Ciudad Guatemala
El excanciller y analista político Édgar Gutiérrez denunció que podrían ser diez las mujeres víctimas de abuso sexual, cometidos entre 2017 y este año, quienes señalan como responsable al presidente Jimmy Morales.
Por Andrea Orozco
La primera vez que el exfuncionario habló del tema fue en su columna de opinión de elPeriodico el 18 de junio pasado. Ahora aportó nuevos detalles en una entrevista difundida por la página de Facebook La Coma Periodismo.
El excanciller explicó en el video que tiene conocimiento directo de los casos, y que se trata de “mujeres jóvenes que trabajan en el sector público que sistemáticamente han sido sometidas, contra su voluntad, a actos denigrantes para cualquier ser humano”.
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El exfuncionario afirmó que dichos abusos son “cometidos o inducidos por altas autoridades de Gobierno que, aprovechándose de su investidura, de su posición de poder, pisotean la dignidad de mujeres guatemaltecas”.
“Ellas no se animan todavía a presentar una denuncia penal, hay miedo, hay también temor al estigma que genera una sociedad tan conservadora y los círculos familiares también mojigatos”, dijo.
Gutiérrez también dijo que los hechos supuestamente ocurren en “la Casa Presidencial, algunos hoteles y lugares oficiales del Estado. Estamos hablando de hechos que ocurren durante este gobierno, este año y parte del año pasado”.
Según el relato, Morales es señalado “en varios de los testimonios como la persona que directamente acosa, abusa de estas jóvenes. Las referencias de las víctimas son, en primer lugar, el presidente, pero luego, altos funcionarios de su gobierno que facilitan o que inducen o presionan a las jóvenes para que asistan a la Casa Presidencial o para que asistan a otros lugares privados donde el presidente está, hay complicidad de colaboradores muy cercanos del presidente”.
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Denuncia sin concretar
El excanciller expuso que a comienzos del 2018 tuvo conocimiento de uno de los casos, el cual sugirió denunciar.
“Desafortunadamente, ese primer intento de acercamiento con las autoridades no tuvo seguimiento y no se llegó a formular formalmente como tal, pero detrás de esta víctima vino una segunda víctima, haciendo referencia incluso a muchas más chicas”, dijo.
Luego de la publicación de la columna de Gutiérrez, el Ministerio Público indicó que en su sistema no se registra ninguna denuncia penal en contra del mandatario, excepto una interpuesta en el 2015, por agresión sexual, que fue desestimada.
El excanciller pidió que el Ministerio Público intervenga en la situación. “Se trata de un grito anónimo y desesperado para que las autoridades como el Ministerio Público y si acaso hay estructuras, redes, intervenga la Cicig (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala), con una investigación más a fondo y poder detener estos actos deleznables que están ocurriendo ahora mismo en el país”.
“Creo que la pita se va a romper por lo más delgado, una o varias víctimas van a denunciar finalmente. El Congreso va a tener que responder ante la población y luego el presidente va a tener que ser investigado para deducir responsabilidades”, es parte de lo que se escucha en el video de Gutiérrez.
Calumnias
El secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Alfredo Brito, afirmó que respecto a las declaraciones de Gutiérrez “no tenemos comentarios, como Ejecutivo, al respecto. Mientras no exista una denuncia esas son calumnias, difamaciones. Esperaremos que exista una denuncia, si es que la hay y no se hará ningún otro comentario”.
Por Mynor Toc
En un comunicado, dicha facultad y seis instituciones relacionadas con temas de medio ambiente exponen al mandatario las razones para exigirle el cambio de jefe en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), y que nombre a un profesional capaz y honorable.
“El actual ministro no tiene políticas públicas efectivas para afrontar la crisis medioambiental que deriva en la marginalidad del tema ambiental como eje para el desarrollo sostenible del país”, exponen los profesionales.
Además, que el Ejecutivo debió nombrar en ese cargo a una persona capacitada en el tema ambiental, con mérito, idoneidad y honorabilidad, cualidades que todo funcionario público debe tener.
