Esta es la audiencia de declaración en anticipo de pruebas del Caso Cooptación del Estado, en la que Juan Carlos Monzón Rojas declara contra Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti que no se presentaron.
Con la ausencia del expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti —sindicados en el caso—, quienes presentaron un memorial para justificar su inasistencia, se realiza la audiencia de anticipo de prueba en la que el juez Miguel Ángel Gálvez escucha la declaración de Juan Carlos Monzón, para poder ser incluida como prueba en el proceso.
Monzón dijo ante el juez que supo de su orden de captura 24 horas antes de que se emitiera, cuando se encontraba en Corea de Sur con la entonces vicepresidenta Baldetti, en ese viaje también iba Daniela Beltranena, otra sindicada en el proceso.
#CooptacióndelEstado Monzón indicó que durante la campaña presidencial del Partido Patriota recibió tanto dinero que asegura que sobrepasaron el techo de campaña establecido por el @TSEGuatemala Vía @mhernandez_pl
Foto: Carlos Hernández pic.twitter.com/1nZZkBMIYp— Prensa Libre (@prensa_libre) April 2, 2018
Monzón dijo al juez que tuvo apoyo de Baldetti, Beltranena y el entonces embajador de Guatemala en Corea del Sur, quienes supuestamente lo ayudaron a viajar a España antes de que se emitiera su orden de captura.
#CoptaciónDelEstado
Estando en Seúl Corea, tuve el apoyo de la Vicepresidenta, Daniela Beltranena y el embajador para salir a España, luego a Colombia y después Honduras.— Sucely Contreras (@SuContreras_tv) April 2, 2018
Además, dijo que fue mentira el hallazgo reportado por el entonces ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, quien aseguró que habrían encontrado playeras y tarjetas de crédito de Monzón en un hotel de la Antigua Guatemala, cuando él se encontraba prófugo.
El exsecretario privado de Baldetti también hizo mención sobre su participación durante la campaña electoral del Partido Patriota.
#CooptaciónDelEstado | Monzón: Recuerdo que me dieron los departamentos más grandes —en términos económicos más grandes— Petén y municipios de Guatemala. Era el encargado de las células, un esquema para la fijación del Partido Patriota”.
Foto: Carlos Hernández pic.twitter.com/7ye2gQhUKC— Prensa Libre (@prensa_libre) April 2, 2018
Además dijo que Rudy Navas lo contactó porque le ofreció adherirse a los financistas y ofreció entregarle Q40 mil mensuales. El acuerdo final fue que Baldetti los recibiría personalmente.
Juan Carlos Monzón: A Baldetti le preocupaba un folder de negocios y supo 24 horas previo a las órdenes de captura y los ánimos se calmaron cuando creyeron que no había orden para él.
— Sucely Contreras (@SuContreras_tv) April 2, 2018
El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala presentaron el caso Cooptación del Estado el 2 de junio de 2016, cuando revelaron la existencia de una red que supuestamente habría financiado la campaña del Partido Patriota, además de efectuar pago de sobornos para ser beneficiados con contratos den Estado.
Las altas autoridades del gobierno del Partido Patriota (PP) habrían negociado al menos 450 contratos entre diversas empresas, reales y de cartón, con distintas entidades del Estado, y por lo que habrían recibido por lo menos Q500 millones en sobornos.
La fiscal general del MP, Thelma Aldana dijo en esa ocasión que la investigación surgió de los hallazgos hechos durante las pesquisas del caso de defraudación aduanera denominado La Línea, que salió a luz en 2015.
#CooptacióndelEstado Monzón dice que pago Q6 millones para que no fueran a votar los beneficiarios de la Bolsa Segura en los departamentos de #Huehuetenango, #Quiché, #SanMarcos, #AltaVerapaz y #Xela
— Manuel Hernández (@mhernandez_gt) April 2, 2018
Aldana indicó que las investigaciones precisan que esta organización criminal se habría formado en 2007 y sus operaciones duraron hasta el 2015. En sus inicios sirvió para recibir y lavar dinero que fue utilizado para financiar las campañas electorales del PP.
