Ciudad Guatemala
Una oficinista de Seúl que se presenta como “D” acababa de denunciar ante la policía que había sido violada cuando su agresor contraatacó bombardeándola con querellas. Debido a las estrictas leyes contra la difamación, decir la verdad puede ser un delito en Corea del Sur.
“Presentó querella tras querella contra mí, acusándome de difamación, de insultos, de perjurio, de intimidación e incluso de acoso sexual”, explica esta mujer que pide ser identificada únicamente con la letra “D” por temor para su seguridad personal.
“Durante meses, no pude comer”, explica a la AFP. “No podía dormir, tenía la impresión de estar sumida en un pantano del que no saldría nunca”.
Su agresor acabó siendo condenado a dos años de cárcel por violación y todas las querellas contra D. fueron archivadas.
Pero estos calvarios judiciales no son inusuales en Corea del Sur, donde una persona puede ser juzgada, incluso si ha dicho la verdad, por manchar la reputación de otra.
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Un número creciente de presuntos agresores sexuales usan el sistema para obligar a las víctimas a callar o retractarse.
Presentar una denuncia en la comisaría no es en sí motivo de querella por difamación, pero si la víctima habla en público puede ser juzgada penalmente.
Y si la policía o la fiscalía archivan el caso, o el acusado es exonerado por la justicia, la denunciante puede ser juzgada por falsa acusación.
“Todo el sistema tiene un efecto paralizador sobre las mujeres”, dice Seo Hye-Jin, de la Asociación de Abogadas Coreanas. “Muchos agresores usan abiertamente la amenaza de querella para intimidar”, agrega.
Pese al progreso económico y tecnológico de Corea del Sur, su sociedad sigue siendo profundamente patriarcal. El país llega regularmente en los últimos puestos de la clasificación de la OCDE sobre desigualdad.
Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen, 52% de las víctimas de asesinato son mujeres. Muchas más que en Estados Unidos y China (cerca de 22%) e incluso que India (41%).
“No se resistieron lo suficiente”
Las series televisivas surcoreanas, muy populares en Asia, muestran a personajes masculinos que dominan físicamente a los femeninos como muestra de su amor.
Pero desde 2017, la campaña mundial #MeToo contra la violencia machista también llegó a Corea del Sur, donde un número creciente de mujeres acusó a poderosas figuras del mundo de la política, el arte, la educación o la religión.
En el caso de D., un investigador le hizo numerosas preguntas sobre “sus intenciones” de “destruir la vida de un joven prometedor” y pidió a la fiscalía que no aceptase procesar al violador.
D. dejó su trabajo, se querelló contra la policía, la fiscalía e incluso el mediador del gobierno encargado de los derechos humanos para lograr que su caso prosperase frente a las numerosas denuncias del agresor y el continuo acoso de este y de sus familiares.
Cho Jae-Yeon, que trabaja para el Teléfono Rojo de las Coreanas, asegura que muchas víctimas no se dan a conocer. “Muchas dicen que no podrían soportar ser objeto de una investigación y arriesgarse a una eventual condena, como si no hubiesen sufrido suficiente”.
Los fallos del sistema judicial no afectan solo a los casos de agresión sexual: el empleado de un gabinete de arquitectos fue condenado a una multa por denunciar en internet retrasos en el pago de sueldos y otras regularidades.
En 2016, fueron archivadas 55% de las denuncias de agresión sexual, muchas más que en los casos de asesinato (22%) o robo (26%), según el Instituto de la Justicia.
Y si el caso llega ante el tribunal, la víctima debe demostrar que opuso resistencia porque la violación se define como el resultado “de la violencia o la intimidación” y no de la ausencia de consentimiento.
En el pasado, se desestimaron varios juicios por violación porque las víctimas “no se resistieron lo suficiente”.
Un panel de la ONU sobre la igualdad entre sexos llamó recientemente al gobierno a revisar su definición de violación y a proteger a las víctimas de falsas denuncias de difamación.
El agresor de D. siguió acosándola cuando salió de prisión, hasta que en 2014 fue condenado por intimidación y acoso, poniendo fin a cuatro años de pesadilla.
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