La arbitraria selección del personal, del ministro, sus asesores y empleados del MARN, sin la formación profesional para desempeñar el trabajo en el ministerio, entre otras irregularidades, vulneran el derecho humano de los guatemaltecos a tener un ambiente sano, agrega el comunicado.
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Por último, se exhorta al Ministerio Público y a la Contraloría General de Cuentas a efectuar las investigaciones correspondientes sobre los hechos publicados por la prensa que involucran a Alonzo.
El comunicado está firmado por:
- Decano de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia
- Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala
- Centro de Estudios Conservacionistas
- Escuela de Biología
- Organización de Estudiantes de Biología de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia
- Movimiento Ecológico Estudiantil
- Profesionales del sector ambiente y recursos naturales
Interpelado
En el Congreso, quedó inconclusa, la interpelación del ministro de Ambiente,Alfonso Alonzo, sobre el uso de helicópteros privados, particularmente uno que utilizó para acudir a votar, el pasado 15 de abril, en la consulta popular por el diferendo con Belice.
Alonzo no pudo aclarar el recorrido aéreo previo a ir a votar en helicóptero pero al ser repreguntado se rompió la sesión.
En la próxima sesión de los congresistas, se prevé que los diputados pidan el voto de falta de confianza contra el funcionario.
Asuntos no discutidos
En la interpelación aún no se han tratado varios temas que han sido motivo de polémica.
Por ejemplo, los diputados no cuestionaron sobre la contratación de dos exparejas del ministro, madres de sus hijas.
Anteriormente, Alonzo dijo que no violó la ley al contratarlas, ya que nunca se casó con ninguna de ellas y que su relación fue hace más de 20 años.
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Otro de los temas pendientes es el señalamiento que diputados hicieron de que el ministro habría entregado dinero a alcaldes afines al Ejecutivo.
Alonzo lo negó y afirmó que son proyectos que se gestionaron con una mancomunidad, lo cual, aseguró, es legal.
Durante la interpelación, la diputada Alejandra Carrillo señaló que hay varias denuncias penales contra el ministro, pero este respondió que no había sido notificado sobre esos casos.
Alfonso Alonzo:
- De 2003 al 2008, laboró en el Congreso de la República.
- Fue asesor de la Comisión Nacional para la Reforma Policial
- Arrenda en Santiago Sacatepéquez un inmueble a Gobernación por Q 90 mil anuales
- En el 2015, lanzó su candidatura para la alcaldía de Santiago Sacatepéquez por el partido Líder
- En la segunda vuelta, realizó varias entrevistas a Jimmy Morales en un canal de cable
- Según diputados del Congreso, contra Alonzo enfrenta una denuncia por acoso sexual
La residencia en la playa ubicada en Taxisco, Santa Rosa, vinculada al expresidente Otto Pérez Molina fue comprada con fondos del Estado por sus exministros en el año 2013.
La mansión valorada en Q7 millones pasó a favor del Estado, después que el Juzgado de Extinción de Dominio, diera con lugar la petición del Ministerio Público (MP), la cual fue comprada de manera ilícita en el caso denominado La Cooperacha.
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La acción de extinción de dominio consistió en 1732 folios, del bien ubicado en la aldea El Garitón, Taxisco, Santa Rosa. El inmueble estaba a nombre de Construcciones y Caminos, S.A y posteriormente fue trasladaba a la sociedad Ecoark, S.A.
Un millonario regalo
La residencia, entregada a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed), el 8 de septiembre de 2016, tiene un costo aproximado de 7 millones de quetzales.
De acuerdo con la investigación, este bien habría sido adquirido con “la cooperacha” que reunieron exfuncionarios de gobierno: Manuel López Ambrocio, exministro de la Defensa; Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones; Erick Archila, exministro de Energía y Minas; Mauricio López Bonilla, exministro de Gobernación y Juan De Dios Rodríguez, expresidente del IGSS.
Otros bienes de Otto Pérez Molina
La Unidad de Extinción de Dominio también materializó la medida cautelar con la entrega de tres bienes vinculados al expresidente.
