Ciudad Guatemala
Unos 1.500 migrantes centroamericanos iniciaron este domingo un simbólico viacrucis en la ciudad mexicana de Tapachula, fronteriza con Guatemala y desde donde esperan llegar hasta la frontera noroeste de México con Estados Unidos.
Con el nombre de “Todos Somos Americanos de Nacimiento”, migrantes mujeres, hombres y niños de Guatemala, El Salvador y Honduras arrancaron su “Viacrucis Migrante 2018” para visibilizar el calvario que sufren estos viajantes en su paso por México.
Este año, el objetivo de la caravana es llegar a Estados Unidos y pedir protección para quienes han huido de sus países “a causa de la pobreza y la violencia del crimen organizado”, dijo Irineo Mújica, integrante de la organización Pueblos Sin Frontera.
El activista señaló que los migrantes, muchos de ellos familias enteras, abordarán el tren de carga que recorre México hacia Estados Unidos.
Mújica señaló que se tiene contemplado hacer una escala en Ciudad de México para llegar al Senado, donde pedirán al Estado mexicano proporcione mayor presupuesto a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y se atiendan así los casos de los migrantes que puedan obtener asilo en el país.
Un viacrucis a EE.UU.
El viacrucis pretende llegar a Tijuana, Mexicali o Tecate, en el estado de Baja California Norte, fronterizo con Estados Unidos.
Amnistía Internacional denunció en enero que las autoridades migratorias de México deportan ilegalmente a miles de centroamericanos sin considerar los riesgos letales que corren en sus países de origen.
Se estima que más de 500.000 personas cruzan irregularmente territorio mexicano cada año con intención de llegar a Estados Unidos, según datos de Naciones Unidas.
A su paso por México, los migrantes son víctimas de traficantes de personas, de abusos de autoridades y son blanco del crimen organizado que los secuestra y en ocasiones asesina.
Actualmente hay 24 mujeres encarceladas en el país centroamericano bajo la drástica legislación antiaborto, lo que despertó la preocupación internacional de organizaciones feministas y humanitarias.
El Código Penal salvadoreño establece una pena de dos a ocho años por abortar. Sin embargo, fiscales y jueces tipifican a menudo los casos de aborto o incluso la pérdida del bebé como “homicidio agravado”, un delito penado con 30 a 50 años de prisión.
Fue lo que les ocurrió a Teodora Vásquez y Maira Figueroa, ambas sentenciadas a 30 años por pérdidas de sus embarazos.
El delicado tema cobró relieve en las últimas semanas, cuando la justicia conmutó sus penas, aunque la primera para entonces ya había pasado 11 años tras las rejas y la segunda 15.
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“Consideramos que es una grave violación a los derechos humanos la total penalización del aborto y queremos intentar mejorar está situación”, declaró a la AFP la investigadora francesa Léa Réus, de Amnistía Internacional (AI).
Representantes de AI visitaron esta semana El Salvador, donde se reunieron el martes con una comisión del Congreso que estudia una reforma de la legislación antiaborto.
La misión les presentó un libro con firmas de 209.051 personas de 57 países que apoyan la modificación.
La reforma busca despenalizar el aborto en casos de violación, cuando corra riesgo la vida y salud de la madre y cuando el feto no tenga viabilidad de vida.
“Todos tienen que apoyar esta despenalización, porque no es cuestión de políticos, es cuestión de derechos humanos. Yo creo que cualquier diputado quiere hacer lo correcto”, destacó Réus.
La diputada izquierdista Lorena Peña, que recibió en octubre de 2016 la petición para reformar la legislación, estima que es necesario aprobar la enmienda antes de que concluya la presente legislatura el 30 de abril.
La nueva legislatura, que asume el 1 de mayo, tendrá un mayor control de los partidos de derecha, que se oponen a cualquier modificación a las leyes contra el aborto.
En el Congreso unicameral de 84 escaños, la reforma al Código Procesal Penal requiere 43 votos, que es la mayoría simple.
Misión médica
Entre tanto, una misión de médicos también visitó esta semana El Salvador para discutir con sus colegas la importancia de poder interrumpir embarazos sin enfrentar consecuencias penales.
