Desde que Jimmy Morales se unió a las fuerzas proimpunidad, el gobierno se convirtió en pieza clave de la estrategia para frenar las investigaciones y procesos judiciales por delitos de corrupción. Tomaron debida nota de lo sucedido en el 2015, cuando el binomio patriotero se vio obligado a renunciar, e iniciaron con una ofensiva en cuatro frentes para desbaratar el respaldo —interno y externo— al trabajo del MP y la Cicig.

En el ámbito político tejieron una alianza multipartidaria para hacerse del control de la junta directiva del Congreso y de la agenda legislativa. Esta perversa asociación bautizada como el “pacto de corruptos” está a punto de reformar la ley de antejuicio que les permitirá retirar la inmunidad de quienes se han constituido en el mayor obstáculo para lograr su fines: los magistrados del tribunal constitucional y el procurador de los Derechos Humanos. Por supuesto que la purga no parará ahí, y los diputados/as tendrán en sus manos la posibilidad de premiar o castigar a sus aliados y adversarios.

En el ámbito jurídico han tenido graves obstáculos para concretar sus desmanes, a pesar de su recurrente estrategia del litigio malicioso. Por un lado, no han logrado separar a jueces y juezas independientes de los procesos judiciales de alto impacto. Por otro, no han conseguido —todavía— desbaratar el frágil equilibrio del pleno de la Corte de Constitucionalidad, que ha mantenido a flote la democracia y el estado de Derecho. Pero a juzgar por la información que circula, parece que están cerca de conseguir su objetivo y que el 3 a 2 se dé vuelta a favor de los señores de lo oscuro.

En el plano de la política internacional dirigieron sus baterías a tratar de romper la alianza bipartidista en el Congreso y el Senado de los EUA vía un millonario contrato de cabildeo con el que buscaban el cese del apoyo financiero a la Cicig y la salida del país del exembajador, Todd Robinson. El fracaso no los desalentó y el caso Bitkov les abrió una ventana para reforzar el discurso de la justicia selectiva e ideologizada.

Mientras la fisura en el Capitolio se saldó, la estrategia para incidir directamente en el Departamento de Estado tomó forma por la vía de tres poderosos grupos de presión estadounidenses: el lobby israelí, el de las iglesias fundamentalistas y el de un grupo de financistas del ala más conservadora del partido Republicano, que apoyó la campaña de Trump. Así lograron acercarse a la embajadora Nikky Haley y, a través de ella, a Mike Pompeo, el secretario de Estado. El modelo: Juan Orlando Hernández y Honduras.

En el plano comunicacional lanzaron una estrategia de desinformación y confrontación a través de sus medios y del uso perverso de las redes sociales. Como no les alcanzó, acudieron al boicot comercial de los medios independientes para tratar de ahogarlos y “dejar de financiar al enemigo”; y en eso están.

Pero el gran actor, el verdadero corazón del pacto de corruptos, no es otro que la oligarquía nacional que articula y financia el tablero de juego y cada pieza del engranaje de la impunidad. Si fueron capaces de financiar el genocidio, cómo permitir ahora que se desmorone su sistema de acumulación de riqueza y privilegios. Cuando “toca, toca”, dice un expresidente del Cacif.

Sin embargo, hay un factor que nunca han controlado y puede desequilibrar el tablero: la fuerza ciudadana. La histórica de los pueblos indígenas y de los movimientos campesinos y la renovada de las y los estudiantes universitarios que desde el 2015 nos han dado una lección de enorme coraje y dignidad. La fuerza de la esperanza a la que hay que sumarnos.

@MarielosMonzon