Ciudad Guatemala
Frente al Ejército de Guatemala el Presidente Jimmy Morales se defendió de los señalamientos que la CICIG y el MP realizaron en su contra.
FOTO: PRENSA LIBRE
El MP y la CICIG revelaron un nuevo caso de posible uso de fondos ilegales en la campaña del presidente Jimmy Morales, quien ya fue protegido por el Congreso para evitar que fuera investigado por un señalamiento similar en agosto de 2017. Ahora Morales se defendió de los señalamientos en una actividad en llevada a cabo en el Campo Marte frente al Ejército en conmemoración del Día del Soldado Caído.
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El mandatario Jimmy Morales declaró mientras sostenía en sus manos uno de los diarios que publicaron la noticia sobre los señalamientos en su contra y gritó: “¡Eso es mentira!”.
El presidente Jimmy Morales asegura que las acusaciones en su contra son "una movida" para presionarlo por la elección de #FiscalGeneral "Tengo problemas de adeveras… Déjenme trabajar".
— Ideas Colochas (@MelenaCreativa) April 20, 2018
Morales restó validez a los señalamientos de MP, CICIG y empresarios que lo vinculan.
No soy perfecto, no se desvelen tanto escribiendo novelas, tengamos seriedad por favor, dice Jimmy Morales sobre un "chismografo" del domingo.
— Ideas Colochas (@MelenaCreativa) April 20, 2018
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En el discurso frente a su esposa y todos sus hijos dentro de ellos quien tiene un proceso por corrupción también evidenciado por la CICIG y el MP, Morales aseguró que aún mantiene su slogan de campaña: “Ni corrupto ni ladrón” y que no tuvo más publicidad que de sus votantes.
Según Morales él no invirtió en campaña como los otros partidos ya que no tuvo ayuda de ningún sector menos del privado. Esto pese a que los empresarios reconocieron que los señalado por la fiscalía es real.
Jimmy Morales insistió frente al Ejército que su campaña fue la más barata de la historia.
https://twitter.com/Sanchinelli_gtv/status/987395119530827776
Según el mandatario los que quieren con estos señalamientos es doblegarlo:
“Buscan doblegarme a través de mi familia, amenazas y del terror, pero no nos vamos a doblegar, vamos a seguir confiando en las instituciones”.
Morales asegura que mantiene su slogan de campaña: "Ni corrupto ni ladrón" y que no tuvo más publicidad que de sus votantes. Insiste en que su campaña fue la más barata de la historia.
— Ideas Colochas (@MelenaCreativa) April 20, 2018
“Ni corrupto ni ladrón”
Además el presidente Jimmy Morales pide públicamente a la Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas que investigue a los Fiscales del Ministerio Público (MP) por falsificar información.
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La acusación contra FCN-Nación
Según el MP y la CICIG los dirigentes del Partido político FCN-Nación pactaron con un grupo de empresarios inyectarle dinero a la campaña electoral de esa organización política por la cantidad de Q8 millones que servirían para el pago de fiscales de mesa del partido, para la primera y segunda vuelta electoral del proceso electoral 2015, sin que ese monto fuera reportado al Tribunal Supremo Electoral, con lo que habrían incurrieron en financiamiento electoral ilícito. Pero esto fue algo que solicitó el mismo Jimmy Morales.
Redacción
BBC Mundo, Cono Sur
Fue el primer exmilitar de alto rango en ser sentenciado por crímenes de lesa humanidad tras la anulación de las llamadas Leyes del Perdón en Argentina en 2008, y tuvo el mayor número de condenas.
El exgeneral Luciano Benjamín Menéndez, máximo responsable militar de la región centro-norte del país durante el último régimen militar argentino (1976-1983), falleció este martes en un hospital militar, a los 90 años, como consecuencia de un cáncer.
Menéndez cumplía una condena de 13 cadenas perpetuas en la céntrica provincia de Córdoba, donde cometió muchos de sus delitos.
Sin embargo, por sus problemas de salud y su edad, en los últimos años gozaba del beneficio de la prisión domiciliaria, algo que criticaban sus víctimas y los familiares de desaparecidos.
Como titular del Tercer Cuerpo del Ejército era considerado el “amo de la vida y la muerte” en Córdoba, según el diario local La Voz.
También era la máxima autoridad en otras nueve provincias del centro y noroeste argentino.
