Ciudad Guatemala
El alcalde de San Rafael La Independencia, Huehuetenango, Carlos Félix, fue enviado a juicio por violencia contra la mujer en su manifestación física en ámbito público, en el Juzgado de Primera Instancia Penal de Santa Eulalia.
Por Mike Castillo
Según investigación, el funcionario es sindicado de haber agredido a la vendedora Eulalia Alonzo Esteban, el 21 de mayo del 2016, cuando junto a trabajadores municipales llegó al campo de futbol del referido municipio, donde se celebraba la feria patronal.
El Ministerio Público (MP) estableció que el jefe edil llegó al lugar y le arrebató a la vendedora su mercadería consistente en golosinas, gaseosas y cervezas. Entre la trifulca que se formó la mujer asegura haber recibido golpes y patadas por parte del funcionario, a quien denunció el 24 de mayo de ese mismo año.
“Yo lo que pido es que sea encarcelado”, afirmó Esteban, quien asegura que el proceso legal ha sido lento.
La comerciante asegura que ha seguido el proceso del cual poseen pruebas contundentes para lograr una sentencia condenatoria; sin embargo, el jefe edil ha provocado que la audiencia se suspenda en reiteradas ocasiones.
Alonzo Esteban dice que se dedica a vender cerveza y golosinas, lo cual no es un delito, pero que pese a ello ha sido víctima de persecución por parte del alcalde.
“Para llevar a mi hijo a la escuela debo pagar taxi o llevarlo personalmente, pues temo que sea agredido”, manifestó.
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Wagner Argueta Martínez, asesor de la víctima, dijo que este es un caso de violencia contra la mujer, pues durante la celebración del aniversario del municipio hubo agresiones con puñetazos y patadas.
Explica que ellos tienen fotografías y testigos que acreditan los hechos. En esta fase el sindicado fue enviado a juicio y será el próximo 25 de mayo cuando ambas partes ofrezcan sus evidencias y se fije una fecha para el inicio del debate.
Se defiende
El alcalde dijo que como representante de un pueblo debe dar la cara y enfatizó que la Ley debe prevalecer. “Que me juzguen que Dios haga su justicia”, expresó.
El funcionario resaltó que es inocente y que todo se trata de una persecución política combinada con las acciones que la vendedora realiza, pues posee una cantina donde con frecuencia tiene problemas con sus clientes.
Explicó que la noche antes de los hechos la mujer tuvo problemas con unos clientes en su negocio, a raíz de eso le pidió que no se instalara en el campo de futbol, pues se realizaban actividades deportivas con niños y jóvenes; sin embargo, ella ignoró el acuerdo que se había hecho para evitar la venta de bebidas alcohólicas en el lugar.
Félix reconoció que hubo un desalojo, pero que este se originó a petición de los pobladores.
Añadió que posee suficientes evidencias para demostrar su inocencia y además de aclarar que el caso tiene un trasfondo político.
Por Oscar Felipe Q.
Vecinos del asentamiento Jesús de la Buena Esperanza, que pidieron no ser nombrados y viven en construcciones precarias en la base de la estructura, comentaron que si son desalojados no tienen a dónde ir.
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Los afectados lamentan que no haya avances de la promesa que hizo hace más de un año el Viceministerio de Vivienda, de buscarles un lugar seguro para la construcción de edificios multifamiliares y con pagos cómodos de acuerdo con sus capacidades.
No hay riesgo
Juan José Hanser, director general de Caminos, restó importancia a la información que se ha divulgado en torno al inicio de labores en el puente, pues aduce que las primeras acciones de la empresa contratada, Grupo Muratori, S. A., incluyen la colocación de andamios desde la parte baja de la estructura, y que habrá mallas de protección para evitar peligro por la caída de alguna herramienta u otro objeto.
Agregó que en las reuniones de la mesa técnica y de diálogo, la cual está integrada por la Dirección General de Caminos –en representación del Ministerio de Comunicaciones–, Municipalidad de Guatemala y la Coordinadora Nacional para la
Reducción de Desastres (Conred), han acordado que en su momento habilitarán un albergue para las familias que será necesario desalojar durante las horas de trabajo.
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El funcionario hace énfasis en que desde la mesa se prevé que será a partir de noviembre que entrará a funcionar el albergue, solo durante las horas de trabajo en el puente, y podría ser habilitado en un área del mismo sector.
