Ciudad Guatemala
Las agencias de las Naciones Unidas están preparadas para enviar una ayuda de urgencia a Venezuela siempre y cuando el gobierno esté de acuerdo, como lo indicó el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres.
El líder de la oposición, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por unos 40 países, reclama una ayuda urgente para Venezuela.
“Es urgente aumentar la ayuda humanitaria”, afirmó a la AFP un portavoz de la ONU en Ginebra.
La UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud, antena hemisférica de la Organización Mundial de la Salud (OMS), están presentes en Venezuela, pero implementan programas de desarrollo o prevención.
“Muchas de las agencias de la ONU están intensificando su asistencia”, dijo el portavoz.
Sin embargo, el Programa Alimentario Mundial (PAM), agencia encargada de encaminar víveres en los países en crisis o en conflicto, no está presente en Venezuela, que atraviesa una grave crisis económica.
Por su parte, Juan Guaidó que se autoproclamó presidente interino el 23 de enero, intenta organizar la llegada de una ayuda internacional más allá de lo que diga el presidente venezolano Nicolás Maduro.
“En un correo, enviado en respuesta a Guaidó el 29 de enero pasado, el Secretario General de la ONU Antonio Guterres declaró que las Naciones Unidas estaban preparadas a aumentar sus actividades en Venezuela en materia de asistencia humanitaria y desarrollo”, explicó el portavoz de la ONU.
“Sin embargo, agregó que para eso la ONU necesitaba el acuerdo del gobierno”, indicó el portavoz.
El parlamento venezolano, única institución en manos de la oposición, aprobó esta semana un plan estratégico para la distribución de víveres y medicamentos enviados por Estados Unidos y Canadá desde Colombia y Brasil, países fronterizos con Venezuela.
“Neutralidad”
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) duplicó su presupuesto anual destinado a Venezuela, pero se niega a quedar enredado en los enfrentamientos políticos.
La Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) anunció el jueves que su presidente, Francesco Rocca, viajará a Venezuela del 8 al 10 de febrero, para “evaluar las necesidades humanitarias”.
En su comunicado, la FICR señala “la importancia de una acción humanitaria neutral, independiente e imparcial”.
La Cruz Roja venezolana, que insistió en su “neutralidad”, dijo que estaba lista para distribuir la ayuda una vez que ingrese en el país.
En Venezuela, la Cruz Roja dispone de unos 2.600 voluntarios y empleados, explicó un portavoz de la FICR. Estas personas administran ocho hospitales y 33 centros ambulatorios, y su labor es garantizar los primeros auxilios y dar apoyo a las comunidades y personas desplazadas, especialmente en temas de higiene y prevención de enfermedades.
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Activa desde 2015 en algunas regiones de Venezuela, la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) tiene equipos “listos para reaccionar cuando sea necesario”, dijo su portavoz Etienne L’Hermitte.
Según Guaidó, “hay entre 250 mil y 300 mil venezolanos en riesgo de muerte”.
El presidente Maduro rechazó en varias ocasiones el envío de cualquier ayuda humanitaria a Venezuela que considera un medio para facilitar una invasión militar dirigida por Estados Unidos para derrocarlo.
Sin embargo, la oposición sigue determinada a hacer ingresar la ayuda estadounidense y canadiense y Guaidó emplazó a los militares a que la dejen entrar.
Los habitantes de Venezuela, país petrolero, está enfrentado a graves penurias de víveres y medicamentos y a una hiperinflación.
Maduro denuncia por otra parte las sanciones internacionales que afectan a Venezuela.
Las organizaciones humanitarias tienen dificultades para establecer cuáles son las necesidades reales de Venezuela.
“No tengo un análisis de la situación en el país porque no hay cifras oficiales disponibles y no estamos presentes en todo el país”, dijo el portavoz de MSF.
“El gobierno es consciente de nuestra voluntad de aportar ayuda. El Programa Alimentario Mundial de la ONU sigue de cerca la evolución de la situación y está lista para entrar cuando sea autorizado”, declaró a la AFP el portavoz Herve Verhoosel.
“Estamos pre posicionando los víveres en la frontera”, explicó el portavoz, que agregó que la agencia reforzó su personal en las zonas fronterizas.
“Jueces, fiscales, testigos y defensores de derechos humanos se enfrentan a un riesgo cada vez mayor, lo que hace que se incrementen las tensiones entre el poder Ejecutivo y el Judicial”, señaló durante in encuentro informal con representantes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La comisión guatemalteca negó dichos señalamientos. E invitó a la oficina de la ONU para los derechos a establecer una representación permanente en el país.
