Recurro al viejo aforismo que dice que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, o bien, el infierno está lleno de buenas intenciones y el cielo está lleno de buenas acciones. Una interpretación del aforismo consiste en la certeza moral o racional que puede justificar el daño causado por acciones o políticas fracasadas. Aquellos con buenas intenciones creen que sus prácticas o políticas son buenas para alcanzar el objetivo, cuando quizás esto no sea así. Para ellos, es evidente que sus acciones y políticas son lo mejor para todos o para la “mayoría”, cuando el resultado es todo lo contrario. Las intenciones y acciones del bienhechor tienen consecuencias no intencionadas que son más bien dañinas.

Recurro también a una frase de Manuel F. Ayau: “Las diferencias de opinión no son atribuibles a mala voluntad, sino a sinceras discrepancias sobre ideas muy complejas”. Ayau partía de la posición de que sus contrincantes en la discusión y el diálogo tenían buena voluntad. Es un buen principio, siempre que no sea frente a la violencia y coacción, en cuyo caso no puede, ni debe, otorgarse el beneficio de la duda.

Hay acuerdos bastante amplios sobre algunos objetivos sociales y nacionales. Entre ellos estaría mejorar el nivel de vida de una alta proporción de la población que vive en la pobreza, y conseguirlo como resultado del acceso a empleos dignos y bien remunerados. Las estadísticas frías señalan que anualmente se suman a la fuerza laboral entre 160 y 200 mil jóvenes, para quienes la economía solo genera entre 20 y 40 mil empleos formales, quedando un faltante de 140 a 160 mil plazas de trabajo. El problema es acumulativo y la conclusión evidente: es necesaria y urgente la creación de muchos más empleos bien remunerados. La causalidad es también muy clara; solamente la mayor inversión puede crear más empleos y el aumento en el capital invertido por trabajador, lograr que aumenten los salarios. Sin embargo, las acciones y políticas que se adoptan no conducen a este fin, sino más bien lo alejan.

Un ejemplo es cómo, con pompa y fanfarria, el Gobierno presentó la nueva “Política Nacional del Empleo Digno, Crecimiento Económico Incluyente y Sostenible, 2017-2032”, que expone “los procesos que deberán cumplirse para promover mejores condiciones laborales para los guatemaltecos, en términos de estabilidad laboral, salarios y previsión social”. No creo que estos procesos vayan a crear más empleos dignos y bien podría eliminar algunos. En el mismo tenor, el Viceministerio de Inversión y Competencia no va a conseguir mayor inversión ni más competencia. Paralizar grandes inversiones en hidroeléctricas con protestas organizadas, amparos y decisiones de magistrados, no va a bajar el costo de la energía eléctrica. Invadir, destruir e intimidar actividades productivas no conducirá a mayor bienestar para nadie. Imponer más regulaciones, reglamentaciones y requisitos no va a generar mayor inversión ni extranjera ni de ninguna clase. La falta de certeza jurídica y la inestabilidad en las reglas son veneno para la inversión.

Detrás de muchas de las supuestas buenas intenciones que impulsan tantas acciones y políticas con resultados nefastos hay una mentalidad antiempresa, que desconfía de la actividad productiva y el lucro honesto. Hay que empezar por cambiar eso, así como tomar acciones e implementar políticas que realmente incentiven la inversión y la creación de empleo, descartando las buenas intenciones que producen todo lo contrario.

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