Hanser agregó que la empresa contratada comenzó hace varios meses con los estudios, en laboratorios.
Sin desalojo
Julio Sánchez, vocero de la Conred, informó que en ningún momento se ha hablado de desalojo en los asentamientos, pero que desde la mesa se ha solicitado la colaboración de esa institución y de la comuna para la habilitación de un albergue temporal, que funcionará durante el día, pero depende de la programación de la empresa a cargo de la obra, pues al momento no se conocen fechas ni horarios.
“Estamos a la espera de que nos compartan la agenda de trabajo para coordinar la habilitación del albergue y para socializar con los vecinos de los asentamientos, para hacerles conciencia de la necesidad de ser evacuados por cierto tiempo”, dijo Sánchez.
Añadió que se analiza que el albergue podría ser la sede de la alcaldía auxiliar de la zona 6, en la 24 calle 15-95, colonia Bienestar Social.
Añadió que, de acuerdo con lo hablado en la mesa, los primeros cuatro meses de trabajo no serán de actividad física, cierre de calles o remoción de materiales, sino de diagnóstico y evaluación de la estructura.
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Añadió que han tenido acercamientos con líderes del asentamiento, y han manifestado que hay familias que tienen disponibilidad de movilizarse a casas de familiares en las fechas que sea necesario.
Amílcar Montejo, intendente de la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito de la Municipalidad de Guatemala, informó que no tiene solicitud de cierre de calles en el inicio de trabajos en el puente Belice.
Alto riesgo
El puente Belice fue inaugurado en 1958, y desde entonces no ha recibido mantenimiento. Expertos opinan que podría desplomarse y que representa peligro para las 450 familias que viven en el asentamiento Jesús de la Buena Esperanza, según datos del CIV.
La Conred catalogó hace 14 años el lugar como zona de alto riesgo, pero eso no ha detenido la llegada de familias.
Rolando Torres, director del Instituto de Investigaciones de Ingeniería, Matemática y Ciencias Físicas, de la Universidad Mariano Gálvez, expuso en una entrevista reciente que el estado actual del puente es incierto, aunque reconoció que solo tiene un margen corto de seguridad.
Señaló que hace falta un estudio de fatiga, que analiza cada una de las 770 piezas de acero de la estructura.
La elaboración de este informe se basa en la observación realizada durante la visita in loco que tuvo lugar del 31 de julio al 4 de agosto de 2017, así como otras visitas de la CIDH y de sus Relatorías Temáticas, en el monitoreo que la Comisión realiza en cumplimiento de su mandato y a través de la utilización de los diversos mecanismos a su alcance, tales como audiencias, procesamiento de medidas cautelares, peticiones y casos.
Este informe analiza la situación de derechos humanos en Guatemala. La CIDH aborda el sistema de administración de justicia, la situación de personas defensoras de derechos humanos y operadores de justicia, mujeres, niños, niñas y adolescentes, pueblos indígenas y personas afrodescendientes, migrantes y personas desplazadas, la situación de la libertad de expresión, temas relacionados a la seguridad ciudadana, y la situación de personas bajo custodia del Estado. A su vez, el informe ofrece recomendaciones con el objetivo de asistir al Estado guatemalteco en el fortalecimiento de sus esfuerzos por proteger y garantizar los derechos humanos en el país.
La Comisión valora en su informe avances en materia de derechos humanos
La Comisión destaca avances en el combate a la impunidad, gracias al trabajo coordinado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público y reitera el reconocimiento a la labor realizada por ambas instituciones. En materia de seguridad, la Comisión saluda el plan del Estado para el retiro gradual del Ejército en tareas de seguridad ciudadana.
Asimismo, la CIDH observa avances en la especialización del sistema de justicia; y la entrada en vigor del nuevo Código de Migración.
No obstante, persisten importantes desafíos en materia de derechos humanos. Subsisten varios de los motivos que generaron el conflicto armado interno: se mantiene una economía basada en la concentración del poder económico en pocas manos y una estructura estatal débil, con pocos recursos por la escasa recaudación fiscal y altos niveles de corrupción y violencia. Asimismo, la Comisión recibió información de manera reiterada sobre la persistencia de estructuras de poder paralelas que impiden la lucha contra la impunidad y la corrupción, y el fortalecimiento del Estado de Derecho.
