El chalet Costa Linda, ubicado en el fraccionamiento Laguna de Torremolinos Dos en Masagua, Escuintla, pasó a favor del Estado, confirmó el Ministerio Público. La propiedad está valorada en Q2 millones y está vinculada al reo Byron Lima Oliva, quien fue asesinado en agosto de 2017 en la Granja Penal Pavón.
Según una investigación que efectuó la Unidad de Extinción de Dominio, Lima oliva tomó posesión de la propiedad en marzo de 2012, cuando el reo José Santos Barrientos se la entregó a cambio de su traslado a la cárcel Pavoncito, Fraijanes.
El ente investigador añade que, en 2013 Lima Oliva usó como testaferro a su piloto y guardaespaldas Martín Arévalo Godoy, sentenciado por lavado de dinero, para que fungiera como dueño de la propiedad, no obstante, él continúo a cargo del mantenimiento y su familia era la que hacía uso de las instalaciones.
¿Quién era Byron Lima Oliva?
En 1996 trabajaba como guardaespaldas del entonces presidente, Álvaro Arzú Irigoyen. Durante ese año se vio involucrado en la muerte de Pedro Haroldo Sas Rompich, en un confuso incidente en la carretera a San Juan del Obispo, Antigua Guatemala.
Fue capturado en enero del 2000 por el asesinato del obispo Juan Gerardi, un año después fue declarado culpable.
Durante su estadía en la cárcel Pavón instaló varios negocios, desde una abarrotería hasta una maquila, incluso se dio a conocer que en 2012 su empresa fue la encargada de elaborar playeras del Partido Patriota para las elecciones de ese año.
Según el Ministerio Público, la venta de droga dentro de Pavón originó un conflicto de intereses con Marvin Montiel Marín, alias el Taquero, quien tenía el control de la venta de drogas licor y otros ilícitos dentro del centro carcelario.
Durante el enfrentamiento murieron otros doce reclusos y una modelo que visitaba a Lima Oliva. Un testigo protegido asegura que El Taquero pagó a otro convicto unos Q100 mil por matar a su rival.
Al morir Lima Oliva, su pareja dio a conocer que él mantenía control en el Sistema Penitenciario y recibió cobros ilegales para permitir que los reclusos ingresaran objetos ilícitos como bebidas alcohólicas o electrodomésticos.
También se dio a conocer que recibía pagos por el traslado de reos a diferentes centros carcelarios.
Por este caso fue sentencia do a 22 años de cárcel el exdirector del Sistema Penitenciario, Edgar Camargo.