Una de las diligencias se realizó en aldea Fronteras, Río Dulce, Livingston, Izabal, donde pasaron a favor del Estado una lancha marca Trhopy, color blanco; una lancha Sea Ray, color blanco, y un Dingui, marca Apex.
De igual forma, fiscales del MP entregaron a la Senabed el inmueble ubicado en el municipio de Zaragoza, Chimaltenango, vinculado a Pérez Molina.
Según la investigación el inmueble consta de 16.79 hectáreas y está a nombre de la empresa, Vista Servicios Electrónicos, S A. Entre lo localizado en el interior del inmueble se encuentran caballerizas, un helipuerto y grandes extensiones de cultivos de aguacate.
El Ministro de Gobernación, Enrique Degenhart anunció una investigación por el allanamiento realizado en 2016 en Casa Presidencia, contra el ente investigativo, así como quién filtró las imágenes del allanamiento.
Por medio de un vídeo difundido en redes sociales, el mismo Jimmy Morales señaló que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), cometieron en noviembre de 2016 “abuso de autoridad” y “allanamiento ilegal” al ingresar a las oficinas de la seguridad presidencial.
Degenhart también ordenó una investigación interna en contra de los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que también participaron en el “allanamiento ilegal” a Casa Presidencial.
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En el vídeo se muestra un forcejeo entre guardias presidenciales y fiscales que tratan de ingresar por el acceso de vehículos de Casa Presidencial. La denuncia además señala que el MP y la Cicig realizaron el operativo con una orden de un juez pero con una dirección diferente.
“Lo evidenciaron por los acontecimientos que se han venido dando”
El vocero presidencial Heinz Hiemann dijo que el caso no se había hecho público debido a que se ventilaba “por la vía diplomática” con Naciones Unidas, pero se decidió denunciarlo “por las demoras y dado los acontecimientos que se han venido dando coyunturalmente”.
Mientras que Carlos Martínez, secretario general de la presidencia, añadió que se solicitó a la Procuraduría General de la Nación (PGN) iniciar una investigación hacia el personal de la CICIG para revisar su “actuar” y si “están respetando” el convenio con Guatemala.
MP señala que todo fue legal
El jueves, el MP y la Cicig presentaron un nuevo caso contra Morales por supuestamente haber recibido casi un millón de dólares de importantes empresarios para su campaña que no fueron reportados a la autoridad electoral.
Según Mayra Véliz, Secretaría General del Ministerio Público (MP), señaló que con base al artículo 193 del Código Procesal Penal, el MP está facultado para hacer allanamientos en oficinas públicas, entre otros, como la de la SAAS y que no se cometió ninguna ilegalidad durante ese operativo, aunque no precisó el motivo de esas diligencias.
https://twitter.com/AnaMorales_gtv/status/988495805857267712
Sube de tono pugna contra MP y CICIG
La tensiones del presidente con la CICIG provocaron en septiembre una crisis tras el intento fallido de Morales de expulsar al exjuez colombiano Iván Velásquez, jefe de la comisión y figura clave en una lucha contra la corrupción iniciada en 2015 con la renuncia del entonces presidente Otto Pérez (2012-2015), involucrado en una red que recibía sobornos en las aduanas.
El presidente Jimmy Morales mantiene hostilidades con el MP y la Cicig desde agosto pasado, luego de que ambos entes pidieron quitar la inmunidad del gobernante para investigarlo por sospechas de que financió su campaña con fondos ilegales.
Por Glenda Sánchez y Willian Cumes
La noche de 16 de marzo, un grupo armado cometió el “mayor” asalto a un centro comercial registrado hasta ahora en el país, según las autoridades.
Luis Archila, jefe de la Fiscalía Metropolitana del Ministerio Público (MP), informó que hace unas semanas las joyerías EnHora y FS Richard entregaron la auditoría que hicieron en las tiendas para verificar el monto de los artículos y el valor de lo que se llevaron.
El reporte, que fue entregado a la fiscalía, establece que la suma de los artículos que hurtaron de las tiendas asciende a Q15.5 millones.
“EnHora reportó que el monto del robo fue de Q13 millones 395 mil, mientras que FS Richard aseguró que fue de Q2 millones 261 mil”, declaró Archila.