Durante su mandato se habilitó en Córdoba el centro clandestino de detención y tortura La Perla, donde fueron asesinadas miles de personas.
El exmilitar fue condenado por esos crímenes en 2016.
Ala dura
Menéndez era considerado el líder de la ala dura dentro del gobierno militar y algunos argentinos, como la legisladora cordobesa Liliana Montero, lo consideran el “mayor genocida” de la historia argentina.
Proveniente de una familia de militares primero fue conocido como “Cachorro”, aunque más tarde se ganaría el apodo de “La Hiena”.
“SE MURIÓ LA MUERTE: a las 11:20 murió el genocida Luciano Benjamín Menéndez. A diferencia de sus víctimas, se sabe la hora, el lugar y su familia puede despedirlo”, escribió en Twitter la agrupación de hijos de desaparecidos H.I.J.O.S Capital.
SE MURIÓ LA MUERTE: a las 11:20 murió el genocida Luciano Benjamín Menéndez. A diferencia de sus víctimas, se sabe la hora, el lugar y su familia puede despedirlo.
Llegó a ser condenado en cárcel común, perpetua y efectiva, el único lugar para un genocida.
¡30.000 PRESENTES! pic.twitter.com/WphGEMbsKh— H.I.J.O.S. Capital (@hijos_capital) February 27, 2018
En el pasado Menéndez había justificado su actuación durante la llamada “Guerra Sucia”.
“La persecución a los delincuentes subversivos no fue represión (…) Aplicando las leyes, las Fuerzas Armadas cumplieron la misión encomendada por la Nación de vencer al enemigo”, dijo, durante su segundo juicio, en agosto de 2008.
“Ostentamos el dudoso honor de ser el primer país del mundo que juzga a sus soldados victoriosos que lucharon por orden de y por el bien de sus compatriotas”, señaló, en comentarios que recibieron duras críticas en el país.
El presidente estadounidense, Donald Trump, protagonizó este miércoles una nueva polémica con su intención de celebrar un gran desfile militar, una idea recibida con poco entusiasmo por los republicanos y criticada por los demócratas.
La Casa Blanca y el Departamento de Defensa confirmaron que ya comenzaron a planificar el evento, aunque por el momento no se fijado una fecha.
El diario The Washington Post, que filtró la información la noche del martes, afirmó que “la orden fue directa”. “Quiero un desfile como el de Francia”, solicitó el mandatario.
Este miércoles, el secretario de Defensa, James Mattis, dijo que “todos conocemos en este país el sentimiento especial y el respeto del presidente por nuestros militares”, y apuntó que por el momento “estamos definiendo algunas posibilidades”.
Trump quedó embelesado el año pasado cuando, invitado por su homólogo Emmanuel Macron, presenció la parada militar del 14 de julio en el marco de las celebraciones de la fiesta nacional francesa.
Desde su palco en los Campos Elíseos de París, no ocultó su admiración por el fastuoso desfile de tropas, tanques y blindados, sin mencionar los aviones de la Fuerza Aérea sobrevolando la multitud.
Ya en el vuelo de retorno a Washington, Trump comentó con sus auxiliares que había quedado extraordinariamente impresionado con el desfile, que consideró “una cosa inmensa para Francia y para el espíritu de Francia”.
Poco después sugirió la posibilidad de celebrar algo similar el 4 de julio –día en el que Estados Unidos conmemora su independencia– en la Avenida Pensilvania, donde está la Casa Blanca, para mostrar el “poderío militar” del país.
Reacción tibia entre aliados
Pero su iniciativa recibió este miércoles un tibio apoyo, incluso entre los legisladores de su partido.
El senador conservador Lindsey Graham dijo que una parada “tiene sentido”, aunque manifestó sus reservas. “No estoy pensando en un desfile con exhibición de armas al estilo soviético. No somos eso”.
Sólo apoyaría un desfile para “exhibir a nuestros mejores hombres y mujeres y decirles ‘gracias'”.
Otro influyente senador republicano, John Kennedy, se sumó al grupo de los poco entusiasmados: “no creo que sea una idea particularmente buena. La confianza es silenciosa, y la inseguridad es ruidosa”, comentó.
A su vez, el legislador republicano Jim Jordan apuntó que el Congreso estadounidense “mantendrá ese debate”.
