Ciudad Guatemala
Evaristo Martínez Farfán, en representación de la Procuraduría General de la Nación (PNG), interpuso una denuncia penal en contra de tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad.
Los magistrados Gloria Porras, Bonerge Mejía y Francisco Mata Vela fueron denunciados de prevaricato, violación a la Constitución, abuso de autoridad, resoluciones violatorias a la Constitución.
La acción legal se interpone días después de que el máximo tribunal ordenara al Ministerio de Relaciones Exteriores extender las visas de 11 trabajadores de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), a quienes dio un plazo de 72 horas para abandonar Guatemala.
“En aras de defender los intereses del Estado, inicia la presente acción a efecto de que oportunamente el Congreso determine la procedencia o no del derecho de antejuicio de los magistrados”, detalla la PGN en un comunicado.
La procuraduría detalla que hizo un analices de las resoluciones judiciales proferidas por la Corte de Constitucionalidad “que pueden catalogarse como arbitrarias e ilegales, las cuales tienden a atribuirse facultades que no les corresponden, coartan facultades constitucionales otorgadas directamente al presidente de la República o bien vulneran principios fundamentales, tales como el de legalidad, derecho de defensa y debido proceso”.
“El actuar de ellos no se encuentra eximida de responsabilidad penal, sobre todo cuando existe antinomia con la misma Constitución y demás leyes vigentes”, detalla el documento.
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— PGN Guatemala (@PGNguatemala) December 27, 2018
El rechazo del presidente a las resoluciones de la CC
En los últimos meses el presidente Jimmy Morales ha criticado el accionar de la Corte de Constitucionalidad e incluso calificó de “retardo malicioso” de la resolución referente a las operaciones de la Minera San Rafael.
“Nos ha representado casi un uno por ciento de nuestro Producto Interno Bruto (PIB), casi Q600 millones en recaudación y hoy lo necesitamos. El retardo malicioso de las decisiones judiciales, pueden afectar la economía de un país y creo que no es un buen mensaje para las personas que han invertido y quieren invertir en Guatemala”, dijo el 27 de septiembre.
Respecto a la decisión del máximo tribunal de permitir el ingreso de Iván Velásquez al país, el pasado 6 de septiembre dijo: “Nuestra máxima ley me faculta a no obedecer órdenes ilegales y en ese contexto, le digo al pueblo de Guatemala que a lo largo de nuestra administración de gobierno nunca tomaremos decisiones que violen el orden constitucional”.
Durante una conferencia para la Prosperidad y Seguridad en Centroamérica, que se desarrolló el 11 de octubre en Washington, aseveró: “La Corte de Constitucionalidad ha violado la Constitución y la Convención de Viena, y lo dije en mi discurso en la ONU. Se ha puesto a jueces y magistrados que han actuado en contra del Gobierno y empresas con capital norteamericano (haciendo referencia a la mina San Rafael)”.
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Con información de: Alberto Cardona
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