Explicó que en los años en los que el PP buscaba ser el partido de Gobierno una serie de empresas de cartón funcionaban para recibir dinero ilícito de financistas, lavarlo y luego inyectarlo a la campaña electoral sin reportarlo al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Generalmente estas empresas recibían dinero de financistas que no querían figurar, extendían facturas por la prestación de servicios ficticios y de esta manera se agenciaban de fondos para la campaña electoral.
Según las investigaciones de la Fiscalía y de la Cicig la supuesta operación de estas empresas permitió que Pérez Molina y Baldetti fueran beneficiados y se enriquecieran ilícitamente al recibir inmuebles, vehículos, joyas y pagos a tarjetas de crédito.
Un caso puntual señalado supuestamente involucra a las empresas: Radio Televisión Guatemala S. A. —Canal 3—, y Televisiete S. A. —Canal 7—, que habrían pagado a empresas de cartón servicios ficticios.
El juicio de extinción de dominio busca que un inmueble propiedad de Otto Pérez Molina, ubicado en la aldea El Garitón, Taxisco, Santa Rosa, pase a nombre del Estado.
Durante la diligencia declaró un perito de Análisis financiero quien detalló sobre bienes inmuebles del ex funcionario los cuales fueron obtenidos en el año 2013, con dinero adquirido de “La Cooperacha” realizada por varios funcionarios del gobierno de Pérez Molina.
Analista financiero declara en juicio de extención de dominio sobre inmueble propiedad de ex presidente Otto Perez Molina – https://t.co/PWORzSmBLL pic.twitter.com/l22e41GgCv
— MP de Guatemala (@MPguatemala) March 26, 2018
“El inmueble con un costo aproximado de Q7 millones, estaba a nombre de Construcciones y Caminos, S.A y luego fue trasladado a la sociedad Ecoark, S.A.”, para evitar la extinción de dominio, según la Unidad de Extinción de Dominio del Ministerio Público (MP).
Según detalló el declarante Yojana Izabel Ambrocio era la persona quién creó la empresa off shore en Guatemala con el nombre de Construcciones y Caminos S.A. y luego fue trasladada a la sociedad Ecoark. S.A.
De acuerdo con la investigación de la Unidad de Extinción de Dominio el inmueble con un costo aproximado de 7 millones de quetzales, estaba a nombre de Construcciones y Caminos, S.A y posteriormente fue trasladado a la sociedad Ecoark, S.A.
— MP de Guatemala (@MPguatemala) March 26, 2018
En mayo del 2015 se conoció el proceso la Línea y un mes después se vendieron las fincas a Ecoark, S.A algo que llama la atención por el movimiento de dinero de la empresa reportado desde Panamá, la cual sólo reportó pérdidas indicó el analista.
De acuerdo con la investigación preliminar, este bien habría sido adquirido en el año 2013, con “la cooperacha” que reunieron exfuncionarios de gobierno: Manuel López Ambrocio, exministro de la Defensa; Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones; Erick Archila, exministro de Energía y Minas; Mauricio López Bonilla, exministro de Gobernación y Juan De Dios Rodríguez, expresidente del IGSS.
La residencia, entregada a la Senabed el 8 de septiembre de 2016.
Ya que sin tener un cargo, llega a dar órdenes a los trabajadores y a hacer movimientos internos.
Abusos que han sido denunciados ante la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Ministerio de Trabajo.
Los denunciantes, señalan que el problema ha subido de tono y ahora quien los acusa de amenazas es la hija del gobernador Pedro Corado.
La PDH, quien conoce del conflicto hablo sobre lo que sucede en la gobernación.
Se buscó la versión del gobernador Pedro Corado, pero el funcionario no llega a su despacho, según informaron los empleados.
El Ministro de Gobernación Enrique Degenhart, le respondió la carta al Comisionado, sobre el retiro de los 11 agentes de la DICIGI en la CICIG señalando que fue temporal. Sin embargo adjunto a ella envió otra misiva al Comisionado Iván Velásquez en la que le pide que “apoye” a la lucha contra las pandillas.