Discriminación y desigualdad social
También persisten problemas estructurales como la discriminación racial, la desigualdad social, una profunda situación de pobreza y exclusión, y falta de acceso a la justicia, los cuales constituyen un obstáculo para el pleno respeto a los derechos humanos. Guatemala se ha convertido en el país más afectado por la desnutrición crónica en América Latina, y es uno de los países con las mayores tasas de desnutrición crónica a nivel mundial. En relación con la violencia e inseguridad, a pesar de haber tenido una ligera disminución en los últimos años, la tasa general de homicidios en el país sigue siendo una de las más altas de América Latina y el Caribe.
Impunidad por no tener un sistema de justicia fortalecido
Guatemala enfrenta un alto nivel de impunidad por la falta de un sistema de administración de justicia fortalecido y eficiente. Los sectores de la población históricamente marginados, como las mujeres, las personas LGBTI, las niñas, niños y adolescentes, los pueblos y comunidades indígenas, y las personas afrodescendientes, personas migrantes, entre otros, enfrentan obstáculos particulares que limitan su acceso efectivo a la justicia.
La CIDH analiza en su informe la importancia de garantizar la independencia e imparcialidad a través de procesos de selección y nombramiento de operadores de justicia y de altas autoridades que cumplan con los estándares internacionales sobre la materia. Asimismo, la CIDH insta al Estado a impulsar la importante reforma constitucional en materia de justicia.
Por otra parte, la CIDH resalta en su informe la grave situación que enfrentan las defensoras y los defensores de derechos humanos en el país y la importancia de prevenir y sancionar los ataques e intimidaciones contra personas defensoras, por la valiosa labor que desempeñan y dado el impacto multiplicador que dichos ataques tienen en la vigencia de los derechos humanos en el país.
Del mismo modo, el informe constata la preocupante situación de operadores de justicia en el país, quienes enfrentan señalamientos, actos de hostigamiento, campañas de difamación, ataques y amenazas contra su vida e integridad, especialmente quienes participan en casos de alto impacto de corrupción, graves violaciones a derechos humanos o aquellos en donde se encuentran en juego importantes intereses económicos. Esta situación ha conllevado a que la CIDH solicite al Estado de Guatemala la adopción de medidas cautelares a favor de personas defensoras de derechos humanos y operadoras de justicia, incluyendo al Procurador de Derechos Humanos.
La Comisión advierte la importancia de la elaboración de un programa o política pública para la protección integral de las y los defensores de derechos humanos, en cumplimiento a lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Defensor de Derechos Humanos y otros Vs. Guatemala.
Falta de avances en el caso por genocidio
En materia de memoria, verdad y justicia, el informe revela que los avances relacionados a casos que tuvieron lugar durante el conflicto interno son limitados comparados con el número de violaciones a los derechos humanos perpetradas y las obligaciones que tiene el Estado de Guatemala al respecto. La CIDH observa también con preocupación la falta de avances en el caso por genocidio.
Respecto al derecho a la consulta previa, la CIDH resalta que su implementación debe ante todo, respetar el derecho a la libre determinación y asegurar que no se convierta en un mero proceso formalista que no responda a las particularidades del pueblo o comunidad indígena consultada. Por otra parte, la CIDH recibió abundante información sobre acciones de desalojos forzosos que han afectado a cientos de personas que habitan en zonas rurales, y el riesgo que enfrentan un número significativo de comunidades campesinas e indígenas de ser desalojadas por el Estado como resultado de la ejecución de órdenes judiciales.
Hogar Seguro la muestra de un sistema deplorable
El informe analiza la tragedia ocurrida en el Hogar Virgen de la Asunción, en el que murieron 41 niñas y adolescentes bajo custodia del Estado. Dicha tragedia evidenció las condiciones inseguras de los hogares, la situación deplorable de los centros de detención, la debilidad y desarticulación institucional en materia de derechos de la niñez, y la falta de una Política Pública Nacional de garantíade derechos que no sea reduccionista ni proteccionista.
Respecto de la situación de periodistas, el informe constata que Guatemala vive un contexto de violencia, caracterizado por asesinatos, amenazas y un discurso que busca estigmatizar a los medios y comunicadores comprometidos con el combate a la corrupción y el abuso de poder. Durante su visita in loco, la CIDH también constató que Guatemala no registra avances en relación con los excesivos niveles de concentración en la propiedad y control de medios audiovisuales, en especial de la televisión abierta.