El fiscal afirmó que agentes continúan en análisis de las pesquisas que recolectaron el día del incidente y el estudio de las imágenes de las cámaras instaladas en el centro comercial.
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El asalto
La noche del pasado 16 de marzo, al menos 16 hombres armados y con gorros pasamontañas asaltaron las dos joyerías después de que ingresaron al cine. La noche anterior, seis de ellos habían comprado los boletos para ver una película con sus novias.
Los delincuentes utilizaron martillos y otras herramientas para romper los vidrios y entrar a los comercios. Los asaltantes se dividieron en dos grupos y robaron las tiendas de manera simúltanea durante unos 40 segundos.
Los pronunciamientos
El centro comercial dijo que la seguridad no pudo retener a los delincuentes debido a que había muchas personas en el recinto e intentar coparlos pudo haber puesto en riesgo la seguridad de los visitantes e inquilinos.
Asimismo, el comercial descartó que haya habido personas heridas y aseguró que estaba colaborando con las autoridades en la investigación para dar con el paradero de los responsables.
La joyería EnHora lamentó “el alto grado de vulnerabilidad y exposición que se tiene dentro del centro comercial La Pradera, lo cual debe ser motivo de mucha preocupación para sus administradores, así como para toda la clientela, trabajadores, operarios y personas que visitan dicho lugar”.
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Calificó de “inaudito” que los asaltantes pudieron bajar desde el segundo nivel del comercial hasta el sótano “sin que se les hiciera resistencia alguna”. La joyería aseguró que el local quedó prácticamente destruido en su interior.
Por su parte, la relojería FS Richard rechazó “firmemente” lo que calificó como “un acto de bajeza”. Señaló que espera la pronta detención de los asaltantes.
Banda transnacional
Días después del suceso, el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, dijo “que la forma de operar (de la banda) es atípica a las estructuras que operan en el país” y que ya estaba en comunicación con la Interpol y autoridades mexicanas.
Después el funcionario se retractó y señaló que no podía confirmar el origen del grupo que cometió el atraco, pero que “las operaciones son similares a estructuras que operan en Latinoamérica”.
Juan Carlos Monzón, denunció públicamente que ingresaron 10 hombres armados en busca de caletas y dinero en la casa que ocupaba con su esposa, antes de que salieran del país, se siente preocupado y que teme por la seguridad de sus padres quienes aún viven en Guatemala.
El Ministerio Público solicito la llegada de una fiscal para que inicie las investigaciones y reciba las fotografías que presentó Monzón para evidenciar los destrozos ocasionados a la vivienda y que explique como las obtuvo.
Defensor de Juan Carlos Monzón, pide la reserva del caso para evitar que los medios de comunicación tergiversen y asegurar la seguridad personal de Monzón. pic.twitter.com/jLFJ3r3Cke
— Sucely Contreras (@SuContreras_tv) April 17, 2018
Su defensor Alexis Calderón también pidió la reserva parcial de las audiencias, que se han estado realizando como anticipo de prueba en calidad de colaborador eficaz, indicando que el caso se ha mediatizado en los medios de comunicación y que atenta con la seguridad de Juan Carlos Mónzón
Juan Carlos Monzón se encuentra preocupado ante represalias, entrega fotografía como evidencia de los destrozos de una casa, que hicieron 10 hombres armados, en busca de caletas con dinero. Por lo que piden que se investigue. pic.twitter.com/LiKgXEUZfR
— Sucely Contreras (@SuContreras_tv) April 17, 2018
El juez Miguel Ángel Gálvez emplazó por segunda vez al Ministro de Gobernación por los cambios que se están dando en el Sistema Penitenciario, que pone en riesgo la seguridad de Juan Carlos Monzón suscrita en el convenio de colaborador eficaz.
