En la embajada, ubicada en la zona 9, se encontraban diplomáticos españoles, empleados de la embajada, una persona particular y veintisiete campesinos que habían ocupado el edificio.

A eso de las 11 horas, un grupo de campesinos llegó con el objetivo de tomar pacíficamente las instalaciones para denunciar vejámenes del Ejército en Quiché.

Al paso de las horas acudieron agentes de la Policía Nacional (PN) para desalojarlos. Al mediodía, el embajador español Máximo Cajal y López pidió a las fuerzas de seguridad que se retiraran ya que negociaría con los ocupantes.

Los agentes hicieron caso omiso a la petición e ingresaron por la fuerza a la sede diplomática. A las 15.20 horas se escucharon disparos y se observó una columna de humo. Nadie sabía qué estaba ocurriendo hasta que Cajal y López       salió, con algunas quemaduras.

Ese día, 37 personas murieron carbonizadas, entre ellas el líder campesino Vicente Menchú, padre de la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, y el ex canciller Adolfo Molina Orantes.

La versión oficial apuntó a que los ocupantes se habían inmolado en el lugar y se les señaló de terroristas, pero durante el juicio dicha teoría fue refutada.

La lucha por la búsqueda de justicia duró más de treinta años, hasta que finalmente se procesó solo a Pedro García Arredondo, ex jefe del Comando Seis de la PN al momento del hecho.

En el 2012 García Arredondo fue sentenciado a setenta años de prisión por la muerte del estudiante Edgar Sáenz Calito.
En enero de 2015 fue hallado culpable de la quema de la Embajada y la muerte de dos universitarios que participaban en el velatorio de las víctimas. Finalmente, un tribunal lo condenó a 90 años de cárcel. El embajador Cajal y López murió en España en abril de 2014.