Ciudad Guatemala
Este martes se publicó en el diario oficial el Acuerdo Gubernativo 2-2019 mediante el cual se da por terminado el acuerdo entre la Organizaciones de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.
La disposición deberá ser comunicada por los medios diplomáticos a la Organización de Naciones Unidas para que esa organización “de forma inmediata retire al Comisionado, al personal de la Cicig y proceda con el traslado de las competencias al Ministerio Público”.
El documento reitera que “las partes quedan eximidas de la obligación de seguir cumpliendo con el acuerdo relacionado, y los procesos iniciados con la participación de ese ente internacional deberán seguir su curso a instancia de la autoridad legalmente competente en Guatemala, sin que la terminación del mismo afecte la situación jurídica de los procesos”.
El acuerdo comienza a regir a partir de hoy. Se instruye al Ministerio de Relaciones Exteriores para que verifique el cumplimiento del acuerdo. Se deberá dar aviso al Congreso para efectos legales.
Esa decisión ocurre luego de haber intentado impedir el ingreso el fin de semana pasado del investigador colombiano Yinel Osorio de la Cicig, y de un largo enfrentamiento con el jefe de la misión, el exjuez colombiano Iván Velásquez, a quien intentó expulsar de Guatemala y en setiembre pasado le negó su ingreso al país cuando se encontraba de viaje en Estados Unidos.
ONU rechaza decisión
En un comunicado, la Organización de Naciones Unidas afirmó que rechazaron el contenido de la notificación que la canciller presentó el pasado lunes y esperan que “el Gobierno de Guatemala respete sus compromisos internacionales para garantizar la protección del personal”.
Reiteran que el mandato de la comisión termina el 3 de septiembre de 2019.
Organizaciones sociales escribieron al secretario general de la ONU, Antonio Guterres en una carta abierta: “Una alianza de corruptos, organizaciones criminales y Cuerpos Ilegales de Aparatos Clandestinos han tomado control de los poderes del Estado y desde el Ejecutivo y un sector del Legislativo pretenden atentar contra la Constitución desacatando las resoluciones del máximo tribunal constitucional; utilizando una disputa con la Cicig como excusa para detener no solo los avances en materia de justicia sino también en la exigibilidad y vigencias de derechos humanos”.
Los grupos sociales piden a Guterres que sea firme en su apoyo a la paz en Guatemala manteniendo su respaldo a la Cicig.
¿Puede terminar el acuerdo?
Según el presidente Jimmy Morales, la Cicig “ha trasgredido su mandato en repetidas ocasiones”.
El mandatario tiene la facultad para denunciar el convenio de la creación de la comisión, sin embargo, el documento establece que solo la ONU puede dar por terminado el convenio.
La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados señala en el artículo 60 que un tratado podrá terminarse o suspenderse como consecuencia de su violación, argumento que busca consolidar Guatemala al señalar que Cicig se ha desvirtuado y que ha hecho una persecución selectiva.
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