Ciudad Guatemala
Bajo juramento ante una jueza de migración, Sandy, una adolescente de 14 años, pide que las autoridades de Estados Unidos la envíen de vuelta a su natal Guatemala, de donde emigró apenas meses antes.
Con la voz hecha un susurro, responde en una corte de Los Ángeles a un cuestionario para confirmar su decisión de acogerse a la “salida voluntaria”.
La joven confirma que entró por Arizona el 17 de mayo de 2018, en plena aplicación de la política de “tolerancia cero” ordenada por el presidente Donald Trump, que llevó a que más de 2.600 niños fueran separados de sus familiares.
“¿Había sido deportada antes?”, le preguntan. “No, solo mi padre”, con quien aparentemente cruzó la frontera.
El gobierno divulgó un informe el jueves en el que sostiene que 2.157 menores ya han sido entregados a sus familias o a un representante, pero otros 445, entre ellos Sandy, aún están en custodia de las autoridades estadounidenses.
Lindsay Toczylowski, directora ejecutiva del centro legal Immigrant Defenders, explica a la AFP que si el menor “no tiene miedo de volver, la salida voluntaria es una opción”.
El gobierno indicó que “ha visto un incremento en el número de niños (…) que desean salir voluntariamente del país para ser reunificados con sus padres”. En su reporte, las autoridades precisaron que son 15 casos y señaló que “facilitará y pagará” el viaje de regreso.
Pero no es una decisión a la ligera. El miedo es un factor fundamental, sobre todo porque muchos de los emigrantes de América Central están huyendo de la violencia en esos países.
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Es el caso de Pedro, un hondureño de 34 años que pidió cambiar su nombre por seguridad pues fue separado de su hija y deportado de vuelta a su país, donde vive con muchísimo miedo y lo que menos quiere es que la pequeña sea enviada a casa.
“Aquí no hay nada bueno”
Pedro era funcionario de gobierno en Honduras y dice que decidió partir a Estados Unidos con su hija después de que una pandilla le hiciera dos atentados.
“Me escapé y me traje a la niña conmigo, a ella también la tenían amenazada”, cuenta a la AFP vía telefónica. “Yo de verdad no quería viajar a Estados Unidos, ya me habían contado que el camino era feo y era duro”.
Pero no le quedó opción. Al cruzar el río Grande por Texas, se entregaron a las autoridades migratorias y pidieron asilo. Recordó que le hicieron firmar un papel en inglés que no entendía.
“Le dije al oficial: ‘Si es para deportarme, no quiero firmarle porque está difícil allá, no quiero volver’. Se echó a reír y me dijo que no era para deportarme”.
Su historia continuó como muchas otras: lo separaron de su hija, lo deportaron y a ella la enviaron a un albergue, donde tiene ya más de dos meses.
“Estoy muy preocupado, no aguanta estar metida allá”, afirma.
La organización por la defensa de los derechos civiles ACLU, junto a otras asociaciones, ha contactado a los padres ya deportados de 322 niños que aún están en Estados Unidos, según el informe oficial, que indica que los representantes de 167 niños optaron por no ser reunificados.
A Pedro ya lo llamaron y tiene claro que, por su seguridad, es mejor que su hija no regrese. “Aquí no hay nada bueno porque yo no tengo paradero”, dice desde Honduras.
“Sienten nostalgia”
Al ser separados de sus padres, los niños pasaron a ser “menores no acompañados” en el sistema y como tal se les procesa.
La ventaja de este estatus es que no pueden ser deportados hasta que vean a un juez.
Tienen la opción de pedir asilo, aplicar a una visa juvenil o salir voluntariamente, una decisión con la que el expediente queda limpio y permite aplicar a una visa en el futuro desde el extranjero.
Fue la opción de Sandy y, como ella, “se ha visto un aumento de niños que vinieron con sus padres” y fueron separados, indicó Joanna Fluckey, abogada de la ONG KIND. “Sienten nostalgia”.
“Nadie anticipó que al llegar serían separados a la fuerza”, añade.
Pero a veces, sostiene Toczylowski, los niños “no entienden las razones que llevaron a la familia a huir, el peligro en el que se encuentran”.
“Muchas veces son los padres desde su país de origen los que tienen que ayudarlos a tomar la decisión y convencerlos a quedarse y pelear” por un estatus legal en el país.
Si el niño no tiene a nadie en Estados Unidos que lo cuide, entra en el programa de padres sustitutos hasta que cumpla los 18 años.
La jueza Ashley Tabaddor, que por nueve años ha llevado casos de “menores no acompañados”, dijo a la AFP que la salida voluntaria no es la decisión más común en su corte.
Pero estos niños son atípicos. “Con la separación de familias, el gobierno creó menores no acompañados”.
Fue Tabadoor quien llevó el caso de Sandy, a quien otorgó 120 días para preparar su salida. “Que tenga un regreso seguro a casa”, le dijo al despedirla.
Con información de: Javier TOVAR / con Leila MACOR en Miami © Agence France-Presse
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