“Lo que buscamos es que se nos dé seguridad jurídica a los médicos, que nuestras acciones (en un posible aborto) no van a tener repercusión penal”, comentó a AFP el médico Guillermo Ortiz, quien encabeza la misión.
Ortiz, un salvadoreño radicado en Estados Unidos, dice que durante 20 años laboró en el Hospital Nacional de la Mujer en San Salvador, donde atendió numerosas emergencias obstétricas, pero lo sensibilizó el caso de Beatriz en 2013.
A Beatriz, una joven de 22 años que padecía lupus, se le impidió interrumpir su embarazo a pesar de que el feto no había desarrollado el cerebro y estaba condenado a morir al nacer.
Tras la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Beatriz recibió autorización para una cesárea temprana y el bebé murió horas después.
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La misión médica internacional se reunió el martes con ginecólogos del hospital de Santa Ana (oeste), el miércoles lo hizo en San Miguel (este) y este jueves en el Hospital de la Mujer en la capital.
Ortiz dijo que “hay miedo en los hospitales públicos” porque hay mujeres pagando condenas de cárcel por el “delito de aborto” y porque en el gremio médico “nadie quiere estar en un proceso judicial, expuesto al desprestigio mediático y a un juicio social”.
La legislación “tiene implicaciones en el desempeño profesional médico por el riesgo de inseguridad jurídica que sienten”, dijo a la AFP Morena Herrera, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético, y Eugenésico, una ONG que desde 2009 lucha por reformar la legislación.
En una entrevista con AFP tras salir de prisión, Teodora Vásquez lo resumió así: en El Salvador “las mujeres pobres están abandonadas” por el sistema público hospitalario, que en lugar de ayudarlas cuando sufren emergencias obstétricas, las denuncia.
El parlamento de Argentina comienza este martes a debatir en comisiones un proyecto sobre despenalización del aborto, un tema polémico que divide aguas en un país de fuerte influencia de la Iglesia católica.
Un plenario de 100 diputados de cuatro comisiones se reunirán a partir de las 18H30 locales (21H30 GMT) para establecer la metodología de trabajo, informó el diputado macrista Daniel Lipovetsky, quien presidirá las reuniones.
El proyecto de ley elaborado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito contempla el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo para todos los casos en las primeras 14 semanas de gestación.
En Argentina solo está permitido el aborto en casos de embarazos producto de una violación o cuando está en peligro la salud de la mujer, pero aún así, muchos profesionales ponen reparos alegando cuestiones de conciencia.
El 6 de marzo, el proyecto fue presentado con el respaldo de 71 diputados, encabezados por Victoria Donda (centroizquierda), y el acompañamiento de decenas de miles de manifestantes. Era la séptima vez que un proyecto similar llegaba al Congreso pero nunca antes había sido tratado en el recinto.
Parlamento tiene la decisión
Aún es incierto si logrará el visto bueno de la mayoría de los 257 diputados, en un tema sobre el que no hay consenso ni siquiera entres miembros de un mismo bloque parlamentario.
Analistas estiman aún más difícil que salga airoso del Senado, históricamente más tradicionalista.
Otros proyectos presentados a posteriori plantean desde prohibir el aborto hasta someterlo a consulta popular.
La influyente diputada macrista Elisa Carrió anticipó su negativa al aborto legal y pidió a Lipovetsky, su compañero de bancada, que posponga el inicio de la evaluación del proyecto por la cercanía de la Semana Santa, “un tiempo sagrado para muchos argentinos”, dijo.
Sin embargo, el 59% de los argentinos se manifestó a favor de la despenalización del aborto y el 70% apoyó que se debata en el Congreso, según una encuesta de Amnistía Internacional Argentina y el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes), divulgada el domingo.
Hace dos semanas, el presidente Mauricio Macri (centroderecha) marcó un cambio de actitud de gobiernos sucesivos al lanzar el debate parlamentario, aunque luego se pronunció “a favor de la vida”.
Desde el Vaticano, el papa Francisco, que fue arzobispo de Buenos Aires hasta 2013, alentó a los argentinos a que hagan “su aporte en la defensa de la vida y de la justicia”, en una carta enviada el sábado.
“Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, es el lema del colectivo de mujeres que impulsa la despenalización.
