Constantemente se aborda el tema de la problemática agraria, vinculándola directamente a la situación de la tenencia de la tierra. Sin embargo, la falta de una visión de largo plazo, la aplicación de soluciones políticas y populistas, y la creencia de que es el Estado el que de mejor forma asigna los recursos escasos, han llevado a planteamientos de desarrollo rural poco exitosos, a la creencia de que se pueden violar impunemente los derechos y a que el guatemalteco tiene el derecho de aplicar la justicia con su propia mano.

Como en otros años, el 2002 se ha visto marcado por marchas campesinas y las invasiones exigiendo tierras. Estas últimas no se limitan a tierras ociosas del Estado sino también a fincas productivas, propiedad de particulares.

Dado que, aparentemente, no existe un mínimo de respeto hacia las autoridades locales, ni temor en la aplicación de la ley, los campesinos -algunos llevados con engaños, otros motivados por el negocio que representa invadir y engañar- han llevado a cabo invasiones con violencia, quemando bodegas, reteniendo a los empleados como rehenes, atacando a los policías, ocupando los bienes inmuebles, arrasando los cultivos que se encuentran para sustituirlos por siembras de maíz, y amenazando con medidas de hecho más fuertes en el caso de que se les quiera aplicar la ley.

Y las autoridades a nivel local, departamental y nacional, toleran que suceda esto. ¿Es acaso la violación de derechos la base de la política de desarrollo rural de la que tanto se ha estado hablando?

Pareciera que nos encontramos dentro de un círculo perverso que se cierra y vuelve a repetirse año con año, sin que encontremos una solución pacífica, eficiente y beneficiosa, en la que se respeten los derechos de las personas y la institucionalidad del país.

Como una bola de nieve que se echa a rodar y que crece, en forma incontrolada, hasta que encuentra un obstáculo en su camino y provoca un desastre, de igual forma, como sociedad, corremos un grave riesgo al acostumbrarnos a la violación de los derechos del hombre sea este propietario o no de tierra-, a la aplicación de la justicia con nuestra propia mano y a que las autoridades lo consientan.

Así como los linchamientos no son el camino para obtener justicia, las invasiones a fincas no son el camino para solucionar la crisis por la que atraviesan los trabajadores del agro ni para solucionar los problemas sociales del país.

¿Cómo se puede hablar de desarrollo si los principios sobre los que se basa el mismo -la vida, la libertad, la propiedad- no se respetan ni se valoran? ¿Cómo se pretende gobernar con autoridades que no tienen la capacidad ni el interés en aplicar la ley y en preservar la gobernabilidad? ¿Cómo se puede pedir confianza en el sistema jurídico o en las autoridades, si se toleran la violencia y la impunidad como medios para obtener lo que se quiera?

Ahora vemos las consecuencias de no entender, defender ni vivir en un Estado de Derecho. Romper el círculo perverso de la violación de derechos y la impunidad es el nuevo desafío. No nos condenemos a la pobreza y a la confrontación. Los problemas sociales no pueden ignorarse; pero tampoco deben solucionarse a costa de más violaciones. Es hora de que se cumpla la ley, le cueste a quien le cueste.