La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) informó este 29 de agosto sobre 11 denuncias al Ministerio Público (MP) dentro de su proceso de cierre.
La Cicig explicó en un comunicado que, como parte de su mandato, recibió reportes sobre posible corrupción en instituciones, a lo cual hizo un proceso interno de verificación de indicios, análisis e investigación de posibles eventos ilícitos.
Estas son las pesquisas entregadas a la Fiscalía:
Posibles hechos de corrupción en el proceso de integración de la Corte Suprema De Justicia (2014-2019). Según Cicig, hubo negociaciones que podrían encuadrar en delitos como tráfico de influencias y asociación ilícita.
Miembros del partido Movimiento Semilla y personas particulares fueron sometidos a seguimientos y escuchas telefónicas sin orden judicial, configurando un caso típico de espionaje ilegal.
Durante la administración de Estuardo Gálvez la comisión señala que este autorizó y gestionó ante el Consejo Superior Universitario la realización de varios proyectos de obra gris y compra de terrenos, con supuestas irregularidades como adjudicación de proyectos a empresas con la oferta menos favorable, presumibles sobrevaloraciones del costo, ejecución parcial y/o proyectos no terminados y modificaciones en los contratos administrativos.
Según Cicig, dentro de la administración de Paiz como decano, hubo 62 proyectos de obra en la facultad de Ingeniería, de las cuales algunas de estas no fueron construidas, en otras se escogió la oferta más alta -y se presume una sobrevaloración en el costo de la obra, existe un tercer grupo de proyectos que no se pudieron ubicar- por no ser claros los datos del concurso de adjudicación-, además de que en el lugar más próximo no existe la obra descrita en el concurso, se detallan compras directas de consumibles que presentan irregularidades, en especial por la utilización de la “compra fraccionada”, modalidad que permite evadir el proceso de cotización.
La comisión documentó que varios directivos donaron fondos a la entidad Avanzando al Progreso, S.A. con el fin de apoyar la campaña del Partido Patriota.
Cicig señala obras sin ejecutar por Q17 millones durante las administraciones de los alcaldes Pedro Raymundo Cobo y Virgilio Gerónimo Bernal Guzmán.
Dentro de la Investigación del caso Corrupción Integral-Lanquín Alta Verapaz se detectaron depósitos a diversas personas las cuales, aparentemente, no tenía ninguna relación con la Municipalidad de Lanquín. Se siguió la ruta de dichos depósitos y se encontró que los mismos provenían de cobros de cheques de la municipalidad, uno de los depósitos fue realizado a María Elizabeth Pacajá López, ex funcionaria de la Contraloría General de Cuentas.
La investigación refiere que Cruz no entró a conocer un recurso de reposición contra el Juzgado de Diligencias Urgentes, lo cual fue corregido por la Sala Tercera de Apelaciones que el 22 de junio de 2018 le ordenó hacerlo.
En 2009, la municipalidad, al más alto nivel, modificó reglamentos para que se ajustaran a la propuesta de la Asociación para que ganara la concesión de líneas y rutas, a pesar de que entidades vinculadas a la AEAU no llenaban los requisitos.
El extinto partido Líder recibió financiamiento de seis entidades por Q7 millones 354 mil 619 para publicidad durante la campaña de 2015, que se suman a los Q21 millones 777 mil 227 millones que una auditoría del Tribunal Supremo Electoral detectó como financiamiento no registrado.
La Cicig describe que existe una estructura con por lo menos 30 años con vínculos en los poderes del Estado, instituciones de control y vigilancia, abogados, bancos y empresas “que a manera de portafolio de servicios han aportado al logro de beneficios económicos exorbitantes como de poder político”. Como ejemplo, cita el desfalco de 2002 al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
Vea el documento completo de la Cicig
Con información de: Irving Escobar