Las denuncias ocurren después de que este jueves el presidente de EE. UU., Donald Trump, rescindiera la acción diferida que debía beneficiar a los padres indocumentados de hijos con estatus legal.

Esta normativa, que estaba bloqueada por los tribunales estadounidenses desde 2015, eximía temporalmente de la deportación a unos 3.6 millones de indocumentados, según un estudio del Migration Policy Institute.

El secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, anunció este jueves en un comunicado que se ponía fin inmediato al memorando de noviembre de 2014 por el cual el Gobierno del presidente Barack Obama  (2009-2017) protegía de la deportación a padres de hijos regularizados a través de esta acción diferida, conocida como DAPA.

En este sentido, Wilkes criticó que el presidente haya asegurado repetidamente que las autoridades migratorias únicamente deportan a criminales mientras que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas  (ICE) detiene a personas sin antecedentes.

Varios representantes de organizaciones proderechos civiles y derechos de los latinos, además de expertos en política migratoria, coincidieron a través de una conferencia telefónica con la opinión de Wilkes al señalar la creciente preocupación de las personas sin documentos en Estados Unidos desde la llegada al poder del magnate neoyorquino.

En esta llamada participaron miembros del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, de la Unión Americana de Libertades Civiles  (ACLU) , Americas Voice Education Fund, United We Dream y el Fondo México Americano de Defensa Legal y Educación  (MALDEF).

Para Greisa Martinez, directora de Defensa de United We Dream, existe mucha indignación entre los indocumentados por el hecho de que el actual presidente no reconozca la aportación, ya sea en forma de mano de obra o mediante pago de impuestos, de esta parte de la población a la sociedad estadounidense.

“La comunidad indocumentada tenía muchas esperanzas puestas en la DAPA, ya que hubiese supuesto, por fin, un respiro para millones de familias”, apuntó la experta.

Martínez se quejó de que la actual administración “ha dado la espalda”  a estas familias y ha creado inseguridad respecto a la otra acción diferida para niños inmigrantes indocumentados, conocida como DACA.

Según el documento del Departamento de Seguridad Nacional  (DHS) publicado este jueves, el DACA, programa que protegía de la deportación a niños que habían llegado a Estados Unidos ilegalmente antes de enero de 2010 y cuando aún eran pequeños seguirá en marcha.

Sin embargo, la directora de Política y Campañas de Inmigración de ACLU, Lorella Praeli, reconoció que ve con recelo esta indicación y consideró que el presidente ha socavado el programa de protección de los “dreamers”.

“Los hechos dicen más que las palabras”, señaló la activista, que advirtió de que los grupos proderechos civiles deben permanecer con una actitud vigilante porqué “la máquina de deportación”  de Trump está en “pleno movimiento” .

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