Ciudad Guatemala
Poco después de que dos mujeres fueron liberadas tras largos encarcelamientos por perder sus embarazos, organizaciones humanitarias y médicos emprendieron una ofensiva para despenalizar el aborto en El Salvador.
Actualmente hay 24 mujeres encarceladas en el país centroamericano bajo la drástica legislación antiaborto, lo que despertó la preocupación internacional de organizaciones feministas y humanitarias.
El Código Penal salvadoreño establece una pena de dos a ocho años por abortar. Sin embargo, fiscales y jueces tipifican a menudo los casos de aborto o incluso la pérdida del bebé como “homicidio agravado”, un delito penado con 30 a 50 años de prisión.
Fue lo que les ocurrió a Teodora Vásquez y Maira Figueroa, ambas sentenciadas a 30 años por pérdidas de sus embarazos.
El delicado tema cobró relieve en las últimas semanas, cuando la justicia conmutó sus penas, aunque la primera para entonces ya había pasado 11 años tras las rejas y la segunda 15.
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“Consideramos que es una grave violación a los derechos humanos la total penalización del aborto y queremos intentar mejorar está situación”, declaró a la AFP la investigadora francesa Léa Réus, de Amnistía Internacional (AI).
Representantes de AI visitaron esta semana El Salvador, donde se reunieron el martes con una comisión del Congreso que estudia una reforma de la legislación antiaborto.
La misión les presentó un libro con firmas de 209.051 personas de 57 países que apoyan la modificación.
La reforma busca despenalizar el aborto en casos de violación, cuando corra riesgo la vida y salud de la madre y cuando el feto no tenga viabilidad de vida.
“Todos tienen que apoyar esta despenalización, porque no es cuestión de políticos, es cuestión de derechos humanos. Yo creo que cualquier diputado quiere hacer lo correcto”, destacó Réus.
La diputada izquierdista Lorena Peña, que recibió en octubre de 2016 la petición para reformar la legislación, estima que es necesario aprobar la enmienda antes de que concluya la presente legislatura el 30 de abril.
La nueva legislatura, que asume el 1 de mayo, tendrá un mayor control de los partidos de derecha, que se oponen a cualquier modificación a las leyes contra el aborto.
En el Congreso unicameral de 84 escaños, la reforma al Código Procesal Penal requiere 43 votos, que es la mayoría simple.
Misión médica
Entre tanto, una misión de médicos también visitó esta semana El Salvador para discutir con sus colegas la importancia de poder interrumpir embarazos sin enfrentar consecuencias penales.
“Lo que buscamos es que se nos dé seguridad jurídica a los médicos, que nuestras acciones (en un posible aborto) no van a tener repercusión penal”, comentó a AFP el médico Guillermo Ortiz, quien encabeza la misión.
Ortiz, un salvadoreño radicado en Estados Unidos, dice que durante 20 años laboró en el Hospital Nacional de la Mujer en San Salvador, donde atendió numerosas emergencias obstétricas, pero lo sensibilizó el caso de Beatriz en 2013.
A Beatriz, una joven de 22 años que padecía lupus, se le impidió interrumpir su embarazo a pesar de que el feto no había desarrollado el cerebro y estaba condenado a morir al nacer.
Tras la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Beatriz recibió autorización para una cesárea temprana y el bebé murió horas después.
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La misión médica internacional se reunió el martes con ginecólogos del hospital de Santa Ana (oeste), el miércoles lo hizo en San Miguel (este) y este jueves en el Hospital de la Mujer en la capital.
Ortiz dijo que “hay miedo en los hospitales públicos” porque hay mujeres pagando condenas de cárcel por el “delito de aborto” y porque en el gremio médico “nadie quiere estar en un proceso judicial, expuesto al desprestigio mediático y a un juicio social”.
La legislación “tiene implicaciones en el desempeño profesional médico por el riesgo de inseguridad jurídica que sienten”, dijo a la AFP Morena Herrera, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético, y Eugenésico, una ONG que desde 2009 lucha por reformar la legislación.
En una entrevista con AFP tras salir de prisión, Teodora Vásquez lo resumió así: en El Salvador “las mujeres pobres están abandonadas” por el sistema público hospitalario, que en lugar de ayudarlas cuando sufren emergencias obstétricas, las denuncia.
Con información de: © Agence France-Presse
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