La elección de la nueva junta directiva del Congreso va más allá del simple cambio de autoridades al frente de ese organismo. En juego estaría la continuidad o no de los cambios que se han operado en el Legislativo, las reformas a la Ley Electoral y el posible torpedeo a las acciones del Ministerio Público y la Cicig, entre otros aspectos. Esa incertidumbre rodea la eventual elección de Oliverio García Rodas como presidente del Parlamento, no tanto por él, sino por la alianza partidaria que respalda su candidatura. Tras el diputado que llegó al Congreso de la mano del Partido Patriota estarían los intereses de sectores vinculados al saqueo de las arcas del Estado y de quienes hoy están procesados por corrupción o en proceso de antejuicio por diversas causas.

Con los auspicios del presidente Jimmy Morales, el oficialista Frente de Convergencia Nacional (FCN) fue el articulador de este movimiento político que en principio pretendía lanzar a Javier Hernández, pero dentro de su misma bancada fue rechazado por los tránsfugas que ahora mantienen una fuerte cuota de poder. Se sabe que el mandatario reunió a mediados de mes a varios jefes de bancadas para quedarse con la junta directiva del Congreso, para arrebatársela a Mario Taracena y la UNE, con lo que abrió la posibilidad de que varios cabecillas de Líder y el Partido Patriota obtengan el control de este organismo. Esas acciones del mandatario son las que generan también dudas acerca de su verdadero compromiso con los cambios que el país necesita porque ahora de nuevo se ha aliado con los sectores más oscuros de la política guatemalteca y hace realidad eso de que no hay tal política nueva.

Jimmy Morales fue también quien le abrió las puertas de FCN a 26 diputados tránsfugas procedentes de Líder y el Partido Patriota para engrosar su bancada, que solo contaba con 11 escaños y que significó una traición a sus ofrecimientos de campaña de no involucrarse con la vieja clase política. Este grupo de legisladores es el que precisamente genera más desconfianza porque representan la política marrullera acostumbrada a utilizar al Legislativo para sus negocios particulares, como lo demostraron recientemente al conocerse que presionaron a los gobernadores para obtener obras. Ocho de esos diputados están antejuiciados por discriminación y racismo contra la gobernadora de Alta Verapaz, además del trámite de antejuicio contra Edgar Ovalle por desaparición forzada y delitos contra los deberes de la Humanidad.

Otro de los partidos que encabeza la entente que apoya a García Rodas es el Movimiento Renovador, cuyo dirigente máximo sigue siendo Alejandro Sinibaldi, prófugo de la justicia y que suma cuatro denuncias de corrupción. A ellos se agrega Alianza Ciudadana, el partido de Luis Rabbé, otro prófugo de la justicia por casos de plazas fantasma en el Congreso. Esas bancadas evitaron que este expresidente del Legislativo fuera desaforado como correspondía a alguien que abandonó ese organismo para evitar rendir cuentas ante la justicia. Como se ve, quienes apoyan la candidatura de García Rodas serían precisamente los interesados en detener los avances que ha habido en el país en materia de transparencia y reforma de leyes. Sus vínculos con quienes han sido perseguidos por el Ministerio Público y la Cicig no son nada recomendables y no se descartaría que pudieran utilizar el Congreso para torpedear a estos organismos.

@hshetemul