Ciudad Guatemala
El Ministerio de Energía y Minas junto a otras 10 dependencias que fueron requeridas por la Corte de Constitucionalidad (CC) realizan el presupuesto para la ejecución de la consulta cuyo fin es determinar si la Mina San Rafael puede seguir operando o no.
El proceso de consulta comunitaria ordenado por la CC en el caso de Minera San Rafael en septiembre de 2018, podría celebrarse en 2019, aunque depende de las comunidades de Santa Rosa y su valor podría superar los 2.3 millones de quetzales.
“Nosotros hablamos de unos 2,3 millones, ahorita estamos haciendo las revisiones finales”, señaló el ministro de Energía y Minas Luis Alfonso Chang.
Chang indicó que la cartera se prepara para iniciar un diálogo entre los actores involucrados para resolver la conflictividad que hay por la mina y que la velocidad para llevar a cabo la consulta dependerá de los acuerdos con las comunidades.
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La suspensión de dos licencias de operación de la Minera San Rafael se origina por una resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que otorgó un amparo provisional al Centro de Acción Legal, Ambiental y Social en julio del 2017.
En esa resolución, se indicó que la minera se instaló sin efectuar una consulta a las comunidades y sin un estudio de impacto ambiental más profundo.
10 instituciones involucradas en la consulta
El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el Ministerio de Energía y Minas (MEM), así como la Comisión Presidencial de Diálogo, la Minera San Rafael, la Municipalidad y las comunidades del área de influencia son parte de las instituciones involucradas en la consulta.
“Estamos en el proceso de convocatoria de las 10 instituciones que conforman la segunda etapa, que nosotros le denominamos la preconsulta, para posteriormente migrar a la fase de consulta” que aún no tiene fecha.
Después de 425 días sin operar y una pérdida para el Estado de Q467.3 millones en impuestos y regalías, el 3 de septiembre de 2018 la CC resolvió que la mina podría volver a operar después que el Estado de Guatemala promoviera la consulta popular entre los habitantes de las áreas de impacto de la Mina San Rafael.
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