenador, que ahora colabora con las clases. Otros alumnos simplemente no querían volver al lugar, pues cada esquina les recordaba al “Samurai“.
Andrea Ríos terminó por mudarse. Ella también sentía la presencia de su esposo en cada sala de la casa que ambos compartían. “La alegría que tuve se acabó”, finaliza.
Para el entierro del entrenador, celebrado dos días después de su muerte, sus alumnos se pusieron kimonos y llevaron medallas que habían ganado en diferentes competiciones.
Pidieron paz lanzando globos blancos al aire, y aplaudieron cuando el antiguo maestro de jiu-jitsu de Da Silva le otorgó un cinturón negro post mortem.