El abogado de Martinelli, Carlos Carrillo, argumentó en su pedido que el juez de garantías en el proceso Jerónimo Mejía, debió primero resolver un incidente de objeción presentado contra actuaciones del magistrado fiscal de la causa, así como otros planteamientos promovidos por los querellantes, antes de concluir la audiencia que dictaminó la declaratoria de rebeldía a Martinelli.       

La defensa sostuvo que el no resolver esas peticiones el juez ha “quebrantado los derechos” de Martinelli, según consta en la decisión tomada por la corte, cuya copia fue entregada a The Associated Press el jueves.       

La Corte determinó no admitir el amparo al considerar que lo actuado por el juez en la audiencia “no evidencia una amenaza a la violación de derechos fundamentales” de Martinelli.

Y deja constancia que en un momento posterior podrá atender y decidir el incidente de objeción presentado por la defensa.       

El exmandatario de 63 años, quien es diputado del Parlamento Centroamericano, reside actualmente en Estados Unidos.      

• En video/archivo (22/12/2015) vea: “Panamá ordena detención del expresidente Martinelli”.

https://www.youtube.com/watch?v=4tlrrNo5UEg

Martinelli ha denunciado que es blanco de persecución política y que no enfrenta personalmente a la justicia por considerar que no cuenta con las garantías en Panamá.       

De acuerdo con las investigaciones, bajo las órdenes de Martinelli se realizaron presuntamente interceptaciones ilícitas de las comunicaciones de al menos 150 personas, entre ellos opositores políticos, líderes de la sociedad civil, sindicalistas, empresarios y periodistas entre el 2012 y el 2014.       

Para ello, agrega la fiscalía, se utilizaron recursos, personal y aparatos para intervenir —desde el Consejo de Seguridad de la presidencia— correos electrónicos, tarjetas de memoria y agendas telefónicas, así como ejecutar grabaciones de conversaciones confidenciales de teléfonos móviles y fijos.       

Los delitos a los que se enfrentaría Martinelli, según la fiscalía, tienen que ver contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, contra la administración pública, y diferentes formas de peculado que podrían castigarse con un máximo de 21 años de cárcel.