Los magistrados pincharon su teléfono ante las sospechas de que Sarkozy pudo recibir financiación del régimen libio de Muamar al Gadafi durante la campaña que en el 2007 le llevó al Elíseo, un caso basado en declaraciones de dignatarios del país africano.

Por casualidad, en esas escuchas descubrieron conversaciones entre el expresidente conservador y su abogado de las que se deducía que trataban de obtener, a través de un magistrado, información secreta de otro sumario que investigaba si la multimillonaria Liliane Bettencourt, heredera del imperio cosmético LOréal, financió ilegalmente su campaña del 2012.

Algunas de esas conversaciones fueron publicadas en la prensa y dejaban entrever que Sarkozy estaba dispuesto a ayudar al juez Gilbert Azibert a obtener un puesto en Mónaco a cambio de que el magistrado influyera en la decisión del Tribunal Supremo sobre el caso Bettencourt.

Sarkozy acabó imputado por “corrupción activa, tráfico de influencias y encubrimiento de la violación del secreto profesional”  en julio del 2014 tras haber pasado 15 horas arrestado, una circunstancia inédita para un exjefe de Estado francés.

El exmandatario y actual líder del partido Los Republicanos contestó la legalidad de esas escuchas y la decisión de hoy del Tribunal Supremo, según recuerdan los medios franceses, abre la vía a un posible juicio contra él, que podría trabar sus aspiraciones de volver al Elíseo en el 2017.