Así mismo señaló que los agentes fueron removidos para enfocarse en este flagelo.
Por medio de una carta con la descripción de URGENTE el ministro de Gobernación le solicitó el apoyo al Comisionado Iván Velásquez para solicitarle el apoyo de CICIG para la investigación de las estructuras criminales denominadas “pandillas”.
Degenhart, en la carta le señala que de conforme con el atículo 1, párrafo 1 (a) del Acuerdo de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo a la creación de CICIG, es en función de apoyar, fortalecer y coadyuvar a las instituciones del Estado, encargadas de la investigación y la persecución penal de los delitos presuntamente cometidos con por cuerpos ilegales.
“Qué vamos a hacer adicionalmente y creo que esta la parte importante. Vamos a pedir formalmente el apoyo de la Comisión para el combate de las estructuras criminales de las pandillas, porque cabalmente nos interesa devolverles los investigadores y agentes de inteligencia, para que ayuden en una necesidad puntual, que afecta a la sociedad guatemalteca en su mayoría” señaló Degenhart.
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que desde su llegada al país y principalmente desde la llegada del colombiano Iván Velásquez al frente de la Comisión ha revelado más de una decena de casos de corrupción incrustados en el Estado y que han llevado a la captura de funcionarios y exfuncionarios de varios gobiernos dentro de ellos el hermano y el hijo del presidente Jimmy Morales. Con esta solicitud ahora el MinGob busca que CICIG cambie sus prioridades e investigue a pandilleros y no actos de corrupción.
Sin especificar la fecha, Degenhart, aseguró que los agentes retirados de la CICIG regresarán. Así mismo aseguró que no fue con mala intención la reconcentración de dichos investigadores.
Las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala firmaron el Acuerdo relativo a la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el 12 de diciembre de 2006, el cual, tras la Opinión Consultiva favorable de la Corte de Constitucionalidad en Mayo de 2007, fue ratificado posteriormente por el Congreso de la República el 01 de Agosto de 2007.
Fue así como se dio la creación de la CICIG como un órgano independiente de carácter internacional, cuya finalidad es apoyar al Ministerio Público (MP), la Policía Nacional Civil (PNC) y a otras instituciones del Estado tanto en la investigación de los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, como en general en las acciones que tiendan al desmantelamiento de estos grupos.
Ello, mediante el apoyo a la investigación y persecución penal de un número limitado de casos complejos, así como mediante otras acciones dentro de su mandato, destinadas a fortalecer a las instituciones del sector Justicia para que puedan continuar enfrentando a estos grupos ilegales en el futuro.
El Ministro de Gobernación Enrique Degenhart, dio a conocer que el movimiento los 11 agentes de la DICIGI en la CICIG fue temporal. Pero señaló que luego de recibir una misiva del Comisionado Iván Velásquez este le responderá pero que así mismo lo condicionará.
Degenhart indicó que le responderá la carta al Comisionado Velázquez, donde también le pedirá que apoye a la lucha contra las pandillas.
Sin especificar la fecha, Degenhart, aseguró que los agentes retirados de la CICIG regresarán. Así mismo aseguró que no fue con mala intención la reconcentración de dichos investigadores.
“Qué vamos a hacer adicionalmente y creo que esta la parte importante. Vamos a pedir formalmente el apoyo de la Comisión para el combate de las estructuras criminales de las pandillas, porque cabalmente nos interesa devolverles los investigadores y agentes de inteligencia, para que ayuden en una necesidad puntual, que afecta a la sociedad guatemalteca en su mayoría”, señaló Degenhart.
CICIG
Según lo señalado por la CICIG el día 19 de marzo de 2018, 11 miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) adscritos a la CICIG a través de la Dirección de Inteligencia Civil (DIGICI) del MinGob, recibieron instrucción de ponerse a disposición de la División de Información Policial (DIP) a partir del 20 de marzo de 2018.