Un sondeo informal organizado por la publicación Military Times reveló que, al promediar el miércoles, el 70% de los consultados consideraba que el desfile sería “un desperdicio de dinero”.
El legislador demócrata Keith Ellison, que no ahorró en críticas, describió a Trump en Twitter como a “nuestro Exaltado Líder”, y afirmó que la idea es “idiota y autoritaria”.
Para la legisladora Jackie Speier, en la Casa Blanca “se está generando un Napoleón”.
El último desfile militar en la capital estadounidense ocurrió en 1991 después de la Primera Guerra del Golfo, durante el cual se vieron misiles y tanques.
Aunque la Casa Blanca confirmó el pedido de Trump, su portavoz Sarah Sanders especificó que la idea está “en discusión” y que se están “explorando opciones”.
Como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas estadounidenses, Trump puede ordenar al Pentágono organizar un desfile sin necesidad de debatir la cuestión.
© Agence France-Presse
Rigoberto Escobar López, corresponsal de Prensa Libre y Guatevisión en Petén, fue agredido por las fuerzas armadas beliceños de alta en la aduana de aquel país, el incidente se registró en el área conocida como tierra de nadie, en Melchor de Mencos.
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El periodista indicó que se encontraba documentando con fotografías y video parte del trabajo de la zona de adyacencia, niños peteneros que estudian en Belice, el recinto de aduanas y tema de la consulta popular, cuando se le acercaron tres personas, un uniformado y dos de civil, sin identificación pero señalando ser empleados de la aduana beliceña.
Militares intimidaron al periodista
Agrega que el militar le preguntó que hacía, el cual respondió que tomaba fotos, invitándolo a retirarse ya que se encontraba en territorio beliceño, cuando se dirigía a la aduana de Guatemala ubicada a cinco metros, fue alcanzado y lo agarraron del cuello, con la intención de conducirlo a la subestación policial del Benque Viejo del Carmen, e inculparle de entrada ilegal al país.
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Transeúntes y taxistas que pasaban por la zona, al observar lo que ocurría auxiliaron al reportero indicando que estaban equivocados ya que él se encontraba en una área libre para ejercer su trabajo y otros actos personales, el policía uniformado fue identificado como Ayala, y los detectives Rodríguez y Eduardo.
El incidente llamó la atención de vecinos del lugar quienes rodearon al policía y detectives a quienes le recriminaron que no estaban autorizados para indicar que es territorio beliceño, quienes optaron a retirarse no si antes tomar fotos al reportero y taxistas que a diario llegan a ejercer su labor.
Minutos después tuvo conocimiento personal del Consulado de Guatemala en Belice, quienes llegaron a la aduana beliceña con el objetivo de recolectar información de lo sucedido, invitando al reportero para que presentará una denuncia formal del caso.
La foto de un hombre intentando proteger a una mujer herida en el tiroteo de Las Vegas se hizo viral alrededor del planeta y emocionó a muchos. Sin embargo, recién ahora se da a conocer la historia de este chico.
Héroe en la masacre de Las Vegas
David Becker, el fotógrafo que capturó el momento en que Cobos cubría con su cuerpo a una mujer herida, comentó al diario Dailymail que el soldado estadounidense reaccionó de inmediato al reconocer que los ruidos a su alrededor eran disparos y no dudó en cubrir con sus cuerpo a la mujer que estaba en el suelo y hablarle para que mantenga la calma.
“Una vez el chico llevó a la mujer a resguardo, volvió corriendo a la zona de peligro para ayudar a otros que estaban heridos. Utilizó su cinturón como torniquete para frenar la hemorragia de alguno de los heridos y hasta puso sus dedos en las heridas de balas de algunos que habían sido alcanzados por las balas”, contó el fotógrafo.
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En la audiencia de primera declaración del caso Diario Militar la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público señaló al exministro de la Defensa Nacional, Marco Antonio González Taracena, de dirigir de 1983 a 1985 un grupo operativo del Estado Mayor Presidencial que controló y desapareció a personas consideradas “enemigo interno”.
El militar retirado compareció ante Miguel Ángel Gálvez, juez de Mayor Riesgo “B”, en el Centro Médico militar en donde permanece bajo cuidados médicos desde el 28 de mayo pasado cuando se le infirmó de una orden de aprehensión por el caso Dossier de la Muerte.
