En noviembre del 2017 el presidente Jimmy Morales prometió a los vecinos de San Miguelito y Morazán, Génova, Quetzaltenango, que en 18 meses tendrían una nueva carretera con la reposición de 11.9 kilómetros de asfalto, pero trascurrió un año y cuatro meses y la carretera aún no está reparada.
Los vecinos de Génova como medida de presión para que la constructora Ingeniería Prisma Total entregue los trabajos que le encargó el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), en cuatro ocasiones han bloqueado la ruta al Pacífico que comunica a la frontera con México y los cierres continuarán hasta que la compañía termine la obra.
El 16 de noviembre del 2017 acompañado por la alcaldesa, Sheily Beatriz Vásquez González, el mandatario a todo pulmón dio por inaugurados los trabajos de reconstrucción de la carretera y manifestó que la obra tendría una inversión de Q32 millones 518 mil 899.50 y quedaría lista en tan solo 18 meses.
Ese día el Diario de Centroamérica en su portal web publicó: “Gobierno inaugura trabajos de reposición en tramo carretero de Quetzaltenango” y describieron que Morales expresó: “Esta carretera va permitir que las personas puedan transitar más rápido y comercializar a menor costo los productos”.
El entonces ministro de Comunicaciones, Aldo García, subrayó que la reparación del tramo carretero tendría un costo de Q32.5 millones y un tiempo de construcción de 18 meses.
Como los trabajos no arrancaban, los vecinos como medida de presión bloquearon la ruta hacia México en el cruce Las Victorias, Colomba, Quetzaltenango.
Como consecuencia del bloqueo, José Mario Muñoz Estrada, jefe de la División de Supervisión de Construcciones de la Dirección General de Caminos, el 21 de marzo del 2018 envió un oficio a Gonzalo Orlando Cobar Hernández, representante legal de la empresa Ingeniería Prisma Total para exigirle comenzar los trabajos del proyecto, “San Miguelito, Génova, Quetzaltenango – contrato No. 048-2015-DGC”.
Muñoz Estrada en el oficio le recordó a Cobar Hernández que el contrato entre la empresa y el CIV cobró vigencia a partir del 31 de octubre del 2017.
Se le otorgaron 10 días a la constructora para iniciar los trabajos o de lo contario el ministerio solicitaría la ejecución de las fianzas respectivas.
Según el Consejo Comunitario de Desarrollo de la aldea Morazán para esa fecha la empresa había recibido un anticipo de Q6 millones 503 mil 739.90.
En los primeros días del citado mes, la constructora retomó los trabajos en la ruta, pero la maquinaria solo removió algunos promontorios del asfalto que habían retirado de la vía y dos semanas después nuevamente la obra quedó detenida.
El Cocode de aldea Morazán el 27 de diciembre del 2018 informó en su perfil de Facebook que la empresa comenzó a colocar una capa de asfalto de cuatro centímetros de grosor en 110 metros de largo a inmediaciones del ingreso a la finca San Antonio Morazán, pero días después los trabajos quedaron detenidos.
El pasado 15 de febrero los vecinos de Génova volvieron a bloquear el paso sobre la ruta hacia México y ese día denunciaron que la empresa Prisma Total adeudaba Q1 millón en alquiler de maquinaria y Q135 mil a la empresa encargada de construir las cunetas del tramo vial.
Durante marzo comunitarios de 13 caseríos de San Miguelito y Morazán se unieron a la lucha de los cocodes de las aldeas para exigirle al CIV y a la constructora concluir los trabajos de ruta y volvieron a cerrar el paso en el cruce de Colomba.
Ingeniería Prisma Total también firmó contrato para la reparación del tramo carretero Ocos-Ayutla en San Marcos por Q24.8 millones. En noviembre del 2018 el CIV reportó que la empresa recibió en anticipo por los proyectos de Quetzaltenango y San Marcos Q11.5 millones.
Se intentó contactar a la empresa pero en el número de teléfono que aparece en internet no responden las llamadas.