Al menos cinco acciones legales se han presentado en la Corte de Constitucionalidad para frenar la decisión del Gobierno de retirarles las acreditaciones a 11 trabajadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y darles 72 horas para que abandonen el país.
El abogado Alfonso Carrillo solicitó a la Corte de Constitucionalidad que decrete un amparo provisional.
“Se está impidiendo que la Cicig pueda llevar a cabo sus funciones y actividades porque no puede funcionar si no tiene en el país a los expertos que ha designado para cada área de trabajo”, asegura.
Eleonora Muralles, presidenta de la organización Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS), presentó un amparo contra la coordinadora de la subdirección de control migratorio, Raquel María Vicente, por violentar el artículo 149 de la Constitución referente a las relaciones internacionales.
Dicho artículo dice así: “Guatemala normará sus relaciones con otros Estados, de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, al respeto y defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de los procesos democráticos e instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los Estados”.
El procurador Jordán Rodas Presentó un amparo contra la canciller Sandra Jovel y el director de Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores por “la decisión injustificada de dejar sin efecto la acreditación de personal de Cicig, la exigencia de devolución de los carnets de identificación y la revocatoria de privilegios”.
Autoridades Ancestrales interpusieron un memorial para ser terceros interesados en el amparo interpuesto por Rodas.
La organización Acción Ciudadana presentó un memorial a la Corte de Constitucionalidad en el que pide determinar si procede la destitución de la canciller Sandra Jovel, así como abrir un proceso penal en su contra por abuso de autoridad y desobediencia.
“Al dejar sin efecto las visas y credenciales de los investigadores de Cicig, la ministra desobedeció lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad en septiembre de 2018, en cuanto a agotar las vías de negociación con la Organización de Naciones Unidas (ONU) para solucionar los conflictos con la comisión internacional”, detalla.
La Cicig presentó una apelación en contra de la decisión del 26 de noviembre de 2018, por la que la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo decidió no otorgar el amparo provisional en contra de la acción promovida contra el director general de Protocolo y Ceremonial Diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El vicepresidente Jafeth Cabrera afirmó este miércoles que se intentó durante 15 meses tener una respuesta de la ONU pero no se tuvo. “Tenemos la potestad jurídica para poder hacer esas cosas”, indicó.
Esta mañana se publicó en el diario oficial la notificación que emitió la el Instituto Guatemalteco de Migración para advertir al personal de Cicig que dejen el país, de lo contrario serán expulsados.
Departamento de Estado de EE.UU. respalda a CICIG y se opone a la figura de “Non Grato”
Cicig pide reforma constitucional para combatir corrupción
Con información de: David Sanchinelli