Según varias ONG, un centenar de mujeres mueren al año, la mayoría de bajos recursos, de las 500.000 que se practican abortos en clandestinidad.
Un grupo de 103 migrantes centroamericanos que había sido abandonado dentro de un tráiler en el noreste de México fue rescatado por agentes migratorios y del ejército cerca de la frontera estadounidense, informó este viernes el Instituto Nacional de Migración (INM).
Los migrantes fueron hallados en las inmediaciones del municipio de Ciudad Camargo, a menos de 10 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, en el estado mexicano de Tamaulipas, uno de los más golpeados por la violencia del crimen organizado y ruta habitual del tráfico de migrantes indocumentados.
El rescate ocurrió cuando militares que recorrían la zona detectaron la caja del tráiler en la orilla de una carretera desde donde se escuchaban gritos de auxilio de los extranjeros, precisó el INM en un comunicado.
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“Mostraban signos de deshidratación y asfixia tras haber permanecido más de 12 horas en total hacinamiento”, agregó.
El grupo estaba integrado por 67 adultos y 36 menores de edad. Del total, 91 son originarios de Honduras, siete de Guatemala y cinco de El Salvador. De los 36 menores, 12 no contaban con la compañía de un adulto.
Guatemaltecos de dentro de los detenidos
El INM dijo que se comunicó con los consulados de Honduras, Guatemala y El Salvador para coordinar un retorno “digno, ordenado y seguro” de los migrantes e informó a los extranjeros sobre su derecho a solicitar refugio en México.
Desde finales de enero, las autoridades migratorias mexicanas han reportado la detención de al menos 981 migrantes centroamericanos durante su periplo clandestino rumbo a Estados Unidos.
Se estima que más de 500.000 personas cruzan irregularmente territorio mexicano cada año con intención de llegar a Estados Unidos, según datos de Naciones Unidas.
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Amnistía Internacional denunció en enero que las autoridades migratorias de México deportan ilegalmente a miles de centroamericanos sin considerar los riesgos letales que corren en sus países de origen.
Estados Unidos y México enfrentan una oleada de inmigrantes clandestinos de Centroamérica -incluyendo miles de menores sin acompañamiento de adultos-, que buscan escapar de la violencia urbana, la crisis económica y el desempleo en sus países de origen.
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha insistido desde que asumió el poder en construir un nuevo muro fronterizo para detener la inmigración ilegal que llega desde México.
© Agence France-Presse
La liberación de la salvadoreña Teodora Vásquez tras 11 años de prisión por un aborto puso en evidencia la dramática situación que viven mujeres en Centroamérica, donde severas leyes penalizan toda forma de interrupción del embarazo incluso en casos terapéuticos.
En las últimas dos décadas, El Salvador, Nicaragua y Honduras prohibieron el aborto terapéutico, lo que ha impedido a cientos de mujeres el acceso a servicios médicos seguros en casos de emergencia de obstetricia.
Así lo han advertido organismos como Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) e IPAS (International Projects Assistance Services).
El tema cobró relieve esta semana con la conmutación de la pena de la salvadoreña Vásquez, tras cumplir 11 años de una sentencia de 30 por un parto intempestivo, que provocó una condena por “homicidio agravado”.
Tras su liberación este jueves, la organización Amnistía Internacional pidió “una suspensión inmediata de la aplicación de la ley sobre aborto” y la liberación de al menos 27 mujeres encarceladas en El Salvador “en virtud de las draconianas leyes salvadoreñas sobre el aborto”.
“Realmente esta ley es injusta porque condena a las mujeres a la muerte y las repercusiones para una familia son muy serias, tanto en lo económico como por el cuido de las otras criaturas (hijos) que quedan solas”, manifestó Magaly Quintana, dirigente del capítulo Nicaragua de CDD.
Según la activista, es difícil obtener cifras de muertes de mujeres o el número de abortos “porque hay un secretismo sobre los homicidios, la mortalidad materna y todo lo que cuestione al Estado”.
Sin embargo, la vicepresidenta nicaragüense, Rosario Murillo, informó esta semana de la muerte de una mujer por complicaciones del embarazo, una semana después de otro caso semejante.