En cuanto a las personas privadas de libertad en centros de detención, el informe registra que el sistema penitenciario guatemalteco se caracteriza principalmente por el hacinamiento, el uso excesivo de la prisión preventiva, y el retraso de la justicia. Además, lo caracterizan las deplorables condiciones de detención, los altos niveles de violencia, la falta de programas eficaces para la reinserción social, la corrupción, y la ausencia de control efectivo de las autoridades al interior de los centros de reclusión. Asimismo, la CIDH advierte el internamiento forzado al que se enfrentan las personas con discapacidad mental en el Hospital Nacional de Salud Mental “Federico Mora”, ante la falta de servicios de atención en la comunidad que permitan su integración a la misma.
CIDH pide medidas inmediatas para enfrentar corrupción
El informe incluye recomendaciones al Estado de Guatemala para enfrentar los graves problemas de derechos humanos del país. En especial, la Comisión recomienda al Estado, como medidas inmediatas, redoblar su compromiso para continuar con la lucha contra la impunidad, la violencia, intolerancia y la corrupción, a través de políticas y programas de prevención y de respeto a los derechos humanos, así como de una justicia fortalecida, independiente e imparcial.
El informe también incluye otras recomendaciones específicas en relación con administración de justicia, justicia transicional y reparaciones a las víctimas del conflicto armado, la desigualdad y exclusión persistente de ciertos grupos y comunidades, la violencia e inseguridad, y sobre sectores específicos de la población tales como mujeres, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, personas defensoras de derechos humanos, la niñez, personas migrantes y personas bajo custodia del Estado.
La CDIH reiteró su compromiso con el Estado guatemalteco en la búsqueda de soluciones a los problemas identificados, y en la implementación de las recomendaciones del presente informe, formuladas con un espíritu constructivo y de cooperación. La CIDH está a disposición del Estado para colaborar con Guatemala en dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe con el fin de asegurar el goce efectivo de los derechos humanos de todas las personas bajo su jurisdicción.
¿Qué es la CIDH?
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
La Corte de Constitucionalidad, resolvió a favor del Hogar Rafael Ayau, para que conserve el edificio por lo que podrá permanecer en el inmueble de la zona 1 capitalina.
No fue otorgado a la PGN
El edificio fue requerido por la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la orden que los obligaba al desalojo quedó en suspenso.
El director de la Escuela Taller de la Municipalidad Gerardo Ortega indicó que las autoridades nunca explicaron la razón principal de desalojo.
Vicios legales
el 21 de marzo del 2017 la PGN solicitó a los responsables del Hogar Rafael Ayau la entrega del inmueble, alegando vicios legales en el usufructo de 50 años que le fue otorgado en el año 1996.
Alejados de pandillas
Actualmente más de 300 jóvenes entre 14 a 21 años en alto riesgo, han logrado a través de una beca y Q500.00 que reciben al mes.
Los jóvenes siguen estudiando de 7:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde. son capacitados en los talleres de carpintería, electricidad, herrería y albañilería.
Becados
La próxima semana se integrarán 20 niños que provienen del hogar seguro.
Estos jóvenes (hombres y mujeres) provienen de zonas marginales de la capital y de hogares desintegrados.
El gobierno de Venezuela podría ser desalojado de la oficina de su Consulado en Miami porque no ha pagado el alquiler desde agosto del año pasado, según una demanda de interpuesta la semana pasada por los dueños del edificio.
Venezuela debe 142.118 dólares por el alquiler de la oficina en el distrito financiero de Brickell, en el centro de Miami, según la petición de desalojo.
La demanda contra el ministerio de Exteriores de Venezuela fue presentada por TWJ 1101 -la empresa dueña del edificio- el 15 de febrero en un tribunal de circuito de Miami-Dade, Florida (sureste de Estados Unidos).
En 2012, el entonces presidente venezolano Hugo Chávez cerró el consulado en Miami, lo que llevó a sus ciudadanos a movilizarse a Nueva Orleans para realizar trámites consulares o votar.
Crisis en Venezuela
El país sufre una grave escasez de alimentos y medicinas, tiene una inflación proyectada este año de 13.000% y padece una crisis migratoria sin precedentes.
Pero la cancillería seguía pagando -hasta agosto- los 20.800 dólares mensuales de alquiler, según muestra la demanda de desalojo.
Venezuela alquila esta oficina desde 2003, según muestra el contrato de alquiler.
