Una Cámara de la Suprema Corte de Guatemala aceptó un amparo interpuesto por el ombudsman y frenó provisionalmente el retiro del embajador de Suecia, Anders Kompass, a solicitud del Ejecutivo por injerencia en asuntos internos.
La Cámara de Amparos y Antejuicios de la Corte admitió para su trámite la acción de amparo presentada por el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, con la cual se suspende por el momento la medida, indicó la oficina de prensa del magistrado de conciencia.
Rodas presentó el jueves el amparo al considerar que la nota oficial contraviene la Constitución guatemalteca porque tendría que haber sido firmada por el presidente Jimmy Morales, quien ostenta el poder para manejar la relaciones internacionales, y no solo por la canciller, Sandra Jovel.
La Cámara otorgó un plazo perentorio de 48 horas a la canciller para brindar antecedentes o un informe circunstanciado “sobre la veracidad o no de los hechos relacionados con las justificaciones pertinentes y acompañar copia de la resolución que se está impugnando”.
El 10 de mayo, el Ministerio de Relaciones Exteriores pidió el cambio de Kompass y de la embajadora de Venezuela, Elena Salcedo, al considerar que “en el desempeño de sus funciones han asumido actitudes que derivan en injerencia en asuntos internos del Estado de Guatemala”.
Jovel justificó la medida al indicar que el diplomático sueco, que asumió el cargo a finales de 2017, había expresado que “toda la sociedad guatemalteca es corrupta” durante una donación a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala(Cicig), un ente de la ONU.
La decisión provocó el rechazo de varios sectores de la sociedad civil, mientras el grupo de países donantes conocido como G13, que integra Suecia, pidió al presidente Morales “reconsiderar” la medida.
Suecia, en tanto, lamentó la decisión y adelantó que pedirá “más explicaciones antes de llevar a cabo un plan de acción”.
El país europeo es uno de los principales donantes de la Cicig, que junto con la fiscalía han pedido investigar a Morales por sospechas de haber recibido fondos ilegales en la campaña de 2015.
Morales, de 49 años, sumió al país en una crisis política en septiembre pasado al intentar expulsar al jefe de la Cicig, el exmagistrado colombiano Iván Velásquez, pero la máxima Corte judicial del país anuló la decisión por un amparo presentado por el mismo Procurador de los Derechos Humanos.
Con información de: © Agence France-Presse