En el siglo III a.C., Platón y Aristóteles sugirieron el vocablo aristocracia (compuesto por los términos griegos aristos: sobresaliente y kratos: poder), para definir un sistema político a cargo de gente que sobresalía por su sabiduría y capacidad intelectual. Las monarquías europeas de los siglos XVIII y XIX lo usaron para denominar a las personas con poder político y económico, convertido en derecho hereditario, sinónimo de nobleza, ligado a la educación. De ese se derivan otros, como plutocracia: gobierno de los ricos, y democracia: gobierno del pueblo. Por definición, la democracia es representativa en la que el pueblo otorga un mandato a los elegidos para ejercer el poder con fines determinados, limitados por la Constitución Política de la República. En ningún momento delega en estos el poder mismo. La burocracia, por su parte, es la estructura operativa con procedimientos, división de responsabilidades y especialización del trabajo mediante una jerarquía administrativa. Funciona como un conjunto de técnicas tendentes a controlar el poder de los funcionarios, mediante la contratación de personal idóneo según criterios y especificación de cargos, de acuerdo al desempeño de sus funciones, bajo un régimen de disciplina. La burocracia busca controlar el poder de los funcionarios.

El uso cotidiano y fuera de contexto de esos conceptos filosóficos de valor universal, en boca de quienes hacen política, en Guatemala en particular, les hizo perder significado. La burocracia dejó de cumplir su función de control a los funcionarios, abriendo la puerta a la corrupción, destinado el gasto público a pagar favores y sacar de pobres a familiares y amigos cuyo común denominador es la incapacidad. Michelangelo Bovero, profesor de Filosofía Política de la Universidad de Turín, hacia 1940, acuñó el término kakistocracia, del griego kakos: malo, sórdido, sucio, vil, incapaz, innoble, perverso, nocivo, funesto, etcétera (su superlativo kakistos: peor) y kratos: gobierno, para definir el gobierno de los peores.

La corrupción en Guatemala no es una novedad, aunque en época democrática impresiona su crecimiento descomunal. En 2006, el Gobierno solicitó apoyo internacional para combatir lo que definió como cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad incrustados en el Estado. Naciones Unidas creó la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), que en 2015 puso en evidencia lo que el pueblo siempre supo; esta vez con pruebas de latrocinio de las más altas esferas del Gobierno, desenmascarando a dignatarios y altos funcionarios corruptos en los tres poderes del Estado; empresarios, militares, narcotraficantes e instituciones llamadas a controlar, investigar y perseguir delitos públicos. Hubo capturas, encarcelamientos, juicios y sentencias, pero una vez pasado el susto, en Sept2017 se reagruparon y fortalecieron en lo que el pueblo denominó pacto de corruptos, grupo político capaz de imponer nuevo presidente de la República y demás subalternos a fin de dar por terminado el mandato de la Cicig. Hoy llegó a convertirse en un sistema político que prácticamente copó los tres poderes del Estado y la mayoría de instituciones, permitiendo que los peores detenten el poder.

Siguiendo la definición helénica del hombre como animal político, llamar kakistócrata al pacto de corruptos sería un piropo, pues implicaría conferir connotación filosófica a su comportamiento espurio. El español ofrece otros calificativos y el lenguaje coloquial guatemalense muchos más que omito para evitar la innecesaria censura del editor.