El caso denominado “Cooptación del Estado” terminó de develar el entramado criminal tejido por el Partido Patriota (PP) para tomar control del aparato gubernamental y saquearlo.

A la luz de las revelaciones realizadas, se reafirma que el PP no es más que “la consumación moderna de un cuerpo ilegal y aparato clandestino de seguridad (CIACS) convertido en partido político que accede al poder para garantizar negocios, enriquecimiento ilícito e impunidad”. (Punto de Encuentro, 19/4/16).

Sin embargo el modelo no es nuevo. Se remonta a la década de los 70 cuando el Ejército creó las redes de inteligencia y contrainteligencia y las insertó en las instituciones gubernamentales. El objetivo era combatir al “enemigo interno” y controlar el territorio. De forma paralela iniciaron con los negocios criminales para financiarse (contrabando, tráfico de personas y de armas, venta de niños a través de adopciones ilegales, etc.) que podían realizarse gracias al control absoluto que tenían de la institucionalidad.

Desde el Ministerio de Finanzas, por ejemplo, lograron controlar áreas estratégicas como los puertos, las aduanas y la recaudación de impuestos y desde el Estado Mayor Presidencial (EMP) articular un estado paralelo. Ahí es precisamente donde está el germen de lo que se ha denominado “poderes ocultos”.

Por eso no es casualidad que los casos que conocemos hasta ahora estén centrados en defraudación aduanera (La Línea), defraudación fiscal (Aceros de Guatemala) y enriquecimiento ilícito a través de negocios amañados (TCQ). Ese fue el modus operandi en el pasado y lo sigue siendo en la actualidad.

Tampoco es de extrañar que los personajes se repitan: ahí está el expresidente Otto Pérez Molina, que proviene precisamente de las estructuras de inteligencia y que fue miembro activo del EMP. A su nombre se suman otros, como alias teniente Jerez, Luis Mendizábal, Juan de Dios Rodríguez y Gustavo Martínez, que integraron en su momento estructuras paralelas como el Sindicato o mafias criminales como la Red Moreno. Falta ver un caso que involucre a los miembros de La Cofradía.

Con la apertura democrática y la firma de la paz, estas estructuras paralelas mutaron —nunca desaparecieron— y continuaron desarrollando actividades ilícitas y criminales, en el marco de lo que se denomina empresarialidad criminal compleja. Importante es hacer notar que tampoco abandonaron las prácticas de escuchas ilegales, ejecuciones judiciales, vigilancia y extorsión, que se siguen practicando en ámbitos públicos y privados.

Lo novedoso es cómo estas redes político-económicas ilícitas (RPEI) encontraron el camino para legitimarse a través de los procesos electorales, en el marco de la legalidad. Su victoria en las urnas (caso FRG, caso PP) les permitió penetrar a través de los partidos políticos a las estructuras estatales y tomar control de los organismos del Estado y del poder local.

Por supuesto que en este asalto al Estado los políticos no están solos. La semana pasada nos referíamos a los actores privados que forman parte de la trama a través del financiamiento ilegal e ilícito. Ya Aldana y Velásquez señalaron con lujo de detalles a las modalidades de cooptación y a los actores involucrados: banqueros, empresarios tradicionales y emergentes, constructores, firmas trasnacionales y dueños de conglomerados y monopolios mediáticos.

Y es que efectivamente de esta manera opera y así se constituye un CIACS. Memoria histórica para entenderlo, acción concreta y movilización social para desarticularlos, nada menos.

@MarielosMonzon