Ciudad Guatemala
La solicitud de antejuicio contra los magistrados Gloria Porras, José Francisco Mata Vela y Bonerge Amílcar Mejía fue interpuesta por la Procuraduría General de la Nación (PGN) a finales de diciembre pasado.
La PGN los señala de emitir resoluciones “arbitrarias e ilegales” que “coartan las facultades constitucionales atribuidas al presidente de la República”. Los abogados de esta institución confirmaron que la denuncia tiene relación con la injerencia en la política exterior, lo cual es competencia exclusiva del Ejecutivo.
Ponen come ejemplo los fallos emitidos a favor de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), así como el caso del embajador de Suecia, Anders Kompas, al cual intentaron expulsar del país.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) consideró que había indicios suficientes para que los magistrados sean investigados, por lo que aceptó dar trámite al antejuicio.
Ahora corresponde al Congreso crear una comisión pesquisidora, conformada por cinco diputados elegidos por sorteo, quienes deberán hacer el análisis correspondiente.
La Comisión tendrá hasta 60 días, aunque al momento de integrar la postuladora se establece cuánto tiempo se les dará para indagar acerca de la denuncia contra los magistrados. A su criterio estará citar a las partes y elaborará un informe que debe presentar al Pleno.
La acción legal en contra de los magistrados causó rechazo en diversos sectores sociales. Derivado de ello, la Convergencia por los Derechos Humanos, que abarca varias organizaciones, pidió al Ministerio público que cumpa con su función e investigue a los funcionarios del Ejecutivo.
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