El Comisionado @Ivan_Velasquez_ manifestó que espera continuar con el apoyo de la @PNCdeGuatemala para las "actividades que desarrollamos en la @CICIGgt, y esperamos el pronto reintegro de los compañeros policiales que fueron trasladados el día de ayer.
— Archivo de la CICIG Guatemala (@CICIGgt) March 21, 2018
Las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala firmaron el Acuerdo relativo a la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el 12 de diciembre de 2006, el cual, tras la Opinión Consultiva favorable de la Corte de Constitucionalidad en Mayo de 2007, fue ratificado posteriormente por el Congreso de la República el 01 de Agosto de 2007.
Fue así como se dio la creación de la CICIG como un órgano independiente de carácter internacional, cuya finalidad es apoyar al Ministerio Público (MP), la Policía Nacional Civil (PNC) y a otras instituciones del Estado tanto en la investigación de los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, como en general en las acciones que tiendan al desmantelamiento de estos grupos.
Ello, mediante el apoyo a la investigación y persecución penal de un número limitado de casos complejos, así como mediante otras acciones dentro de su mandato, destinadas a fortalecer a las instituciones del sector Justicia para que puedan continuar enfrentando a estos grupos ilegales en el futuro.
El gobernador de Quiché informó que el Ministerio de Finanzas asignó 15 millones para la carretera de San Antonio Ilotenango y 20 millones de quetzales para la carretera de San Pablo, San Pedro Jocopilas.
Al conocer esta noticia los transportistas abandonaron la SAT, el Consejo de Desarrollo y la Gobernación Departamental, edificios que permanecían tomados por ellos.
Sin embargo se conoció por parte de la compañía Coindra que no se puede trabajar en la carretera a San Pablo, San Pedro Jocopilas.
Debido que tienen problemas legales al haber utilizado maquinaria en ese tramo destruyendo dicen ellos el trabajo que ya habían realizado. Lo que encendió los ánimos de los transportistas de la región Ixil.
La numerosa delegación de Guatemala que viajó al Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Ginebra, Suiza, pudo haber requerido de entre Q300 mil y Q500 mil para la compra de boletos aéreos.
La representación oficial que participa en las sesiones del Comité la integran 29 personas, pero cuatro de ellas son de la misión permanente ante la ONU en Ginebra, por lo que desde Guatemala viajaron 25.
ENTÉRESE Tramo del anillo regional funcionará en marzo
Según el portal Guatecompras, la Comisión Presidencial en materia de Derechos Humanos (Copredeh) compró dos boletos aéreos ida y vuelta a Ginebra por Q23 mil 817.6, lo que significan Q11 mil 908.8 por cada uno.
Entretanto, el Ministerio de Salud adquirió tres boletos al mismo destino por Q19 mil 440 cada uno, lo que suma Q58 mil 320.
Tomando como base el precio más bajo —Q11 mil 908.8— para 25 personas, se habría erogado Q297 mil 720, y con la referencia más alta —Q19 mil 440— Q486 mil.
Algunos de los que viajaron permanecerán unos días; otros entre una y dos semanas. Se deben agregar gastos de hospedaje y alimentación.
La delegación la encabeza Jorge Luis Borrayo, presidente de Copredeh, y la integran funcionarios del Organismo Judicial, Corte de Constitucionalidad, ministerios de Trabajo, Desarrollo Social, Gobernación, Salud, Energía y Minas y Relaciones Exteriores, así como de las secretarías Privada de la Presidencia y Bienestar Social.
Además, diputados, funcionarios de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo, Ministerio Público, Instituto de la Defensa Pública Penal, Instituto Nacional de Ciencias Forenses y Fondo de Desarrollo Indígena.
El Comité expondrá a la delegación nuevas recomendaciones en materia de derechos humanos, después del examen periódico universal que se hace cada cuatro años, y el Estado puede pronunciarse respecto de cuáles de esas recomendaciones aceptará.
