Defender la tierra, el territorio, el agua y los recursos naturales resulta una tarea altamente peligrosa en un país como el nuestro. Liderar o integrar los movimientos de resistencia frente a los grandes poderes políticos y económicos de Guatemala, puede pagarse con la vida y la libertad. En algunos casos no se asesina a la persona, pero se le condena a la muerte civil que equivale a destrozar su liderazgo, su credibilidad, su reputación.

Ejemplos sobran. En el último tiempo se han incrementado los asesinatos de miembros de organizaciones comunitarias, indígenas y campesinas. También los procesos penales y el encarcelamiento de sus líderes, como una acción “ejemplificante” de lo que puede pasarle a quien ose desafiar el poder de los terratenientes, de las empresas nacionales e internacionales que impulsan megaproyectos mineros, hidroeléctricos o de cultivos extensivos; o disputar el poder local a caudillos o narcotraficantes.

Hasta el momento no hay resultados concretos de las investigaciones sobre estos asesinatos, pero sí acciones contundentes para capturar y perseguir penalmente a los dirigentes campesinos, indígenas y comunitarios. El MP no investiga pero sí persigue. El doble rasero característico de la institucionalidad de un Estado racista al servicio de los poderes fácticos del país.

Las redes de jueces, fiscales y abogados a la orden de finqueros y de empresas mineras o hidroeléctricas son bien conocidas por sus estrategias de cooptación y captura del sistema de justicia, lo que coloca en una situación de absoluta desventaja e indefensión a quienes son perseguidos por resguardar sus territorios, sus fuentes de agua o reclamar su derecho a la tierra. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, la reciente iniciativa de ley “anti-invasores” que busca catalogar a los movimientos indígenas y campesinos de organizaciones criminales y terroristas, para reforzar el uso del derecho penal como instrumento de criminalización.

Pero la persecución penal no es el primer paso de la estrategia para quebrar a los movimientos populares. Generalmente, se inicia con una campaña de desinformación y desprestigio contra las personas más visibles de las organizaciones. La utilización de espacios en medios de comunicación y el uso de redes sociales con mensajes llenos de descalificaciones y acusaciones sin sustento, son parte de las herramientas que les han resultado eficaces.

Hacerles ver como delincuentes, terroristas, líderes de turbas violentas o dirigentes radicalizados que se oponen al desarrollo y al diálogo, abona el camino para su persecución, además de poner en grave riesgo su seguridad e integridad. El caso de Berta Cáceres en Honduras es un ejemplo emblemático de esta afirmación.

La aparición de nuevas tácticas en la estrategia de criminalización también es un elemento a tomar en cuenta. El padre Víctor Manuel Ruano, en su columna “La Buena Noticia” (Prensa Libre, 10/11/18) denuncia que se está utilizando la “mediación sesgada e interesada” para romper la resistencia de las comunidades xincas que se oponen al proyecto minero El Escobal. “Pretenden hacer creer que existen acuerdos entre la minera y los xincas” señala Ruano, cuando en realidad “las comunidades xincas y sus genuinos líderes rechazan -la mediación- por la posible manipulación que pueda hacer la minera”.

Al parecer esta práctica se extiende a otros departamentos. Los comunitarios y líderes que no participan son señalados de intolerantes y a partir de ahí comienza el círculo vicioso de la descalificación, en el que rápidamente se les coloca la etiqueta de “delincuentes”.

@MarielosMonzon