Colectivos pidieron a la CC que los ampare y ordene al Congreso integrar una nueva comisión que dictamine reformas al artículo 407 N del Código Penal referente al financiamiento electoral ilícito.
Magistrados de la Corte de Constitucionalidad escucharon los argumentos de la organización Justicia Ya y de la Asociación de Estudiantes Universitarios por un amparo que interpusieron. La acción es en contra del dictamen que emitió una Comisión específica sobre el delito de financiamiento electoral ilícito.
Según los colectivos, diputados que integraron la sala de trabajo tienen conflicto de interés porque sus partidos políticos están siendo investigados por financiamiento anómalo. Creen que lo prudente es que una nueva comisión pueda emitir el dictamen.
Justicia Ya solicitó que magistrados ordenen al congreso integrar una nueva Comisión que dictamine reforma al 407N pero con diputados de partidos que no han sido señalados de financiamiento electoral ilícito. pic.twitter.com/VrWyJjZBKu
— Dulce Rivera (@drivera_soy502) September 5, 2018
La comisión que dictaminó la reforma al artículo 407 N del Código Penal para establecer penas diferentes al financiamiento electoral no registrado se integró por orden de la Corte de Constitucionalidad.
En junio de este año la sala de trabajo emitió el dictamen favorable. Establecen penas conmutables y sanciones menores que podrían beneficiar a investigados, señalados y procesados por este delito.
El congreso conoció el dictamen en las primeras dos lecturas y detuvo su aprobación en tercera lectura y redacción final por los amparos interpuestos en la CC.
En la CC hay otro amparo pero este pretende que diputados con posible conflicto de interés no puedan votar para modificar el delito. La congresista Andrea Villagrán lo interpuso basada en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Congreso. Este establece que los diputados se deben abstener de votar en algún tema en el que tengan conflicto de interés.
Según Villagrán, los diputados de FCN Nación y UNE no deben conocer esta modificación porque los Secretarios Generales de estas agrupaciones políticas fueron señalados de recibir financiamiento electoral ilícito en 2015.
Aunque ahora se sumaría también a diputados de Encuentro por Guatemala, por las acusaciones recientes del MP y la CICIG.