“Hay mujeres que han muerto, no tenemos estadísticas oficiales, pero conocemos de casos concretos donde por temor del personal de salud, las mujeres no fueron atendidas a tiempo con el tratamiento que ameritaba su complicación obstétrica”, explicó a la AFP la directora de IPAS para Nicaragua, Martha Blandón.
“Hemos conocido de diversos casos, pero cuando hemos tratado de profundizar en el estudio nos hemos encontrado que las familias, que son muy pobres, tienen miedo de enfrentar a las autoridades locales, o reciben presiones y ofertas materiales para que desistan de denunciar las muertes de las mujeres”, dijo la especialista.
Trabajo a oscuras
Dos casos de mujeres embarazadas que retratan el impacto de estas leyes son los de Amalia en Nicaragua (2009) y Beatriz en El Salvador (2013). La primera padecía cáncer y la segunda de lupus, y no recibieron tratamiento adecuado por temor del personal de salud a dañar al feto y provocar un aborto.
Amnistía Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) exhortaron a los gobiernos de Nicaragua y El Salvador a darles atención médica.
Ambas mujeres recibieron tratamiento y dieron a luz, pero sus bebés no sobrevivieron y meses después ellas también murieron como consecuencia de los tratamientos tardíos, según organizaciones feministas.
Quintana enfatizó que las entidades que ayudan a las mujeres trabajan a ciegas debido a que los gobiernos “no publican las cifras sobre mortalidad materna porque tendrían que revelar los casos de mujeres que murieron por causa del embarazo, que padecían enfermedades como lupus, cáncer, embarazos ectópicos, es decir todo lo que es mortalidad obstetricia indirecta”.
Según Quintana después del caso de Amalia, las autoridades sanitarias de Nicaragua comenzaron a resolver casos de aborto terapéutico “para no verse en un escándalo internacional”.
“El Hospital de la Mujer Bertha Calderón (de Managua) tiene la orden no escrita, pero explicita y clara, que ninguna mujer se va a morir por un aborto terapéutico (…) Pero las mujeres que no logran llegar al Bertha Calderón viven un calvario”, dijo Quintana.
Pese a la prohibición, en Nicaragua no hay mujeres encarceladas por abortos inducidos.
En Guatemala y Costa Rica el aborto está permitido pero solo en caso de riesgo de vida de la madre. Panamá autoriza su práctica en caso de que el embarazo sea consecuencia de una violación o que el feto no sea viable.
Según datos del Ministerio de Salud de El Salvador, al menos 27 mujeres fallecieron por complicaciones relacionadas al aborto y embarazo ectópico entre 2011 y 2015. Y en Honduras, el Centro de Derechos de la Mujer registró que en 2017 hubo entre 50.000 y 80.000 abortos clandestinos.
© Agence France-Presse
La salvadoreña Teodora Vásquez fue liberada este jueves de prisión, donde cumplía una sentencia de 30 años bajo una severa ley antiaborto, luego de que la justicia conmutó su pena, informaron su abogado y un colectivo feminista.
Vásquez abandonó el Centro de Readaptación de Mujeres de la ciudad de Ilopango, 11 km al este de San Salvador, vistiendo una camiseta blanca y fue recibida con vítores y abrazos por su familia, entre ellos sus padres y su hijo de 14 años, además de miembros de organizaciones sociales que lucharon por su libertad.
“Está libre, Teodora está libre, feliz de recuperar su libertad después de pasar por todo un calvario. Ella ya se reunió con su familia y regresa a su hogar”, dijo a la AFP Jorge Menjívar, portavoz de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, quien acudió a la cárcel de mujeres para presenciar la salida de Vásquez.
Ese colectivo recordó en un comunicado que Vásquez “recuperó su libertad este 15 de febrero, luego de estar encarcelada 11 años por un crimen que no cometió. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública conmutaron la pena de 30 años de cárcel”.
Agregó que la CSJ determinó en una resolución que en el caso de Vásquez, de 34 años, “existen razones de justicia, equidad y de índole jurídicas que justifican favorecerla con la gracia de la conmutación” de la pena de prisión.
El abogado de Vásquez, Víctor Hugo Mata, confirmó a la AFP en un mensaje de Twitter que “le conmutaron la pena”.
