¿Cómo puede alguien escuchar los gritos de otras personas que están quemándose, sin hacer nada? Tal y como sucedió con las 56 adolescentes que se incendiaron, luego de haber sido encerradas en un aula de 6X7 metros el 8 de marzo del 2017, en un hogar de protección del Estado de Guatemala. Por ello decimos que fue un crimen de Estado. Durante nueve largos minutos ardieron y gritaron, y nadie les abrió la puerta, ni la policía que estaba apostada del otro lado. 41 murieron y 15 sobrevivieron. Una vez más, el Estado de Guatemala, a través de sus funcionarios, les había cerrado una puerta. Sería la última para la mayoría de ellas.

El 27 de marzo recién pasado, sucedió algo muy parecido en una “estación provisional” (eufemismo para nombrar a un centro de detención), localizado en Ciudad Juárez, México. 66 migrantes hombres de diversas edades y orígenes, la mayoría guatemaltecos, se encontraban allí detenidos en su camino a Estados Unidos. Meses antes, varias organizaciones que realizan visitas regulares, habían denunciado la criminalización de la migración en esos lugares, así como las condiciones de privación de libertad y hacinamiento que viven los migrantes en esos centros de detención. Sin protocolos ni políticas migratorias adecuadas que protejan sus derechos humanos, se procede a detenerlos y deportarlos, pero mientras la deportación llega, los mantienen en espacios reducidos, sin ventilación, ni acceso a agua potable o atención médica. Además, carecen de información adecuada sobre sus casos y son permanentemente disuadidos de pedir asilo.

Este nuevo crimen se parece en mucho al primero. La privación de libertad de personas inocentes; las torturas cotidianas denunciadas con anterioridad a la tragedia; el hacinamiento en espacios reducidos; el hostigamiento de parte de agentes del Estado; la presencia de “cuidadores” que no cuidan nada, y más bien son parte medular del problema; el fuego como elemento transversalizador de Estados que no garantizan la vida de las personas en general, ni de las personas migrantes en particular y que, más bien, crean condiciones e instituciones para que las personas mueran en los países donde se da la movilidad humana.

Lo hemos dicho: las remesas representan el 18% del PIB de Guatemala, más que el total de las exportaciones-país. Y ni siquiera por eso, nuestros gobiernos cuidan a los migrantes; solo los buscan en tiempo de campaña. López Obrador, el presidente mexicano, ya dijo que “no va a haber impunidad” en este caso. Quizás esa será la diferencia más visible entre los dos casos citados en este artículo. Pero a Guatemala le tocaría que sus cónsules en México aportaran en la investigación penal y exigieran la garantía de los derechos de las víctimas. Seguro dirán que no tienen facultades, pero las tienen y ya se ha hecho antes.

Al momento de hacer este artículo, el reporte del INM decía que, de los 66 migrantes, 38 habían muerto; 28 eran de Guatemala. Luego, Prensa Libre publicó que eran 40 los fallecidos. Por supuesto, era de esperar que la postura de las autoridades de ambos países fuera la de siempre: la culpa la tienen los migrantes. Como si este país y otros de nuestra región, no escupieran gente como escupen mentiras y vergüenzas. Aquí, la corrupción es la causante de muchos de nuestros males y violencias, y el abandono del Estado en el rubro social es más que evidente. De acá, la mayoría de la gente que emigra no se va porque quiera ir a Disneylandia, se va porque aunque se la lleve la tristeza en el viaje y trabaje jornadas largas y desesperantes en Estados Unidos, es mucho mejor que vivir como esclavo en la Cueva de Alí Babá o terminar en una pandilla, porque muchas otras opciones no le quedan a la juventud guatemalteca. Este nuevo fuego trajo de vuelta la tristeza, el dolor y la indignación. Mi sentido pésame a todas las familias.