Con las uñas, palas y cualquier otro instrumento varias personas buscan a sus seres queridos en el área afectada por la erupción del Volcán de Fuego, ocurrida el 3 de junio. Desde el 17 de junio la asistencia del Gobierno desapareció sin importar el dolor de las familias que tratan de encontrar los restos de sus parientes. El apoyo llega de manos de voluntarios como la organización Antigua al Rescate, que ha tenido que pedir autorización de la Gobernación Departamental de Escuintla para efectuar labores de rescate en San Miguel Los Lotes. Apenas cinco días más les dio esa gobernación para llevar maquinaria a la zona cero, como si la búsqueda de víctimas importara un comino. O como dijo el director de la Conred, Sergio Cabañas, que no van a encontrar cuerpos, sino solo “pedazos de gente”. Las labores no le cuestan un solo centavo al Gobierno porque provienen de donaciones.

Gracias a la labor de los voluntarios y familiares de víctimas han sido recuperados 68 restos en los últimos días, de los cuales la mayoría ha sido identificada por las características personales, vestuario, ubicación u otros elementos. ¿Cuál es la razón del desinterés gubernamental para apoyar la búsqueda de las víctimas mortales? A la fecha se sabe que oficialmente se ha reconocido que en esta tragedia murieron cerca de 120 personas y unas 300 estarían desaparecidas, pero hay evidencias de que el número podría ser mayor. Antigua al Rescate asegura que las víctimas mortales podrían superar las dos mil 900, debido a que El Rodeo era habitada por unas ocho mil personas y San Miguel Los Lotes tenía otros dos mil habitantes. Es lógico entender que la falta de interés de las autoridades para no colaborar en la búsqueda de restos de víctimas sería para ocultar la verdadera magnitud de la tragedia.

Pero no solo sufren las personas que desesperadamente tratan de desenterrar los restos de sus familiares, también los damnificados que llevan mes y medio en los albergues. Desde el principio se observó la indolencia de la Conred cuando sus responsables dijeron que no sabían qué pedir o el retraso en hacer el llamamiento internacional para solicitar ayuda a países amigos. Aún resuenan las palabras de la canciller Sandra Lovel cuando dijo: “No vamos a llorar sobre la leche derramada”. Claro, como ninguno de sus familiares fue víctima de la tragedia, no había ninguna prisa para asistir a los sobrevivientes.

El estado de Calamidad también ha sido utilizado para aprovecharse de las circunstancias. Ese fue el caso de la sobrevaloración en la compra de latas de sardinas, por las cuales se iban a pagar Q1.3 millones más. La oportuna denuncia periodística hizo que el Ministerio de Agricultura diera marcha atrás en esa acción. Hablan de que nutricionistas controlan la dieta alimentaria de los damnificados, pero les dan sopas instantáneas, que tienen un impacto negativo en el organismo humano. Sin embargo, no solo ese hecho demostró cómo la corrupción sigue sin freno alguno en el Gobierno. El diario El Periódico reveló el lunes pasado la sobrevaloración por Q28.5 millones en la adjudicación a la empresa V&T de un proyecto habitacional para los damnificados. Un primer proyecto presentado al Gobierno determinaba que la construcción de mil viviendas tendría un costo de Q144.2 millones, pero V&T lo subió hasta los Q172.7 millones.

No hay cambio alguno entre la vieja política y el ofrecimiento de una nueva política basada en la austeridad y cero tolerancia a la corrupción. La erupción del Volcán de Fuego ha permitido observar cómo el interés por ocultar los datos reales de la magnitud de la tragedia ha hecho que las familias se queden solas en la búsqueda de los restos de sus seres queridos y que el estado de Calamidad sea aprovechado para saquear los recursos destinados públicos. Y aún falta ver la calidad con la que se construirán esas viviendas.

@hshetemul