La relatora especial de Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite, instó a las autoridades guatemaltecas a tomar medidas para garantizar la seguridad de la exfiscal Virginia Laparra y el exjuez Miguel Ángel Gálvez, además de proteger la independencia de jueces y fiscales del país.
Según Satterthwaite, las acciones penales promovidas en contra del exjuez y la exfiscal “son un ataque al estado de derecho” y las calificó como represalia hacia ambos por su trabajo anticorrupción.
La experta de la ONU hizo referencia al caso en el que Gálvez dictaminó que nueve militares y policías en condición de retiro sean juzgado por delitos de lesa humanidad en el caso conocido como Diario Militar.
Debido a esa resolución, Satterthwaite reconoció que como resultado, el juez Gálvez había sido objeto de amenazas, vigilancia y hostigamiento, lo que motivaron su renuncia al cargo y su salida al exilio.
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“Se está abusando del derecho penal para atacar a los servidores públicos y operadores de justicia, quienes protegen y garantizan los derechos humanos, quienes están fortaleciendo el estado de derecho y dando grandes pasos en la lucha contra la impunidad en el país”, enfatizó Satterthwaite.
La relatora dijo que los fiscales “no deben ser criminalizados por cumplir con sus funciones en la lucha contra la corrupción”.
Relatora pide garantías
“Estoy extremadamente preocupada por estos casos en particular y por una serie de acciones recientes destinadas a debilitar el estado de derecho y la independencia judicial en Guatemala”, dijo Satterthwaite.
Sobre el caso de Laparra, exfiscal anticorrupción, las Naciones Unidas hizo mención de los dos procesos seguidos “que se han caracterizado por violaciones al debido proceso, incluyendo dilaciones indebidas y uso excesivo de la prisión preventiva”, dijo la experta.
Satterthwaite instó a las autoridades a garantizar la protección e independencia de los operadores de justicia para que “no sufran ataques”.
El juez Miguel Ángel Gálvez abandonó el país y renunció a su cargo denunciando ser víctima de persecución por sus resoluciones en casos de alto impacto, sumándose a una amplia lista de funcionarios y jueces anticorrupción que están en el exilio.
Gálvez, quien denunció amenazas tras ordenar enviar a juicio a los implicados en el caso “Diario Militar”, por un crimen de lesa humanidad que ocurrió en los años ochenta, confirmó su renuncia en un video que publicó en sus redes sociales.
Recordó que durante su carrera como juez conoció procesos de estructuras criminales, de grupos del crimen organizado, señalados de corrupción y especialmente casos del conflicto armado.
“Conforme conocí los procesos, traté de transparentarlos y prueba de eso es que la población le dio seguimiento a cada uno de ellos, especialmente a las audiencias y las resoluciones”, dijo Gálvez.
“En estos momentos la independencia judicial está siendo manipulada y no se está garantizando los procesos como corresponde, especialmente las garantías constitucionales y el debido proceso”, advirtió Gálvez en su mensaje.
El mensaje se da luego que el juez denunciara ataques, hostigación e incluso persecuciones ilegales. Amenazas que aseguró, se intensificaron tras ordenar en mayo de 2022, que se juzgara a nueve militares y policías retirados por cargos de tortura, asesinato y desaparición forzada entre 1983 y 1985.
Denuncia amenazas
Gálvez, reiteró en varias ocasiones que consideraba vulnerable su derecho de defensa por múltiples procesos en su contra. El Ministerio Público (MP), dirigido por Consuelo Porras, negó que existiera una persecución contra operadores de justicia y aseguró que seguía una “ruta objetiva e imparcial”.
El juez cobró notoriedad en 2013 por enviar a juicio al ex dictador Efraín Ríos Montt por genocidio. El general retirado fue condenado por un tribunal a 80 años de cárcel, pero la Corte de Constitucionalidad ordenó repetir el juicio.
Ríos Montt falleció el 1 de abril de 2018, a los 91 años, mientras se desarrollaba el nuevo juicio a puerta cerrada, al ser diagnosticado de demencia y otros padecimientos.
Casos de alto impacto
Como titular del Juzgado de Mayor Riesgo “B”, Gálvez conoció diversos casos de alto impacto.
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Diario Militar
Los militares que Gálvez ligó a proceso y envió a juicio a exmiembros del Ejército de Guatemala y de la Policía, implicados en el caso conocido como “Diario Militar”. Están acusados del asesinato y desaparición de 183 personas, durante el conflicto armado interno.