La organización Amnistía Internacional (AI) celebró la liberación de Vásquez y urgió a El Salvador a “derogar urgentemente esta indignante prohibición del aborto”.
“Resulta alentador ver a Teodora salir de la cárcel, donde nunca debió haber estado, pero El Salvador aún está lejos de garantizar plenamente los derechos de las mujeres y las niñas en el país”, declaró Erika Guevara-Rosas, directora de AI para las Américas, en un comunicado.
El pasado 13 de diciembre, el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador confirmó la pena de 30 años de prisión que le fue dictada en 2008, luego de que la mujer sufriera un parto intempestivo que terminó con la muerte de su bebé. El hecho fue calificado por la fiscalía como un homicidio agravado.
Apoyo a otras mujeres
Vásquez, aún con lágrimas en sus ojos tras recobrar su libertad después de 11 años en prisión, dijo en breves palabras a la prensa que va a “luchar” para que otras 27 mujeres encarceladas bajo cargos de aborto logren salir en libertad.
“Yo voy a trabajar, a luchar por que otras mujeres que han sido condenadas injustamente por casos como el mío, puedan un día recobrar su libertad”, dijo Vásquez a la prensa, mientras los activistas de organismos defensores de derechos de las mujeres gritaban: “Teodora no está sola, estamos las defensoras”.
Morena Herrera, del directorio de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, consideró que el caso de Vásquez es “una luz de esperanza” para pensar “que se puede lograr hacer mucho” por el resto de mujeres que pagan condenas tras sufrir algún tipo de aborto.
“Se debe superar esta situación de criminalización de las mujeres”, remarcó Herrera.
En tanto, el viceministro de Justicia y Seguridad, Raúl López, tras acudir a la puesta en libertad de Vásquez, aseguró que “es una mujer que va muy bien preparada y hoy puede abrirse espacio en la vida productiva”.
Durante su detención, obtuvo 30 diplomas de distintos cursos académicos, productivos y de oficios.
“Estoy feliz, he perdido muchos años de mi vida, pero estoy feliz que comenzaré una nueva vida”, expresó Vásquez tras asegurar que, luego de lograr su título de bachiller de secundaria en la prisión, tiene el deseo de “ir a la universidad”.
Tras dejar la prisión, la mujer emprendió camino hacia su casa en las afueras de la ciudad de Tacuba, en el occidental departamento de Ahuachapán.
© Agence France-Presse por Oscar BATRES
Un total de 125 emigrantes, la gran mayoría centroamericanos indocumentados, fueron detenidos en tres estados de México durante su periplo clandestino rumbo a Estados Unidos, informaron autoridades locales este lunes.
Estos hechos se suman a una larga lista de capturas masivas que se han reportado recientemente en México.
En el peligroso estado de Veracruz (este), 40 hondureños, entre ellos siete niños, fueron detenidos cuando viajaban de forma clandestina y en condiciones de hacinamiento en la caja de un camión de carga, indicó el Instituto Nacional de Migración (INM) en un comunicado, sin precisar cuándo ocurrieron los hechos.
Los agentes migratorios detectaron el vehículo sobre un camino poco transitado del municipio de Juan Rodríguez Clara, donde las altas temperaturas llegan ser extremas.
Al realizar una revisión, descubrieron a los emigrantes “con signos de deshidratación y asfixia”, indicó el INM.
La intención de los emigrantes era llegar “a la frontera norte del país para cruzar a Estados Unidos”, añadió la institución.
El INM no respondió de inmediato a pedidos de la AFP para más información sobre el caso.
Por otro lado, en el vecino estado de Tamaulipas, fronterizo con Estados Unidos, policías y soldados de la Marina localizaron la noche del domingo a 44 emigrantes escondidos en una casa de la ciudad de Matamoros, indicó una fuente oficial.
Los emigrantes eran originarios de Honduras, Guatemala y Nicaragua, excepto uno de ellos que proviene del mexicano estado de Oaxaca (sur).
Todos recibieron atención médica, hidratación y alimentación antes de ser presentados ante las autoridades migratorias, indica un comunicado del Grupo de Coordinación Tamaulipas, integrado por fuerzas estatales y federales de Seguridad.
