Recientemente, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), en colaboración con el Mecanismo de Apoyo a Pueblos Indígenas Oxlajuj Tz’ikin, desarrolló una metodología para medir cuánto del presupuesto de las instituciones públicas, con beneficio directo en la ciudadanía, se destinó en 2015 a garantizar, promover y proteger los derechos de los pueblos indígenas.

El estudio, denominado Atlas de la inversión pública en pueblos indígenas, identificó que de un total de Q42.6 millardos ejecutados con el objetivo de mejorar el bienestar social de toda la población, solamente Q10.6 millardos (2.2% del producto interno bruto) tuvieron relación con la población indígena. Respecto de la distribución de las asignaciones de recursos destinadas a los pueblos indígenas, el 42.8% fue dirigida para educación, principalmente al programa de educación bilingüe intercultural, de primero a tercer grado primaria. Un 18.8% fue para asuntos económicos, como el desarrollo de la micro y pequeña empresa y la ayuda alimentaria. Otro 15.5% se destinó al primer nivel de atención del sistema público de salud —programas de maternidad y seguridad alimentaria—. El restante 22.9% se ejecutó en diversos programas, entre los que destacan algunos relacionados con protección social, vivienda y servicios comunitarios, así como a la protección del medio ambiente.

En términos per cápita, por cada quetzal del presupuesto invertido en una persona no indígena, el Estado invirtió en 2015 solamente cuarenta y cinco centavos en una persona indígena. Al analizar las inversiones públicas a nivel territorial, se encontró que en aquellos municipios en los cuales más del 90 por ciento de la población es indígena, el máximo nivel de inversión diaria en una persona fue de Q4.40. En contraste, en los municipios con un 10% de población indígena, los montos invertidos en cada ciudadano para diversas finalidades llegaron incluso hasta los Q21.90 diarios.

A lo largo de la historia, las personas indígenas han sido forzadas a trabajar gratuitamente. Se les ha empujado a la servidumbre doméstica, a los empleos peor pagados y a las labores más duras, ante la inexistencia de mejores oportunidades. Han sido acalladas sus exigencias de justicia y su reclamo por una sociedad multicultural que incluya sus voces, sus conocimientos y su forma de ver el mundo.

En la actualidad, la discriminación de la población indígena continúa siendo notoria en lo económico, en lo político y en lo social. Los pueblos indígenas siguen siendo marginados del desarrollo, lo que se revela en altas tasas de pobreza, en menor acceso a educación, salud y al trabajo formal. La Encuesta de Condiciones de Vida de 2014 revelaba que más del 60% de los pueblos ch’orti e ixil vivían en pobreza extrema, casi triplicando el promedio nacional. En ese mismo año, solo el 12.5% de los adolescentes indígenas con edad para cursar el ciclo diversificado estaban matriculados.

Estos datos corroboran que el racismo es la institución más exitosa en este país y que las políticas públicas actuales y el gasto público que las sustenta promueven la discriminación racial. Guatemala hoy en día podría reconocerse como la Sudáfrica del apartheid previa a la presidencia de Mandela. Para el desarrollo y la democracia, los ciudadanos, indígenas o mestizos deben ayudar a construir un Estado respetuoso y promotor de la diversidad. Por ello es urgente incorporar la pertinencia cultural a las políticas públicas, ampliar la inversión pública en las personas y evaluar sus resultados en función del cierre de brechas entre grupos étnicos.

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