A raíz de la decisión de enviarlos a juicio, Gálvez denunció que existía una campaña de desprestigio en su contra. Justo cuando se solicitó el retiro de antejuicio promovido por el MP, por una denuncia que presentó la Fundación Contra el Terrorismo.
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La Línea
El juez Gálvez también envió al expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti a juicio por cargos de corrupción por el caso La Línea. La fase final del proceso judicial está próximo a iniciar y la sentencia podría dictarse en los primeros días del 2023.
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Cooptación del Estado
El caso surgió del caso La Línea. Según la investigación, Pérez Molina y Baldetti, junto con exfuncionarios de su Gobierno, acordaron adjudicar contratos a determinadas empresas, a cambio del pago de comisiones ilícitas.
Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de Baldetti, declaró como colaborador eficaz por este caso y reveló la trama en que se acordaron los tratos ilícitos.
Monzón dijo que en su caso se le nombró “operador del Ejecutivo en la Empresa Portuaria Quetzal, y debía encargarse de las comisiones por los contratos”.
Entre otros acusados, en Cooptación del Estado figuran el exsecretario de la presidencia Gustavo Adolfo Martínez Luna, también yerno del exmandatario Pérez Molina; así como el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi.
Tras diversas acciones legales que frenaron el avance del proceso penal, el caso entraría a la etapa intermedia.
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Sepur Zarco
En junio de 2015, el juez Gálvez aceptó las pruebas presentadas por el caso Sepur Zarco, marcado por la violencia sexual durante el conflicto armado que enfrentaron 15 mujeres Q’qchi’. El juez envió el expediente al Juzgado A de Mayor Riesgo para que llevara el debido proceso.
El juicio finalizó en febrero de 2016 dictando una sentencia condenatoria.
¿Cómo nacieron los juzgados de Mayor Riesgo?
Estas judicaturas nacieron luego de propuestas realizadas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la cual estuvo vigente entre 2007 y 2019 en Guatemala. Lo que se proponía era concentrar los casos de alto impacto en juzgados de la capital.
Actualmente, hay seis juzgados de mayor riesgo, para conocer los delitos como crimen organizado, violaciones de derechos humanos y los relacionados a la corrupción.
Miguel Ángel Gálvez renunció este martes 15 de noviembre al cargo de juez de Primera Instancia Penal, días después de que abandonara el país en medio de un proceso en el que se buscaba retirarle la inmunidad para ser investigado por el Ministerio Público (MP) por la supuesta comisión de cuatro delitos.
La salida de Gálvez del país se confirmó el sábado 5 de noviembre, luego de que el extitular del Juzgado de Mayor Riesgo “B” denunciará ser víctima de persecución por sus fallos judiciales.
“Comparto este mensaje a mi querido pueblo de Guatemala, de parte de un servidor que ha dedicado su vida a la defensa de una justicia independiente y el imperio del Estado de Derecho en el país. ¡Florecerás Guatemala!”, escribió en su cuenta de Twitter.
“Quisiera poner de conocimiento que el día de hoy presenté mi renuncia al cargo de juez de primera instancia del ramo penal, (…) durante el tiempo trabajado en el Organismo Judicial (OJ) conocí procesos de estructuras criminales, crimen organizado y lo que corresponde a corrupción y especialmente los procesos del conflicto armado, y durante el tiempo que conocí los proceso traté de transparentarlos”, dijo en un video publicado en Twitter el ex juez Gálvez, quien no reveló en dónde se encuentra.
Agregó que “en estos momentos la independencia judicial está siendo manipulada y no se está garantizado los procesos como corresponde, especialmente las garantías constitucionales y el debido proceso”.
“Durante el tiempo que he laborado (en el OJ) se ha cumplido con todas las garantías y voy a estar a la expectativa de todo lo que está pasando en Guatemala para que podamos vivir el anhelo de justicia”, agregó el profesional.
Además, dijo que solicita “al pueblo de Guatemala que haya organización para que no se roben las posibilidades de una justicia que añoramos todos los guatemaltecos”.
“No había entendido que la justicia es cuestión de poder y no control de poder”, concluyó Gálvez.
De momento el OJ no ha confirmado la renuncia de Gálvez.