El día anterior a la fecha de la demanda, el 14 de febrero, el presidente Nicolás Maduro había ordenado abrir inmediatamente el consulado para que los venezolanos pudieran votar en las elecciones del 22 de abril.
La oposición venezolana dijo que no participará en estas elecciones porque las considera fraudulentas. También el llamado Grupo de Lima, integrado por 14 países latinoamericanos, rechazó el adelanto de los comicios y algunos países anunciaron que desconocerán los resultados.
Según datos de 2016 de la oficina del censo, unos 300.000 venezolanos viven en Estados Unidos. De ellos, casi la mitad (144.000) residen en Florida, particularmente en Miami.
© Agence France-Presse
Un grupo de estudiantes de la Universidad de San Carlos desalojó a encapuchados que desde semanas atrás realizaban cobros ilegales en el área de los parqueos.
De acuerdo con los sancarlistas desde hace semanas atrás personas que integraban el anterior Comité de Huelga intentan retomar esas malas prácticas.
La Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) respondió al llamado de los estudiantes que buscaban recuperar los parqueos de la universidad estatal.
Este Honorable Comité de Huelga 2018 está comprometido con la recuperación de la Huelga de Dolores y dejar las prácticas de los delincuentes que tenían secuestrada la AEU y el Hono
¡NUNCA MÁS COMITÉS DE HUELGA MANEJADOS POR DELINCUENTES PARA EXTORSIONAR A LOS Y LAS ESTUDIANTES! pic.twitter.com/twseQZmHYV
— Honorable Comité de Huelga de Todos los Dolores (@HonorableHuelga) February 22, 2018
Durante unos minutos los ánimos se caldearon entre los dos grupos llegando a los insultos y empujones, luego de eso acordaron para este jueves iniciar un diálogo, donde intervendrán las autoridades universitarias.
Cobros no autorizados
Los encapuchados que realizan los cobros no autorizados al ingreso de los parqueos pertenecen a los colectivos de Ciencias Económicas, de la Facultad de Humanidades, de Derecho y de la EFEPN.
Comunidades autóctonas de Guatemala que luchan por sus territorios continúan sufriendo represión, como la de hace 38 años en la masacre de la Embajada de España, que dejó 37 muertos, denunciaron este miércoles decenas de indígenas y campesinos.
Con una caminata hacia el lugar que ocupó la sede diplomática, en el sur de la capital guatemalteca, los activistas recordaron la matanza de indígenas y denunciaron la persecución que sufren estos pobladores a manos de fuerzas de seguridad y empresas de megaproyectos y monocultivos.
Se hizo una caminata que salió del Obelisco zona 10 y ahora se encuentran en la 6 avenida"A" y 10 calle de la zona 9, los campesinos permanecerán hasta las 13 horas conmerando a las víctimas de la quema de la Embajada de España. pic.twitter.com/RtQ0pTFkIn
— Sucely Contreras (@SuContreras_tv) January 31, 2018
“Por la memoria, verdad y justicia de los héroes y mártires, seguimos luchando en contra de las violaciones de los derechos humanos”, manifestaron miembros del Comité de Unidad Campesina (CUC), una de las organizaciones que convocó los actos conmemorativos.
La masacre en la embajada de España ocurrió el 31 de enero de 1980 en el desalojo violento de una ocupación campesina para denunciar violaciones de los derechos humanos y represión en comunidades indígenas en el norte y oeste del país, principalmente a manos del ejército durante la guerra civil (1960-1996).
Comité de Unidad Campecina CUC conmemora el 38 aniversario de la quema de la Embajada de España. pic.twitter.com/tLVYzeN8No
— Sucely Contreras (@SuContreras_tv) January 31, 2018
Para desalojarlos, militares y policías irrumpieron en la embajada desatando un incendio.
Entre las víctimas figura Vicente Menchú, padre de la Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú; el cónsul español, Jaime Ruiz del Árbol; el exvicepresidente de Guatemala Eduardo Cáceres y el excanciller Adolfo Molina.
En los actos conmemorativos se realizó una ceremonia maya con flores, velas y fuego, mientras un grupo de activistas cargó un ataúd para recordar a las víctimas.
“Vinieron a quemar vivos a nuestros hermanos y hermanas”, señaló durante la ceremonia el dirigente indígena Daniel Pascual.
