“El agujero negro se hace cada vez más grande”, expresa Mercedes González, una española de 52 años que, con menos de €800 al mes (US$1,058), lucha por sacar adelante a su familia, enteramente desempleada, en Fuenlabrada, en los alrededores de Madrid.

En julio, aún recibía, como su marido, una ayuda gubernamental de €426 (US$563), ahora reducida a €360 (US$476). Mientras tanto, “la comida ha subido bastante y los recibos también. Para la luz normalmente pagábamos €40 al mes (US$53); ahora supone unos €50 (US$63), son muchas cosas que han subido con el aumento del IVA al 21%”, afirma.

“En la sanidad también”, dice, “además nos quieren cobrar €1 por receta”. “Creo que las cosas van a peor realmente; ya no podemos respirar”, dice con voz apática esta pequeña mujer llena de energía, vendedora desempleada, cuyo marido y dos hijos adultos tampoco tienen trabajo.

España, cuarta economía de la eurozona, tiene todos los ingredientes de una grave crisis: un cuarto de su población activa desocupada, una política de austeridad sin precedentes, recortes implacables en educación y sanidad, y miles de familias expulsadas de sus casas debido a las deudas.

En ese país, donde varias personas amenazadas de desahucio se suicidaron recientemente, la crisis se transforma a veces en tragedia, como ocurre también en Grecia o en Italia, otros dos países del sur de Europa golpeados por la recesión.

A finales de marzo último, Italia se conmocionó por el gesto desesperado de Giuseppe Campaniello, un albañil desempleado de Boloña que no podía pagar sus impuestos y se quemó a lo bonzo.

“Guiseppe fue víctima de un sistema que funciona contra los ciudadanos”, acusa su viuda, de 48 años, Tiziana Marrone. “Giuseppe no recibió ninguna ayuda. Sintió que estaba contra la pared”, asegura. “No es un suicidio ligado a la crisis, es un crimen avalado por el Estado”, lanza con dureza.

Pero es seguramente Grecia, con una economía intervenida y un desempleo récord del 26%, quien tuvo el impacto social más dramático de la crisis: el 31% de sus habitantes estaban en el 2011 en peligro de pobreza o exclusión, según la estadista europea Eurostat, frente a una media del 24.2% en la Unión Europea (UE).

George Tsouvalakis, carpintero desempleado de 31 años, y su esposa Lia, 30, forman parte de una “generación perdida”. Con una hija de 2 años, quieren irse del país, pero no pueden pagar el billete de avión. Sus ingresos, de más de €2 mil 500 (US$3 mil 306) antes de la crisis, cayeron a entre €0 y €400 mensuales (US$529).

“No tenemos medios para irnos, somos prisioneros en nuestras casas”, afirma Lia.

Nilce Carvalho, una estudiante portuguesa de 29 años que terminó una licenciatura de Artes Escénicas en la prestigiosa Universidad de Coimbra, imaginó otro medio de sortear la penuria: hizo un llamamiento de donaciones en Facebook (NasdaqGS: FB-noticias) para pagar la deuda que le impedía obtener su diploma.

Debido a las políticas de austeridad, su beca había sido reducida de US$500 a US$110, con lo que la joven debe US$1 mil 300 de matrícula. “Fue muy difícil, no es fácil exponer así las dificultades” en las redes sociales, explica.

Sin protección social

En esos países, las organizaciones humanitarias trabajan a toda máquina contra una pobreza que tiene nuevos rostros.

“Son personas que tienen a todos los miembros de su familia en edad de trabajar en paro, son personas que están perdiendo la vivienda por los desahucios, son personas que no están acostumbrados a solicitar ayuda a la red de protección social ni a los servicios sociales”, subraya Fernando Cuevas, portavoz de la Cruz Roja española.

Las ONG se preocupan particularmente por la situación de las mujeres y los niños, hasta ahora protegidos por mecanismos de solidaridad familiar que empiezan a tambalearse.

“¿Las clases medias dónde han quedado en España?”, se pregunta David Polo, miembro de la organización católica Cáritas en Burgos. “Se están fracturando. Empezamos a ver la polarización de estas clases”, agrega.

Unicef registró 2.2 millones de niños bajo el umbral de la pobreza en España. Y en Portugal, el Ministerio de Educación informó a finales de noviembre último que en menos de 20 días el número de estudiantes que sufren carencia alimentaria pasó de 10 mil a casi 13 mil.