Garantías
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recordó el día que se confirmó la salida de Gálvez del país que el Estado de Guatemala que debía garantizar la seguridad del ahora exjuez de mayor riesgo, quien salió del país el 4 de noviembre por una persecución penal en su contra.
“El Estado debe proteger la integridad personal del juez Miguel Ángel Gálvez y su independencia judicial”, recordó en esa oportunidad la CIDH en un comunicado publicado en sus redes sociales.
La CIDH explicó que Gálvez fue beneficiado con medidas cautelares desde 2016 debido a amenazas en su contra.
Gálvez, de 64 años, fue acusado por la Fundación Contra el Terrorismo de ordenar “detenciones ilegales” contra militares retirados, acusados de crímenes de guerra.
Los militares que Gálvez envió a juicio son 10 exmiembros del Ejército de Guatemala y de la Policía, implicados en el caso conocido como “Diario Militar” y acusados del asesinato y desaparición de 183 personas, durante el conflicto armado interno (1960-1996).
Gálvez, que durante 20 años de carrera judicial ha condenado a militares, corruptos, pandilleros y narcotraficantes, advirtió en reiteradas ocasiones que consideraba que se estaba vulnerando el derecho de defensa en el proceso en su contra.
Además, en 2015 fue el encargado de procesar por corrupción al expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina, quien podría recibir una sentencia condenatoria en un caso de defraudación aduanera este año.
Durante 2022, la CIDH entregó un informe donde asegura que “existen graves injerencias sistemáticas contra la independencia judicial del país centroamericano”.
Gálvez es el segundo juez anticorrupción que sale de Guatemala en medio de una persecución penal en su contra en 2022, junto a la jueza Erika Aifán, quien era titular del juzgado de mayor riesgo “D”.
Comparto este mensaje a mi querido pueblo de Guatemala, de parte de un servidor que ha dedicado su vida a la defensa de una justicia independiente y el imperio del Estado de Derecho en el país. ¡Florecerás Guatemala! pic.twitter.com/EVj2ttUa1M
— Miguel Ángel Gálvez Aguilar (@Miguelgalvezag) November 15, 2022
El titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, informó este sábado 5 de noviembre que se encuentra fuera del país; aunque, el viernes 4, había indicado que permanecía en Guatemala, mientras autoridades de Migración informaron sobre su salida.
Gálvez, quien goza de un periodo de vacaciones desde el 2 de noviembre, no detalló los motivos de su salida ni el lugar donde se encuentra.
El viernes último, se tenía programada una audiencia en la que presentaría pruebas de descargo por el antejuicio promovido en su contra por la Fundación contra el Terrorismo, pero fue su abogado, Herbert Pérez, quien entregó la información ante la Sala Segunda de Apelaciones.
El proceso contra Gálvez es promovido por la referida fundación que lo señala de “haber abusado de la prisión provisional” durante su labor de juez en el caso Diario Militar, en el que el Ministerio Público señala a exmandos del Ejército de haber cometido asesinatos, desapariciones forzadas y violaciones sexuales entre 1982 y 1986.
Gálvez y su defensor indicaron que se esperaba que la referida audiencia fuera pública para garantizar la transparencia del proceso; sin embargo, señalaron que se dictó una resolución que aduce que “la ley no reconoce la publicidad y que este tipo de procedimiento no lo permite”.
El juez pesquisidor del proceso de antejuicio contra Gálvez es Roaldo Chávez.
“Eso me llama la atención porque se evidencian las violaciones constantes al proceso de antejuicio, en ese sentido consideré prudente comparecer por escrito y que él (juez pesquisidor) tome la decisión”, aseguró Gálvez en un mensaje en su cuenta de Twitter.
Para que la opinión pública evalúe la tramitación de mi proceso pic.twitter.com/tuSKBMLc8p
— Miguel Ángel Gálvez Aguilar (@Miguelgalvezag) November 4, 2022
El Instituto Guatemalteco de Migración informó que la salida de Gálvez se registró a las 6 horas del viernes último; mientras, su abogado defensor, Herbert Pérez, indicó que su representado “puede viajar a donde quiera como cualquier ciudadano” y que goza de un periodo vacacional.
La salida de Gálvez al extranjero toma relevancia debido a que ha denunciado ser víctima de persecución por sus fallos judiciales.
Al ser consultado sobre si en algún momento se exiliaría, indicó que debía analizarlo.
Con información de: Gladys Ramírez y David Sanchinelli.
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