Celebran algunos, por ejemplo, la gestión electrónica en el Organismo Judicial, pero jamás han movido un dedo para lograr la reforma sustantiva, para que tengamos una idea, las contiendas civiles, de familia, mercantiles y administrativas en nuestro país se resuelven aplicando el Código Procesal Civil y Mercantil el cual fue promulgado el 14 de septiembre de 1963 sin que a la fecha cuente con reformas fundamentales para modernizar los procedimientos, salvo en el tema de notificaciones, pero es absurdo digitalizar notificaciones y sufrir un tormento, porque cada juez maneja criterios disímiles, para probar en algún juicio comunicaciones electrónicas, fotografías o simples videos.

El Código de Trabajo fue promulgado el 5 de mayo de 1961 y si bien en el gobierno de Alfonso Portillo se hicieron reformas al proceso laboral, seguimos aún sin reconocer muchísimas de las figuras modernas de gestión judicial a pesar de que sí han existido intentos reglamentarios.

Si hablamos de seguridad jurídica, debemos tocar tres temas torales, la reforma sustantiva en lo judicial y permitir la fiscalización de la jurisprudencia, la reforma registral y establecer un nuevo régimen de notariado, pero pretender construir pivotes de seguridad jurídica sin temas de fondo es engañarnos.

El daño que este y el anterior gobierno propinaron al sistema judicial será de efectos imprevisibles, sin reforma sustantiva condenamos a millones de guatemaltecos a seguir ocultos e invisibles de la “civilizada” forma de resolver conflictos y creer que porque ahora las notificaciones llegan por correo electrónico, vivimos en el siglo 21 es mentira, porque muchos fallos están basados en normas anquilosadas o, por otra parte, se ha dogmatizado el procedimiento tanto privilegiándose los puntos y comas de la forma, sin importar el fondo de la cuestión planteada.

Guatemala maneja una gran cantidad de registros, solo en el Ministerio de Economía, gestionan el Mercantil, el de la Propiedad Intelectual, el de Garantía Mobiliarias, Mercado de valores, y el de Prestadores de Certificación de firma electrónica; por aparte está el Registro General de la Propiedad, el cual funciona en Quetzaltenango y la capital de manera cuasi autónoma; también el Organismo Judicial tiene a su cargo el Registro de Poderes y de procesos sucesorios, todas estas instituciones funcionan bajo parámetros propios, sin unidad de criterios y si a esto le agregamos el Registro de Personas Jurídicas a cargo del Ministerio de Gobernación, la cuestión es color de hormiga.

Tanto en Costa Rica como en El Salvador se cuenta con una institución a cargo de la mayoría de los registros públicos confiriéndole mucho mayor grado de certeza a los negocios inscribibles, porque si a esto le agregamos los comunes “robos” de propiedad y de sociedades anónimas con base en inscripciones falsas, pintamos un panorama donde con la computadora, facilitamos, pero no compusimos, todo esto sin tomar en cuenta el Catastro porque no ocupa, para nada, a nuestras autoridades.

Por último, el Código de Notariado fue promulgado el 10 de diciembre de 1946 y si bien es una buena ley, la realidad del país exige cambios de 180 grados, porque somos ya de los pocos lugares del mundo donde ejercer el notariado se hace de la forma como acá lo hacemos, pero sabemos cómo nadie asume decisiones de fondo.

Así las cosas, es encomiable pretender digitalizar la dinámica pública, pero si no vemos los temas de fondo, sin duda alguna estamos maquillando la caverna y creando más espacio para el crimen.