Las luchas sociales en Guatemala han buscado el respeto de los derechos humanos, mayor acceso a la tierra por parte de campesinos, la igualdad de los pueblos indígenas y de las mujeres, o el cumplimiento de las reivindicaciones laborales exigidas por los trabajadores. Estas luchas también han incluido la oposición de comunidades a la explotación depredadora de los recursos naturales, así como el combate de la corrupción, reivindicación apoyada por amplios y plurales grupos sociales. La exigencia del pluralismo jurídico es otra reivindicación apoyada por numerosas organizaciones sociales, así como la lucha por la justicia o el agua. Y abundan las demandas locales. Se trata de reivindicaciones ciudadanas diversas, con distinto signo ideológico y muchas veces con una larga historia.

Sin embargo, en épocas recientes la mayor parte de estas luchas sociales han estado divorciadas de las propuestas planteadas por los partidos en las elecciones y han sido ignoradas por el poder Ejecutivo o por el Congreso. Existe una divergencia entre el ámbito de la lucha social y el de la lucha política. Llama la atención que los temas de los derechos humanos, la discriminación, el acceso a la tierra, las reivindicaciones laborales y el uso de los recursos naturales apenas se tocan en los debates parlamentarios. El debate sobre el pluralismo jurídico en el Congreso también lo refleja: muchos diputados quisieran postergar su discusión de manera indefinida o rápidamente dejarla de lado.

Este divorcio entre la acción política de los partidos y las reivindicaciones de las organizaciones sociales no ayuda a Guatemala. Favorece el desencuentro y la falta de diálogo. El Congreso debería ser el centro de debate en que todos estos temas se discutan, con altura, como reflejo de la diversidad de opiniones que existen en nuestra sociedad. No discutirlas amplía las diferencias y las convierte en luchas entre enemigos.

Este divorcio no solo refleja la incapacidad de los partidos políticos para expresar reivindicaciones sociales, lo cual no extraña cuando la política se pone al servicio de los negocios y no al servicio de la población. También refleja el profundo desprecio de la política por parte de amplios sectores de la población que la identifican con la corrupción, el engaño y la mentira.

Muchas organizaciones sociales, a pesar de contar con grados importantes de representatividad, no han querido o podido desplazarse al ámbito de la acción política para incidir de manera significativa en las leyes o normas que se aplican en Guatemala. Y unas pocas se han aliado con políticos corruptos, con lo cual han heredado el estigma asociado al crimen.

La propia cooperación internacional no ha contribuido a favorecer una mayor conexión entre el ámbito social y el político, al financiar a ONG a las que se les prohíbe que sus miembros participen en política. A ello también han contribuido otras organizaciones con una orientación diferente, como el propio Cacif, poderosa ONG que ha preferido influenciar a dirigentes políticos sin involucrarse directamente en la lucha político-partidaria.

Se ha constituido así un mundo paralelo de la sociedad civil, con reivindicaciones importantes, pero sin una expresión política partidaria que haga que estas reivindicaciones se incluyan y discutan en el Congreso. Incluirlas contribuiría a convertir la lucha entre enemigos en un debate entre adversarios. Por ello urge construir expresiones políticas que se atrevan a recoger y potenciar las reivindicaciones que ahora solo se reflejan en las luchas sociales.

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