En tanto, en el estado de Tabasco, también vecino de Veracruz, las autoridades detuvieron a 41 emigrantes que iban ocultos en la parte trasera de un camión que circulaba por una carretera, indicó la fiscalía general.
Entre los indocumentados, procedentes en su mayoría de Guatemala, El Salvador y Honduras, había 10 menores de edad y eran transportados en condiciones “aparentemente inhumanas”, añadió la institución.
Un sujeto fue arrestado como probable responsable de tráfico de personas por estos hechos.
Por otra parte, el fin de semana, las autoridades detuvieron a otros 382 emigrantes, de los cuales 229 estaban en casas de Tamaulipas en condiciones de hacinamiento, 100 en autobuses en Jalisco (oeste) y 53 en un camión sin ventilación en Veracruz.
En días pasados, se han reportado más detenciones similares.
Las autoridades estiman que más de 500.000 personas cruzan irregularmente la frontera sur de México cada año, según datos de Naciones Unidas.
Amnistía Internacional (AI) denunció en enero que las autoridades migratorias de México deportan ilegalmente a miles de centroamericanos sin considerar los riesgos letales que corren en sus países de origen.
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha insistido desde que asumió el poder en construir un nuevo muro fronterizo para detener la inmigración ilegal que llega desde México.
© Agence France-Presse
Autoridades de México detuvieron en dos operativos distintos a 153 centroamericanos indocumentados que eran llevados por traficantes hacia Estados Unidos, informó este sábado el Instituto Nacional de Migración (INM).
Personal del INM y de la Comisión Nacional de Seguridad halló “a 100 extranjeros originarios de Guatemala y Honduras” que eran transportados “en dos autobuses con documentación apócrifa, entre ellas actas de nacimiento y credenciales de elector falsas”, en una carretera de Guadalajara, Jalisco (oeste), indica un comunicado del INM.
De acuerdo con las declaraciones de los centroamericanos, el traficante de personas que viajaba con ellos les cobró entre 5.000 y 7.000 dólares por trasladarlos hasta la frontera norte de México para cruzar a Estados Unidos “de manera irregular”, añade el parte.
En este grupo de migrantes había 97 originarios de Guatemala y tres de Honduras. En total, había 41 menores de edad.
Detienen a nueve por tráfico de personas
Por otro lado, en el violento estado de Veracruz (este), las autoridades interceptaron a 53 personas originarias de Guatemala, entre ellas 13 menores de edad, que viajaban en un camión cerrado, sin ventilación, comida o agua.
“Los extranjeros refirieron que los traficantes de personas los contactaron desde su país de origen y que utilizaron la vía marítima para llegar a Chiapas (fronterizo con Guatemala), donde fueron confinados en un camión sin ventilación que los llevaría hasta Tamaulipas (noreste) para cruzar de manera irregular a territorio estadounidense”, aseguró el INM.
En estos operativos, fueron arrestadas nueve personas por el presunto delito de tráfico de personas.
El sábado pasado, más de 300 migrantes centroamericanos que eran trasladados en condiciones de hacinamiento fueron rescatados en Veracruz y Tamaulipas. Y una semana antes, 174 centroamericanos fueron hallados en dos operativos semejantes.
Amnistía Internacional (AI) denunció en enero que las autoridades migratorias de México deportan ilegalmente a miles de centroamericanos sin considerar los riesgos letales que corren en sus países de origen.
Más de 500.000 personas cruzan irregularmente la frontera sur de México cada año, según datos de Naciones Unidas. En su recorrido son víctimas de abusos por parte de criminales y traficantes de personas.
El presidente estadounidense Donald Trump ha insistido desde que asumió el poder en construir una nueva muralla fronteriza para detener la inmigración ilegal que llega desde México.
Con información de AFP
Más de 300 migrantes ilegales centroamericanos que eran trasladados en “condiciones deplorables” fueron rescatados en dos operativos en el norte y el oriente de México, informó este sábado el Instituto Nacional de Migración (INM).
El grupo más numeroso, de 198 personas, fue localizado en una carretera del estado de Tamaulipas (noreste), donde agentes militares equipados con equipos de escaneo detectaron a dos trailers, sin identificación de alguna empresa de transporte, que trasladaban a numerosas personas.