Guatemala presentó un informe en diciembre del 2016, en el que habla de la independencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos y de acciones para tratar la violencia, discriminación e igualdad.
La ministra de Trabajo, Leticia Teleguario, se reunió ayer con el Grupo Gubernamental de la Organización Internacional del Trabajo, al que expuso las acciones del Acuerdo Nacional Tripartito, suscrito en Ginebra el año pasado. El jueves se tiene previsto que la Comisión de Encuestas emita un dictamen al respecto.
Según el programa, el examen del informe presentado por Guatemala comenzó ayer por la tarde y terminaría hoy, aunque los funcionarios tendrán diversas reuniones por aparte.
En su informe más reciente, del 2016, Guatemala planteó reformar la Ley de Amparo y Exhibición Personal, por el abuso de ese recurso, y expone cómo la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) coopera con la lucha contra la corrupción.
“El Presidente (…), durante la Reunión Sobre el Problema de la Drogas, en la sede de ONU, Nueva York, en abril de 2016, solicitó la ampliación por cuatro años de la Cicig”, recuerda el documento.
La numerosa delegación de Guatemala que viajó al Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Ginebra, Suiza, pudo haber requerido de entre Q300 mil y Q500 mil para la compra de boletos aéreos.
La representación oficial que participa en las sesiones del Comité la integran 29 personas, pero cuatro de ellas son de la misión permanente ante la ONU en Ginebra, por lo que desde Guatemala viajaron 25.
ENTÉRESE Tramo del anillo regional funcionará en marzo
Según el portal Guatecompras, la Comisión Presidencial en materia de Derechos Humanos (Copredeh) compró dos boletos aéreos ida y vuelta a Ginebra por Q23 mil 817.6, lo que significan Q11 mil 908.8 por cada uno.
Entretanto, el Ministerio de Salud adquirió tres boletos al mismo destino por Q19 mil 440 cada uno, lo que suma Q58 mil 320.
Tomando como base el precio más bajo —Q11 mil 908.8— para 25 personas, se habría erogado Q297 mil 720, y con la referencia más alta —Q19 mil 440— Q486 mil.
Algunos de los que viajaron permanecerán unos días; otros entre una y dos semanas. Se deben agregar gastos de hospedaje y alimentación.
La delegación la encabeza Jorge Luis Borrayo, presidente de Copredeh, y la integran funcionarios del Organismo Judicial, Corte de Constitucionalidad, ministerios de Trabajo, Desarrollo Social, Gobernación, Salud, Energía y Minas y Relaciones Exteriores, así como de las secretarías Privada de la Presidencia y Bienestar Social.
Además, diputados, funcionarios de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo, Ministerio Público, Instituto de la Defensa Pública Penal, Instituto Nacional de Ciencias Forenses y Fondo de Desarrollo Indígena.
El Comité expondrá a la delegación nuevas recomendaciones en materia de derechos humanos, después del examen periódico universal que se hace cada cuatro años, y el Estado puede pronunciarse respecto de cuáles de esas recomendaciones aceptará.
Guatemala presentó un informe en diciembre del 2016, en el que habla de la independencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos y de acciones para tratar la violencia, discriminación e igualdad.
La ministra de Trabajo, Leticia Teleguario, se reunió ayer con el Grupo Gubernamental de la Organización Internacional del Trabajo, al que expuso las acciones del Acuerdo Nacional Tripartito, suscrito en Ginebra el año pasado. El jueves se tiene previsto que la Comisión de Encuestas emita un dictamen al respecto.
Según el programa, el examen del informe presentado por Guatemala comenzó ayer por la tarde y terminaría hoy, aunque los funcionarios tendrán diversas reuniones por aparte.
En su informe más reciente, del 2016, Guatemala planteó reformar la Ley de Amparo y Exhibición Personal, por el abuso de ese recurso, y expone cómo la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) coopera con la lucha contra la corrupción.
“El Presidente (…), durante la Reunión Sobre el Problema de la Drogas, en la sede de ONU, Nueva York, en abril de 2016, solicitó la ampliación por cuatro años de la Cicig”, recuerda el documento.
