Ciudad Guatemala
El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), realizaron este martes 16 de julio una diligencia en relación con un caso de corrupción a gran escala en el Ministerio de Salud Pública, entre 2012 y 2014, en el cual estiman cobros de sobornos por Q53.9 millones, a través de empresas contratista coludidas con los funcionarios.
El caso involucra al exministro de Salud, Jorge Villavicencio, durante el gobierno del Partido Patriota, a su hija Saraí Villavicencio Delgado, y al ex diputado Luis Fernando Pérez Martínez, como presuntos cabecillas de una estructura dedicada a cobros ilícitos por proyectos de remoción y reparación de hospitales, durante el estado de Calamidad por el terremoto de San Marcos en 2012. Así como por otros eventos de construcción de hospitales, compra de bienes en el ministerio y adjudicación de plazas en la institución a personas recomendadas por diputados del Congreso de la República.
La investigación está fundamentada con tres miles de correos electrónicos, registros documentales, eventos de compras, análisis criminalísticos, un colaborador eficaz involucrado en la recolección del dinero y complementado con otros dos colaboradores eficaces con conocimiento del método de cobro de la estructura.
Cooptación del Ministerio de Salud
Según la acusación del MP al menos 118 personas se encontraban involucrados en la estructura criminal. Se han solicitado 28 órdenes de captura, 34 citaciones y 10 solicitudes de antejuicio contra diputados del Congreso de la República. Hacia las 12 horas se había confirmado la captura de 18 personas.
La imputación señala que la estructura comenzó a operar cuando el doctor Jorge Villavicencio asume como ministro de Salud Pública en 2012. Su hija Saraí Villavicencio Delgado, junto a Luis Fernando Pérez, entonces diputado, presuntamente habrían montado una estructura en la institución para facilitar la contratación de obras públicas y compra de bienes y servicios a través de la colocación de sus allegados en puestos claves en la institución.
Los diputados contra los que el MP solicita retiro de antejuicio han sido relacionados por su presunta intervención en procesos de remozamiento de hospitales, así como por solicitar plazas fantasma o por solicitar a Villavicencio plazas en la institución para sus recomendados.
Diez diputados y involucrados
También se solicitó el retiro de antejuicio contra diez congresistas:
-Boris España, por los delitos de Asociación ilícita, cobro ilegal de comisiones, lavado de dinero y tráfico de influencias.
-Estuardo Galdámez, pot los delitos de Asociación ilícita, cobro ilegal de comisiones, lavado de dinero y tráfico de influencias y cohecho activo.
-Luis Alberto Contreras, por Tráfico de influencias.
-Marco Antonio Lemus, Tráfico de influencias.
-Humberto Leonel Sosa, Tráfico de influencias.
-Carlos Santiago Nájera Sagastume, Tráfico de influencias.
-José Inés Castillo Martíenz, Tráfico de influencias.
-Rodolfo Leonel Castañón, Tráfico de influencias.
-Ronald Estuardo Aragón, por peculado por sustracción.
En contratos de remozamiento o reparación de hospitales, a raíz del terremoto de San Marcos, según la imputación se habrían cobrado Q17 millones, en la construcción de nuevos centros en Quiché, Baja Verapaz, Sacatepéquez, Villa Nueva, se habrían cobrado sobornos por Q36 millones. Mientras que preliminarmente se estima en Q900 mil el cobro de sobornos por contratos de bienes para el Ministerio de Salud.
En la imputación también se incluye a Jaime Pérez Castillo, sobrino del expresidente Otto Pérez Molina; y entre los contratos por los que se intentó cobrar una comisión, sin lograrlo, un proyecto de construcción de un hospital modular en Mixco, por entre Q75 y Q80 millones, cuando Otto Pérez Leal, fungía como alcalde de ese municipio. La adjudicación del proyecto, sin embargo, ya no se llevó a cabo.
La investigación continúa en desarrollo para determinar los cobros realizados por 450 plazas en el ministerio que habrían representado favores políticos a diputados, cobros mensuales a la organización o posibles plazas fantasma.
En la indagación, realizado luego de tres años de análisis de información documental y testimonial, también se relaciona al ex director del Instituto Guatemalteco de Seguro Social, Juan de Dios Rodríguez, cuando este era secretario privado del entonces presidente, Otto Pérez Molina. Rodríguez presuntamente se habría beneficiado, a través de intermediarios, de algunos contratos de remozamiento de centros de salud y hospitales.
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