Durante esta mañana, Velásquez también publicó un video en el que insta a la ciudadanía en participar en el proceso de construcción del Estado de Derecho, y resaltó que uno de sus principales pilares es el sistema de justicia.
“No hay en Guatemala nadie superior a la ley y eso que en la práctica hemos logrado demostrar tiene que fortalecerse”, detalló.
🗨 "Para que los progresos alcanzados no se reviertan, es indispensable que todos los guatemaltecos y guatemaltecas participen en el proceso de construcción del #EstadoDeDerecho democrático". Comisionado @Ivan_Velasquez_ en #DiálogosCiudadanos por #CulturaDeLaLegalidad. pic.twitter.com/4jx1w2E6C5
— Archivo de la CICIG Guatemala (@CICIGgt) February 4, 2019
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“Esta reforma significaría una total impunidad para todos aquellos involucrados en violaciones verdaderamente horrendas, incluidos crímenes de lesa humanidad”, advirtió la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
“Si se aprueba esta reforma, representaría un drástico retroceso para los derechos de las víctimas a la justicia y para el Estado de Derecho en Guatemala”, expresó haciendo referencia a que el contenido actual de la ley ha sido base legal para los juicios.
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También manifestó su preocupación ante la posibilidad de que al aprobarse la normativa pueda haber represalias contra las víctimas, testigos, jueces e incluso organizaciones que han promovido la justicia por los delitos del pasado.
“Reabrirá viejas heridas y destruirá la confianza de las víctimas en el Estado y sus instituciones”, aseguró.
36 años de guerra
La Ley de Reconciliación Nacional ha estado en vigor desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1996 y ha sido reconocida internacionalmente como un modelo legislativo de la lucha contra la impunidad de serios abusos y graves violaciones a los derechos humanos.
Durante los 36 años que duró el conflicto armado interno (1960-1996) 250 mil personas murieron o fueron desaparecidas.
Un tema que aún es sensible para cientos de familias es la desaparición de sus seres queridos durante el conflicto, específicamente en la época de los años ochenta, en el que miles de personas fueron detenidas y posteriormente desaparecidas acusadas de subversión por parte de las fuerzas represivas del Estado.
Quienes promueven la iniciativa aseguran que es necesario un perdón por los 36 años de conflicto armado interno, para que organizaciones dejen de lucrar con la guerra.
“Nosotros los soldados no somos matones ni asesinos, combatimos terroristas. Únicamente defendimos a Guatemala”, argumentó el diputado oficialista Estuardo Galdámez.
Entre los oponentes está la familia Molina Theissen, que en 2018 vio cumplirse su sueño de justicia por la desaparición del adolescente Antonio Molina Theisse y la detención ilegal y violación de su hermana Emma Guadalupe, ocurrida en 1981.
Por este caso fueron condenados cinco militares a 33 y 58 años de cárcel, entre ellos el exjefe del Estado Mayor del Ejército, Benedicto Lucas García.
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“Nunca más un experimento expuesto desde afuera a nuestra patria, nunca más cedamos nuestra soberanía a los intereses espurios de burócratas internacionales y de ONG cooptadas”, reiteró y pidió impedir la intromisión de poderes chocantes que “vienen a robarnos nuestro derecho a elegir y nuestra libertad”.
“Esa imposición externa fue introducida por agentes locales que, al final de cuentas, lo único que pretenden es una cuota de poder que han sido incapaces de lograr en elecciones libres”, afirmó.
Arzú propuso replantear los términos bajo los cuales Guatemala mantiene relación con las Naciones Unidas y sus diferentes organizaciones adscritas.
“Otros países lo están haciendo, ¿Por qué nosotros no?”, agregó.
“La democracia es más que las elecciones. Para que unas elecciones sean en verdad parte de una democracia no solo deben ser legales, sino además y fundamentalmente deben expresar la voluntad auténtica del Pueblo”, dijo.
El presidente Jimmy Morales acudió al Legislativo para presentar su tercer informe de Gobierno, ante un pleno semivacío, debido a que no se presentaron las bancadas de oposición.
Alrededor del Congreso se agruparon diversos sectores sociales que protestan en rechazo al accionar del Gobierno que puso fin al mandato de Cicig.
Durante la sesión plenaria también tomó posesión la Junta Directiva del Congreso para el período 2019-2020. La cual quedó integrada de la siguiente manera:
- Presidente: Álvaro Arzú Escobar
- Vicepresidente: Felipe Alejos, Flor de María Chajón y Óscar Escribá.
- Secretarios: Estuardo Galdámez, Juan Manuel Giordano, Juan Ramón Lau, Julio Lainfiesta y Aníbal Rojas.
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