Un audio que fue filtrado a medios de comunicación en Suchitepéquez revela cómo el año pasado la gobernadora departamental, Leonor Toledo, pide “tres o por lo menos dos” plazas al entonces director del área de Salud, Luis Fernando Penagos.
Representantes de diferentes sectores de Suchitepéquez criticaron el actuar de Toledo. Rodrigo Humberto Cuevas Monroy, estudiante de Derecho del Centro Universitario del Sur Occidente, expresó que se debe de poner un alto a este tipo de acciones por parte de servidores públicos, que creen que por el cargo “pueden quitar y poner gente en las instituciones del Estado”.
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“Escuché el audio y se percibe el interés de la gobernadora de colocar a su gente en el Ministerio de Salud. Es un reflejo de abuso de autoridad que ya no se debe de permitir”, refirió Cuevas.
Arturo Alejandro Santos Quiroa, comerciante de Mazatenango, señaló que las autoridades debería tomar acciones para que no se sigan cometiendo actos de corrupción en la Gobernación.
“Se puede tomar como una simple llamada, pero no es así, solo Dios sabe cuántas plazas más ha pedido de una forma personal, porque con eso de que la detectaron en una llamada se puede calificar como tráfico de influencias”, manifestó Santos.
Hasta el lunes último, el Ministerio Público (MP) no había recibido denuncias en contra de la funcionaria, por lo que la Fiscalía Distrital de Suchitepéquez aún no conoce el caso, indicó Julia Barrera, vocera de la institución.
Toledo reconoció que hizo la llamada a Penagos, pero que únicamente pedía un favor para ayudar a tres personas que necesitaban trabajo.
“Todos los días llegan muchas personas a pedir trabajo a la Gobernación y como uno tiene contacto con los directores de instituciones se pide apoyo para ver dónde se pueden instalar. En el audio, que fue publicado por Penagos, se escucha bien que estoy pidiendo un favor y no estoy exigiendo. No lo considero tráfico de influencias y menos abuso de autoridad”, expresó Toledo.
https://soundcloud.com/prensalibre/gobernadora-de-suchitepequez-pide-plazas
Luis Fernando Penagos, quien renunció al área de Salud en los primeros días de este mes, aseguró que no recibió presión de ningún funcionario y que desconoce cómo el audio de la llamada fue obtenido por el medio digital que lo publicó.
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“No di ninguna entrevista a ningún medio para que se me cite en la nota. Es cierto lo de la llamada, pero no recibí presión de nadie para contratar personal, y mi renuncia en el área de Salud fue porque desde junio del 2017 había tomado la decisión de retirarme del cargo por motivos de superación académica”, explicó Penagos.
Con un doctorado y cinco maestrías relacionados en criminología y política entre otros, Ilse Álvarez de Espada, busca el cargo de Fiscal General. Parte de las metas que visualiza es el trabajo integrado en el sistema de justicia. Álvarez resalta la importancia de la cobertura a nivel nacional de El Organismo Judicial, El Ministerio Público y la Defensa Publica Penal.
Álvarez describió tres de sus fortalezas para el cargo a Fiscal General y Jefa del Ministerio Público
Además, indicó voluntad para trabajar “Es un momento histórico en el que los guatemaltecos no solo tenemos que salir a protestar a la plaza. Tenemos que salir y decir que también queremos ocupar los espacios de poder. Ya no solo podemos criticar, hay que salir a trabajar” expresó.
La ex viceministra de Gobernación en época de Óscar Berger, ve de vital importancia crear la seguridad registral. Refiere la creación de un banco de datos que permita medidas de prevención, debido a que estructuras criminales aprovechan esos espacios para creación de empresas de cartón, explicó.
Además, resalto emplear la tecnología y mostró interés en la mujer y niñez. Sobre trabajar con la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) indicó que era un mandato legal, pero quien llegue al cargo debe aprovechar la tecnología investigativa de la Comisión.
Con información de: Prensa Libre y Sucely Contreras.