En la incursión militar sobrevivió el entonces embajador español, Máximo Cajal, fallecido en 2014, mientras que el único de los ocupantes indígenas rescatado con vida, Gregorio Yujá, fue posteriormente secuestrado del hospital y su cadáver lanzado en el campus de la estatal Universidad de San Carlos.
CUC: El presente sigue siendo el mismo, reflejado en las migraciones al norte, y las mismas peticiones de hace 38 años siguen sin ser escuchadas. pic.twitter.com/5RFW15fA8t
— Sucely Contreras (@SuContreras_tv) January 31, 2018
En 2015, un tribunal condenó a 90 años de prisión por la matanza a Pedro García Arredondo, exjefe de la desaparecida Policía Nacional.
“Reiteramos que las estructuras de poder criminal que se ensañaron contra los pueblos indígenas durante el conflicto armado interno siguen latentes e impunes”, agregó la Fundación Rigoberta Menchú en un comunicado.
El conflicto armado interno en Guatemala dejó más de 200.000 muertos y desaparecidos, según una Comisión de la Verdad auspiciada por la ONU.
hma/mas/dga
© Agence France-Presse
Este video ha causado conmoción en Perú. Sin saberlo, este periodista se puso en un gran riesgo que transmitió en directo por la televisión.
El reportero, identificado como Eduardo Juárez de RPP entrevistaba a un representante de los transportistas pues el gremio estaba en protesta y se negaba a abandonar la Terminal de Fiori, en el distrito San Martín de Porres, de donde serían desalojados.
Mientras lo entrevistaba en vivo, fue amedrentado por un encapuchado que estaba detrás de su entrevistado. El hombre con un sudadero rojo, capucha y el rostro cubierto sale al frente del entrevistado, la rastrilla y luego la apunta en el rostro al comunicador quien se cubre con las manos.
Reportero pensó que iba a morir el día de su cumpleaños
El hecho ocurrió el pasado miércoles, mismo día en que Juárez celebraba su cumpleaños. Dijo en varias entrevistas que pensó que “iba a morir el día en que nació”, reportaron medios locales.
El desalojo dejaría en la calle a 1,500 trabajadores que se habían apropiado ilegalmente de los terrenos.
Autoridades de los Bomberos Municipales, trabajaron para sofocar un incendio registrado en el un segundo nivel en un edificio de la zona 1 capitalina.
Elementos de Bomberos Voluntarios trasladaron una motobomba hasta el edificio Braun Valle en el Paseo de la Sexta, en Centro Histórico, donde se reportó un incendio para lograr sofocar el incendio en el lugar, donde se desalojó a todo el personal del edificio.
Según Gerardo Martínez portavoz de la entidad que controló el incendio indicó que al menos por una hora se trabajó para sofocar el siniestro que el incendio consumió tres apartamentos del segundo nivel.
Apartamento se quema en su totalidad
El incendio se registró en un apartamento en el segundo nivel, pero hasta el momento no se han determinado las causas del mismo. Según el dueño del lugar estima la perdidas materiales en la menos Q6o mil, ya que cerca del 90% de sus muebles se quemaron.
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Sin víctimas
Según los Bomberos no se registraron víctimas, en el lugar solo se atendieron personas que al ser evacuadas fueron atendidas por las molestias que el humo les causó.
- Con información de David Sanchinelli.
Como medida de seguridad y para que el paso de las ambulancias se de sin interrupciones el Ministro de Salud, Carlos Soto señaló que a partir de 2018 se desalojaran a todos los vendedores informales que venden en los alrededores del Hospital Roosevelt y del Ministerio de Salud (MinSalud).
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Hasta el 3 de enero de 2018 permanecerán ventas de ropa, comida que se ubican en los alrededores de estos lugares según lo indicó la cartera de salud afirmó que el retiro de ventas se debe a que esto genera que los bomberos tenga dificultad de ingreso.
Se oponen a desalojo
Los vendedores afirmaron que no se retiraran porque no tienen dónde ubicarse y sus puestos los han colocado por años en los alrededores del Ministerio de Salud, sin tener ningún problema con las autoridades.
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Por su parte la cartera de Salud ha detallado que después del 4 de enero no se permitirá la colocación de ninguna venta. Hace 12 años en los alrededores del Hospital Roosevelt fue punto de pelea entre policías y vendedores que se negaron ser retirados.
- Con información de Alberto Cardona
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