El portal de Guatecompras registra un nuevo contrato a nombre de Patricia Escobar Dalton de Arzú, suscrito el 2 de enero de 2019 por Q300 mil por la prestación de servicios técnicos para cumplir funciones en obras sociales de la Municipalidad de Guatemala.
Este contrato al igual que el dado a conocer por una denuncia del exintendente de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) Juan Solorzona Foppa por Q25 mil, tiene una definición ambigua de las funciones de la viuda del fallecido alcalde, Álvaro Arzú Irigoyen.
Para el 2019 un nuevo contrato fue suscrito entre la Municipalidad de Guatemala y Patricia Escobar de Arzú por Q300 mil. El Jefe de Comunicación Carlos Sandoval indicó que es por su experiencia en el trabajo de obras sociales, en la que trabajó ad honorem. pic.twitter.com/HgSNLrZ8Za
— Verónica Orantes (@VeronicaOrants) February 12, 2019
“Manifiesta “LA TÉCNICO” que posee los conocimientos teóricos y la experiencia práctica para la eficaz y eficiente prestación de los servicios y que por este acto se compromete a prestar dichos servicios como TÉCNICO en la MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA, bajo el renglón 189, de conformidad con los términos de referencia y oferta de servicios que se adjuntan al presente contrato y los cuales forman parte integral del mismo” cita textualmente el contrato, que refiere que se pagarán Q300 mil y que estos serán divido en 12 pagos mensuales de Q25 mil.
Los contratos por servicios técnicos (189) realizados entre la Municipalidad de Guatemala y Patricia Escobar Daltón de Arzú, no detallan cuál es el servicio prestado en el portal de Guatecompras. En este caso el detonante fue el exsuperintendente de Administración Tributaria, Juan Francisco Solorzano Foppa que interpuso una denuncia a la Contraloría General de Cuentas (CGC).
El contrato denunciado corresponde de julio a diciembre del 2018. Sin embargo, a las 12:14 de este martes un segundo contrato fue publicado en el portal de Guatecompras. Con la misma descripción del anterior pero correspondiente al 2019, de enero a diciembre. Ambos corresponden a el pago mensual de Q25 mil “por la prestación de servicios técnicos”.
Este es el contrato de Servicios Técnicos que fue denunciado por Foppa, en este se señala que se le pagaran Q150 mil, que serían divididos en 6 meses, por medio de pagos de Q25 mil
El Jefe de Comunicación de la Municipalidad de Guatemala, Carlos Sandoval, resalto que toda la información se encuentra en los portales de la CGC y Guatecompras. Además resaltó la contratista durante años trabajo adhonorem en obras sociales. Sandoval explicó que ella se iba retirar cuando murió.
“La historia de doña Patricia marca mucho conocimiento en la obra social y en el trabajo ad honorem que ha realizado” indicó Sandoval.
El vocero de la comuna capitalina dijo “toda esa experiencia es la que necesitamos dentro de la municipalidad de Guatemala, es lo que queremos que se de continuidad. Cuando fallece Álvaro Arzú doña Patricia decide que se va a retirar de la municipalidad de Guatemala, el alcalde Ricardo Quiñonez le pide a ella que se quedé dentro del equipo y se le ofrece un empleo. La misma Constitución Política permite a todo guatemalteco trabajar”.
Sandoval también atribuyó los señalamiento contra Escobar de Arzú a las intenciones políticas del ex titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Francisco Solórzano Foppa.
Por medio de su cuenta de Twitter el actual alcalde de comuna capitalina también se pronunció señalando que “valoraba” el trabajo que Patricia hace con los niños.
#JuntosLogramosMás pic.twitter.com/rkuCWr3O86
— Ricardo Quiñónez (@RQuinonezL) February 12, 2019
Agradezco todas la muestras de solidaridad y cariño recibidas de miles de personas que se indignaron por el ataque hacia mi madre. Ella ha construido por más de 20 años un proyecto para los niños en riesgo de calle y ninguna acusación le romperá la moral para seguir trabajando. pic.twitter.com/nb6N6vDoQh
— Alvaro Arzú 🇬🇹 (@AlvaroArzuE) February 12, 2019
El análisis por parte de la Contraloría General de Cuentas , es vital para determinar si existió el servicio explica el abogado de Acción Ciudadan, Edie Cux García.
“Dando Lectura al contrato que se suscribió entre el contratante y la descripción de los servicios que se describen hay una incongruencia habría que determinar por parte de la Contraloría una auditoría de desempeño, para determinar si realmente se prestaron servicios. Y cual es el producto porque el contrato es ambiguo, no cumple con los parámetros que tiene que llevar un contrato de servicios para cualquier otro funcionario que preste servicios al Estado”.
Por su parte, el contralor en funciones, César Elías, que se tienen que esperar los resultados de las auditorías correspondientes y que serán los auditores asignados los que tendrán que realizar este análisis.