La Corte de Apelaciones del 2do Circuito en Manhattan ordenó a jueces de Brooklyn a que decidan de forma expedita si un tribunal puede revisar apropiadamente la decisión de poner fin en marzo próximo al Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Daca en inglés).

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El Gobierno insiste en que no es posible.
Algunos activistas demandaron al Gobierno en cortes de Nueva York, California, Maryland y el Distrito de Columbia.
El Daca ha brindado protección a cerca de 800 mil personas, muchas de las cuales actualmente estudian la universidad, y que fueron traídas ilegalmente a Estados Unidos cuando eran menores de edad, o que llegaron con sus familias y permanecieron en el país una vez que expiró su visa.

Un panel de tres jueces del 2do Distrito emitió la orden tras escuchar los argumentos orales.
Dijo que el gobierno no tendrá que seguir produciendo documentos o dar una presentación antes de que un tribunal menor decida si los casos pueden proceder.
También indicó que únicamente decidirá el tema sobre si el tribunal menor puede o no limitar la producción de documentos hasta que se resuelvan esos asuntos.
El vicefiscal general, Hashim M. Mooppan, dijo al panel que el Gobierno planeaba solicitar a la corte federal de Brooklyn que desechara las demandas a principios de la próxima semana.
Dijo que los abogados que demandaron al Gobierno solicitan documentos y testimonios que revelen los procesos de deliberación en los niveles más altos de los departamentos de Seguridad Nacional y de Justicia. Dijo que eso es “sumamente inapropiado”.