La Corte Suprema de Justicia (CSJ) conoció y dio trámite este miércoles a las solicitudes de retiro de inmunidad contra el presidente Jimmy Morales y la diputada Nineth Montenegro, por sospechas de financiamiento electoral ilícito.
A partir de ahora, los procesos de antejuicio toman caminos diferentes. La solicitud contra Morales será enviada al Congreso y que cinco diputados conformen una Comisión Pesquisidora, para que recomiende o no al pleno retirarle la inmunidad.
Esta recomendación se dará luego de que se escuche al Ministerio Público (MP) y la acusación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y la defensa del presidente Jimmy Morales.
Derivado de una nueva denuncia recibida en el MP en febrero de 2018 en contra del partido político Frente de Convergencia Nacional FCN-NACIÓN, se estableció que el señor Jimmy Morales en su calidad de Secretario General, no reportó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la aportación de recursos destinados directamente al pago de los fiscales electorales e impresión de material electoral.
Los fiscales de FCN-Nación participaron en su representación los días 6 de septiembre y 25 de octubre de 2015, durante la primera y segunda vuelta de las Elecciones Generales de ese mismo año, constituyéndose de esa forma en financiamiento anónimo.
Según el MP y la CICIG se realizó la investigación sobre las cuentas de FCN-NACIÓN conforme documentos y constancias, se estableció un aporte por un monto aproximado de Q7,560,476.70 que sirvió para pago de fiscales de mesa y el pago de material publicitario, consistente en volantes y calendarios de bolsillo.
Además, se suma el hallazgo del financiamiento al partido político del pago de capacitaciones para los entonces candidatos a Presidente y Vicepresidente, realizado por “Fundación G” y que tampoco fuese reportado por una cantidad de por lo menos Q359,899.00.
La investigación preliminar de la Fiscalía contra Delitos Electorales, la suma de financiamiento anónimo que recibió el partido que llevó a la presidencia a Jimmy Morales asciende a un total de Q7,920,375.70 no reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE), donde la fiscalía busca investigar al Presidente quien en ese entonces fungía como secretario general de la agrupación política.
En el caso de Montenegro, el expediente debe ser conocido por un juez pesquisidor, quien, de igual forma, deberá escuchar al MP, Cicig y a la propia legisladora a fin de elaborar un informe que recomiende o no el retiro de inmunidad. La última palabra estará en manos de los magistrados de la CSJ.
Según el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) el Partido Político Encuentro por Guatemala incumplió con presentar en tiempo al ente electoral, los estados financieros correspondientes al último semestre de la campaña electoral del año 2015.
Entre otros hallazgos denunciados contra la agrupación fundada por Montenegro no se pudo establecer con certeza la procedencia de al menos Q1,748,232.54 por la falta de acceso a la documentación contable de la agrupación.
Alfredo Brito, secretario de Comunicación Social de la Presidencia, indicó que el Ejecutivo es respetuoso de las decisiones judiciales y de la independencia judicial, por lo que estarán a la espera de la decisión que tome el Congreso sobre la inmunidad del gobernante.
El funcionario dijo que las actividades del Ejecutivo siguen su actividades de forma normal.
Con información de: Irvin Escobar y Carolina Leverón.