Después de una serie de "errores" que comenzaron en mayo de 2018 y que atrasaron la elección del Contralor General este miércoles lo diputados se encaminan a elegir a esta figura en medio de señalamientos de algunas bancadas sobre una posible compra de votos.
El 13 de octubre del 2018, Carlos Mencos entregó el cargo y desde entonces es Fernando Fernández, quien lo ocupa de forma interina y pese a que desde el 10 de diciembre se entregó la nómina de seis candidatos al congreso, estos han demorado la agenda y ha atrasado la elección de esta figura que tiene relevancia en un proceso electoral.
En medio de señalamientos por una posible compra de votos, para un candidato en particular y por el cual se estarían pagando hasta 100 mil quetzales por voto se tiene previsto elegir al Contralor este miércoles.
Pero de no darse este día los diputados solo tienen solamente 5 semanas para hacerlo previo que concluya la primera sesión ordinaria el 15 de mayo.
JORGE ENRIQUE DÁVILA MARTÍNEZ
CARLOS ECHEVERRÍA GUZMÁN
CÉSAR ARMANDO ELÍAS AJCÁ
VILMA DEL ROSARIO XICARÁ TAHAY
ALEJANDRO GONZÁLEZ PORTOCARRERO
EDWIN HUMBERTO SALAZAR JEREZ
La Comisión de Postulación envió desde el pasado 10 de diciembre al Congreso una lista de seis candidatos apara que los diputados con 80 votos decidan quien estará por cinco años a cargo de fiscalizar la ejecución de los recursos del Estado.
En el 2015 varios candidatos a cargos de elección popular no participaron en el proceso electoral porque la Contraloría General de Cuentas no les extendió el finiquito o les fue revocado por orden constitucional.
En octubre de 2018 la Contraloría General de Cuentas (CGC) denunció penalmente a un grupo de trabajadores de esa institución, luego de identificar un fallo en el sistema informático donde se guardan los registros de sanciones o hallazgos que hay en contra de funcionarios y empleados públicos.
La manipulación del sistema anuló o descargo de este las sanciones emitidas contra funcionarios y esto permitió que al menos seis funcionarios pudieran beneficiarse con la eliminación de registros que comprueban procesos penales o administrativos en su contra.
El contralor en ese momento Carlos Mencos dijo desconocer a quiénes se benefició con el fallo intencional del sistema informático de la Contraloría, por lo que será el Ministerio Público quien individualice responsabilidades.
Mencos indicó que fue a través de una auditoría que se identificó la alteración en los registros y se procedió a denunciar penalmente a cinco personas que tenían acceso al sistema.