El concejo de San Antonio Aguas Calientes, Sacatepéquez, fue beneficiado con la suspensión de la persecución penal por el delito de retención a la información, debido a que cumplieron con los requisitos establecidos.
Según el Ministerio Público, se negaron información solicitada a Jonathan Maldonado Sánchez, y le indicaron que en lugar de copias simples le entregarían certificaciones, cuyo valor ascendía a Q6 mil 625.
La defensa de los sindicados argumentó que en ningún momento se negó la información pública, sino que se trató de cobrar el costo de los documentos certificados, a lo que el denunciante no accedió.
La fiscalía lo consideró como una acción arbitraria “en una clara desobediencia a lo estipulado en la Ley de Libre Acceso a la Información Pública”.
Los concejales entregarán un donativo de Q1 mil 500, cada uno, a una oenegé de servicio social y asistirán a un curso de capacitación sobre la Ley de Libre Acceso a la Información Pública.
También se les retiró las medidas coercitivas que se les impuso al haber sido ligados a proceso el pasado 15 de noviembre.
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