Esta audiencia culminó con la ultima reproducción de las 28 escuchas telefónicas, antes de dar por finalizada la audiencia se escuchó la voz de Roxana Baldetti, conversando con Salvador Estuardo González alias Eco. Monzón explicó que conversaban porque Otto Pérez no quería pagar más impuestos y que Eco, había hecho un ajuste para difinir cantidades iguales y que Luisa de Perez, la primera esposa de Otto Pérez Leal, se iba a encargar de llevar los negocios personales del Presidente.
En otras escuchas telefónicas reproducidas Juan Carlos Monzón indico ante el juez que la comunicación sostenida con Edgar Ranferí Recinos Reyes que se refiere a las juntas, era sobre la continuidad de todo lo que se estaba haciendo en las juntas de licitación en la portuaria quetzal, Gustavo Herrera el hijo del que fue diputado Carlos Herrera de la Bancada País donde participaba Rabé y su hermano un General se reunieron con Otto Pérez y Baldetti para definir un contrato inicial en las portuarias.
Juez Gálvez reanuda la audiencia, en este video Monzón le explica que estaba tratando de cobrarle a Mauricio López Bonilla la coperacha del pago del helicóptero. pic.twitter.com/qtidIbCcbt
— Sucely Contreras (@SuContreras_tv) April 17, 2018
En otra de las conversaciones que no pasó desapercibida en esta audiencia es en la que Mónzon le explicó al juez que el amigo en común con el Subcontralor Cesar Elías en la conversación telefónica realizada en febrero de 2015 es Yair Samayoa Subinterventor de Aeronáutica Civil, y era para que no votaran el evento de los tanques de combustible del aeropuerto del cual estuvo encargada Daniela Beltranena.
“No se ha establecido la verdad, no se me ha querido atender, escuchar, soy un preso político, soy inocente”, declaró a la AFP al margen de una rueda de prensa el exfuncionario con nacionalidad guatemalteca y suiza.
Sperisen se halla en libertad condicional a la espera del inicio el lunes del proceso de revisión ordenado por el Tribunal Federal, máxima instancia judicial suiza, porque algunos testigos interrogados por escrito para el primer juicio en 2014 no fueron convocados para confrontarlos con Sperisen en el segundo, celebrado en 2015.
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En la rueda de prensa, Sperisen contó con el respaldo del expresidente de Guatemala (2004-2008)Óscar Berger, quien declaró: “La absolución de un criminal es una aberración pero la condena de un inocente es una monstruosidad”.
El martes 17 de abril el exdirector de la Policía Nacional Civil, Erwin Sperisen, enfrentará un nuevo juicio por la supuesta ejecución de reos en 2006.
Según Berger, siete detenidos murieron en un enfrentamiento en la cárcel de Pavón.
El Tribunal Federal, por el contrario, retuvo que esos siete reclusos “no murieron en enfrentamientos con la policía u otras fuerzas armadas” sino que “su eliminación fue planificada” y hay “indicios” de la participación de Sperisen.
Los otros tres presos, que huyeron de la penitenciaría del “Infiernito”, fueron recapturados y asesinados en 2005.
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Para la vista oral del lunes, el Ministerio Público solicitó que se incluyan como testigos a dos investigadores de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), creada en 2007 a través de un acuerdo entre la ONU y Guatemala.
Según fuentes consultadas por la AFP, se trata de los españoles Fernando Toledo y Luis Modrego, que ya comparecieron en los juicios anteriores. La defensa de Sperisen adelantó que ha presentado, para esta ocasión una querella penal contra Fernando Toledo por falso testimonio.
Javier Figueroa, uno de los subordinados de Sperisen, fue absuelto en Austria en 2013, mientras que en 2017, la justicia española hizo lo propio con Carlos Vielmann, ex ministro de Gobernación de Guatemala, superior jerárquico de Sperisen.
El Ministro de Gobernación Enrique Degenhart confirmó la renuncia presentada por Juvell de León como director del Sistema Penitenciario. Sin embargo, aún analiza si la aceptará, explicó a periodistas en el Congreso.
El exfiscal del Ministerio Público asumió el cargo hace menos de un año tras la destitución de Nicolás García señalado en un escándalo de corrupción con los reclusos.
