La Contraloría General de Cuentas (CGC) entregó el pasado 25 de septiembre un informe al director ejecutivo el Registro Nacional de las Personas, Octavio Alonzo, sobre el examen especial de auditoría concurrente realizado a las compras directas de 500 mil tarjetas personalizadas para la emisión del Documento Personal de Identificación (DPI).
El informe, aunque no obliga al Renap a que cumpla las observaciones del hallazgo, advierte que la Contraloría podrá aplicar las acciones legales correspondientes, que incluyen denuncias penales y multas por dicha ejecución presupuestaria; también detalla a quiénes irían dirigidas las acciones, según los artículos 29 y 29 bis del decreto 101-97 Ley Orgánica de Presupuesto.
El Renap adjudicó la compra de 500 mil tarjetas para la emisión del DPI, por compra directa, luego que una licitación fue declarada desierta y se necesitaba el producto para garantizar la emisión de los documentos.
Sin embargo, la auditoría determinó que se compraron tarjetas con especificaciones distintas a las consignadas en la licitación, por lo que no se justifica el fraccionamiento de compras.
“Se comprobó que existen diferencias entre los términos de referencia de los procesos de compras directas con los de la licitación pública”, detalla el informe que está en poder del director del Renap desde el 25 de septiembre.
El informe, además, sugiere que existió un fraccionamiento y las referidas compras son improcedentes al no compararse que se agotó anteriormente un evento con las mismas especificaciones.
Según la auditoría, se está “restando transparencia y certeza jurídica a los procesos, independientemente de aspectos de planificación para el abastecimiento de las tarjetas”.
La CGC necesitó la asesoría de un un especialista para que evaluara los aspectos técnicos de las compras auditadas, por lo que el ingeniero Alam Usiel Solis Martinez emitió su informe el 8 de septiembre pasado, en el cual indica que “la durabilidad de la tarjeta para garantizar la vida útil de la misma descrita en la compra directa y en la licitación pública difieren en el uso de la clase de 2B a 3D, respectivamente. En Cuanto a las tarjetas, las especificaciones técnicas de ambos eventos difieren en la conformación de las capas de policarbonato, de cinco a cuatro, respectivamente”.
Las compras de baja cuantía -menor a Q90 mil— son responsabilidad directa del director del Renap y debe informar al directorio, sin embargo, el directorio, hasta la semana pasada aún no había sido informado de la advertencia.
Mañana hay una sesión de directorio, donde se espera se informe sobre los hallazgos y se decida qué acciones se tomará para seguir abasteciendo al Renap de las tarjetas y el problema no afecte la emisión del DPI.
El Renap intentó adjudicar la compra de dos millones de tarjetas en un evento que finalmente fue declarado desierto, pese a que dos empresas habían ofertado. Ante el evidente atraso, el Renap decidió adquirir por compra directa las tarjetas para la emisión del DPI y no tener problemas de abastecimiento.
El Renap logró adquirir 500 mil tarjetas a la empresa Productive Business Solutiones, S.A., por Q6 millones 875 mil, en 78 concursos de compra directa, con el argumento que no pudo adjudicar el proceso.
El pasado 22 de junio, el Renap subió a Guatecompras una nueva licitación para adquirir 1.5 millones de tarjetas electrónicas para la emisión del DPI. El concurso fue adjudicado por la junta de licitación a la empresa Productive Business Solutiones, S.A., el pasado 31 de agosto por un monto de Q20.4 millones, en medio de suspicacias por algunas modificaciones en las bases de licitación del evento.
El 20 de septiembre pasado el proyecto fue improbado por el directorio del Renap, por considerar que existían varias dudas que se deben de aclarar. Sobre todo, en las normas y estándares internacionales requeridos en las especificaciones técnicas del producto.
Sin embargo, la junta de licitación, integrada por Fidel Amílcar López Zavala, Amán Benjamín Cuc Hernández y Édgar Antonio Sánchez de León ratificaron y confirmaron la adjudicación contenida en el acta administrativa 101-2018 sobre el evento de licitación, con lo que rechazan lo actuado por el directorio.
Comunicación social del Renap informó: “En Renap se llevan procesos de fiscalización para evitar cualquier anomalía en la adquisición de bienes y servicios, si no se cumple con los requisitos se corrige. Eso no significa que existan actos de corrupción en la institución y eso es transparencia”.
Agregá: “El director ejecutivo mantiene esas acciones para evitar actos anómalos y por el momento se cuenta con un lote de tarjetas para seguir emitiendo el DPI. No existe ningún riesgo para dicho documento; por lo que el Renap enfatiza que aún cuenta con los siete días establecidos en Ley para correr audiencia y desvanecer cualquier hallazgo y en donde se indica que el proceso de la Contraloría no es definitivo”.