Agentes del INM y del ejército lograron identificar que en la caja del primer vehículo eran transportados 101 extranjeros (75 adultos y 26 menores de edad), mientras que en el segundo vehículo viajaban 97 personas, sumando un total de 198.
Los migrantes viajaban “en condiciones de hacinamiento, insalubridad, sin ventilación adecuada, y sin agua ni alimento”, precisó el INM.
El grupo de rescatados está conformado por 76 personas originarias de Guatemala, 103 de Honduras y 19 de El Salvador, de los cuales 80 eran hombres y 39 mujeres; 40 eran niños y 39 niñas.
Menores dentro de los detenidos
De los menores de edad, 55 iban acompañados de sus padres o familiares, mientras que los 24 restantes viajaban solos.
Algunos de los migrantes relataron que su viaje comenzó en el estado de Tabasco, en el sureste de México, pasando por Veracruz (este) para llegar a Tamaulipas, un estado duramente golpeado por la violencia del crimen organizado.
En tanto, la tarde del viernes, un grupo de 83 hondureños, 14 salvadoreños y seis guatemaltecos -entre ellos 42 menores de edad- fue rescatado por policías y agentes migratorios, cuando era trasladado dentro de un camión por una carretera de Veracruz.
Los rescatados fueron trasladados a una instalación municipal de la localidad veracruzana de Acultzingo debido a los problemas de salud que presentaban a raíz del hacinamiento y la falta de alimentos.
Hace apenas una semana, otros 174 centroamericanos fueron rescatados en dos operativos en los estados de Coahuila (norte) y Tamaulipas.
Amnistía Internacional (AI) denunció recientemente que autoridades migratorias de México deportan ilegalmente a miles de centroamericanos sin considerar los riesgos letales que corren en sus países de origen por las bandas criminales y la falta de oportunidades.
Más de 500.000 personas cruzan irregularmente la frontera sur de México cada año, según datos de Naciones Unidas. En su recorrido son víctimas de abusos por parte de criminales y traficantes de personas.
© Agence France-Presse
Un grupo de 109 hondureños, salvadoreños y guatemaltecos, entre ellos mujeres y niños, fue interceptado por autoridades de México cuando viajaban clandestinamente hacia la frontera de Estados Unidos hacinados en un camión de carga, informó este viernes el Instituto Nacional de Migración (INM).
En un operativo en el que participaron elementos del Ejército Mexicano, los migrantes fueron hallados el jueves mientras “viajaban en un tráiler en condiciones de hacinamiento, sin alimento y sin agua” por el punto de inspección Oyama, en el municipio de Ciudad Victoria, en el fronterizo estado de Tamaulipas, indica un comunicado del INM.
Los migrantes “mostraban signos de deshidratación y asfixia, derivado del largo tiempo que permanecieron encerrados, poniendo en riesgo su vida y salud”; mientras que el conductor y su acompañante, de nacionalidad mexicana, fueron detenidos por el delito de tráfico de personas, añade.
Los migrantes pretendían llegar a Estados Unidos y aseguraron que fueron trasladados por los traficantes de personas desde el sureño estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala, hasta Tamaulipas, indicaron las autoridades.
Guatemaltecos detenidos
El grupo de extranjeros rescatados estaba conformado por 83 guatemaltecos, 17 hondureños y 9 salvadoreños. Entre ellos había 15 mujeres y 39 menores, de los cuales 10 viajaban sin acompañamiento adulto.
El INM organizará el “retorno asistido” de los centroamericanos a sus países, y aseguró que les informará sobre su derecho a solicitar refugio.
Amnistía Internacional (AI) denunció el martes que las autoridades migratorias de México deportan ilegalmente a miles de centroamericanos sin considerar los riesgos letales que corren en sus países de origen por las bandas criminales y la falta de oportunidades.
Un informe de la ONG, basado en entrevistas a 500 migrantes, señala que 75% de las personas detenidas no fueron informadas de su derecho a pedir asilo.
Más de 500.000 personas cruzan irregularmente la frontera sur de México cada año, según datos de Naciones Unidas. En su recorrido son víctimas de abusos por parte de criminales y traficantes de personas.
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