Así iniciaron las múltiples visitas a la cárcel VIP de Mariscal Zavala y los viajes a Miami de renombrados empresarios que se reunían para gestar una estrategia conjunta que detuviera a la dupla MP-Cicig, encabezada por Thelma Aldana e Iván Velásquez. Después se conoció de la contratación de una firma estadounidense para iniciar el lobby anti-Cicig en Washington y, de paso, cuestionar la gestión del embajador norteamericano Todd Robinson, por “ideologizada”.

Con el correr de los meses, la alianza se fue nutriendo porque cada vez eran más los políticos, empresarios, financistas, constructores, diputados y exdiputados, funcionarios y exfuncionarios, jueces, magistrados, abogados, militares y exmilitares y dueños de medios quienes engrosaban la lista de las redes de corrupción y, por lo tanto, o estaban involucrados directamente en los casos investigados o suponían que, más temprano que tarde, sus nombres iban a aparecer en las pesquisas. A las filas del popularmente bautizado Pacto de Corruptos también se vinculó el crimen organizado.

Uno de los últimos en sumarse a aquel grupo de consternados personajes fue el entonces presidente Jimmy Morales, que vio cómo la justicia tocaba a su puerta. Su hijo y su hermano, involucrados en el caso Botín Registro de la Propiedad, y su cola machucada por el financiamiento ilícito que sabía que había recibido en la campaña electoral fueron los argumentos más convincentes para adscribirse a la alianza y hacer uso del andamiaje público para cumplir sus propósitos.

Para aquel momento estaba claro que había que deshacerse del comisionado Velásquez y de la fiscal Aldana, y hacia ahí enfilaron sus baterías. Como no lograron que la Secretaría General de la ONU cambiara al jefe de la Cicig, el plan B fue proceder a su cierre. Los planetas se alinearon con la bendición de la administración Trump, a cambio de firmar el vergonzoso acuerdo de Tercer País Seguro. Ya esa historia es más que conocida.

Para controlar al MP bastó con designar al frente del mismo a quien les garantizara frenar el trabajo de la Feci, dirigida por el indomable Juan Francisco Sandoval, y regresar a los tiempos en los que la Fiscalía General se hacía de la vista gorda o era comparsa de estas redes. Actuando en consecuencia, Jimmy Morales nombró a María Consuelo Porras Argueta y ahí tenemos los resultados. Ningún avance ante la flagrante y reiterada desobediencia a las resoluciones de la CC y ninguna solicitud de antejuicio contra magistrados del OJ vinculados con la manipulación de la elección de las cortes en 2014.

Esta alianza perversa consiguió sus propósitos. Quitó del camino a la Cicig, volvió a cooptar el MP, alineó a los tres poderes del Estado con el Pacto de Corruptos e influyó de forma determinante en la conformación de la nueva CC. Ahora se apresta a designar la CSJ y a cobrarle la factura a quienes son y fueron piezas clave en la lucha contra la impunidad.

Por eso el ensañamiento contra Gloria Porras y Francisco De Mata Vela, a quienes buscan perseguir ilegalmente por las opiniones que han externado en el ejercicio de sus cargos. En la lista siguen el PDH, Jordán Rodas; Juan F. Sandoval, Erika Aifán, Miguel A. Gálvez, Yassmin Barrios y otros jueces y juezas independientes. Habrá que ver si continúan avanzando sin encontrar resistencia ciudadana o nos organizamos nosotros también para frenar la regresión e impedir que concreten su venganza.