Sistema Penitenciario en eterna crisis
De León habría tomado la decisión “por motivos personales”, dijo Degenhart quien tampoco profundizó en detalles. El Sistema Penitenciario vive una crisis por una red de cárceles colapsada y el reclamo ciudadano por la instalación de un hospital para presos en el corazón del Centro Histórico, algo que llena de miedo a vecinos por temor a atentados violentos entre reclusos, para liberarlos o matarlos.
Ministro de Gobernación confirmó que el Director del SP presentó su renuncia. Según Degenhart aún analiza si la aceptará. pic.twitter.com/wUzazFuvwg
— Dulce Rivera (@drivera_soy502) April 11, 2018
El exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla acudió a la audiencia en la que Juan Carlos Monzón declara los actos de corrupción del Partido Patriota. Según el exfuncionario, no había llegado antes por otras diligencias judiciales previamente agendadas pero que ahí está, para escuchar lo que Monzón tenga para decir en esta fase pero que será el juicio el que defina la verdad.
Las quejas de Mauricio López Bonilla
López Bonilla se queja de que hastas este momento, la prensa publica las imputaciones del Ministerio Público y lo que Monzón ha declarado pero casi nada de los argumentos de la defensa.
“Ahorita lo que importa es ver culpables por todos lados, para nosotros lo importante o, para mi en lo personal es tener la paciencia para poder llegar al momento de la verdadera definición y para mi el momento de la verdadera definición es en un debate, no en una fase intermedia”, indicó Bonilla.
Se queda con las ganas de escuchar
Sin embargo, la audiencia en la que se escucharía por cuarto día a Juan Carlos Monzón fue suspendida por recursos legales contra el Juez Miguel Ángel Gálvez y por un viaje de emergencia que hizo el jefe de la FECI, Juan Carlos Sandoval fuera del país. Sandoval se reincorporará hasta el 11 de mayo. No se revelaron detalles.
La audiencia fue reprogramada para el próximo jueves.
Willian Cumes. Foto Prensa Libre: Carlos Hernández
Al haber admitido su participación en los hechos, los sindicados fueron condenados a través de un procedimiento abreviado que estuvo a cargo del juez Décimo de Primera Instancia Penal, Walter Villatoro.
El Ministerio Público (MP) informó que los sindicados deben pagar en conjunto un resarcimiento de Q1 millón 450 mil 724.78 para trabajos de reparación de dicha cárcel. También tienen que donar al Sistema Penitenciario (SP) tres computadoras con sus impresoras y tres motocicletas.
Las personas sentenciadas fueron el exministro de Gobernación y exalcalde de Villa Nueva, Salvador Gándara Gaitán, René Lizardo Marroquín Ramazzinni, Estuardo Efraín Vidal Mayorga, Óscar Mauricio Vásquez Ramírez, Óscar Humberto Andrade Elizondo y Juan Diego Lainfiesta Cajas.
Según la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), los implicados participaron en la suscripción de un convenio de administración financiera y una ampliación del mismo, con el cual contrataron una empresa que fue utilizada como fachada con el fin de beneficiarse económicamente.
Para ser beneficiados con la suspensión de la pena los procesados debieron cumplir con una serie de requisitos, como que la condena no sea mayor de tres años y que no haya sido condenado anteriormente por un delito doloso, entre otros, según establece el Código Penal.
Sin embargo, Gándara Gaitán continuará en prisión preventiva debido a que está sujeto a proceso penal en el caso Transurbano.
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Este es el detalle de las penas y multas impuestas a los sindicados:
- Sálvador Gándara: Dos años por el delito de fraude y dos años por el delito de concusión, para un total de 4 años. Además debe pagar una multa de Q5 mil.
- René Marroquín: Dos años por el delito de estafa propia y una multa de Q1 mil.
- Estuardo Vidal: Un año por el delito de encubrimiento propio y una multa de Q1 mil.
- Óscar Vásquez: Dos años por el delito de estafa propia y una multa de Q1 mil.
- Óscar Andrade: Dos años por el delito de estafa propia y una multa de Q1 mil.
- Juan Diego Lainfiesta: Dos años por el delito de estafa propia y una multa de Q1 mil.
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