La batalla por la impunidad se juega también en la cancha de la comunicación: en la de los medios y las redes sociales. Desde que las investigaciones y procesos penales por casos de corrupción alcanzaron a los sectores de poder real y a sus operadores, una bien montada estrategia de desinformación se echó a andar para protegerlos y preservar el sistema.

El frente proimpunidad integrado por políticos corruptos, sus financistas, los empresarios corruptores-evasores y los militares vinculados a graves violaciones de derechos humanos ha impulsado desde hace meses una muy bien montada estrategia pública y mediática para destrozar la lucha contra la corrupción y la impunidad. Sus armas: la calumnia, la difamación y las mentiras disfrazadas de noticias.

Y no es de extrañar porque estas prácticas tienen su origen en las estructuras de inteligencia de las que formaron parte un buen número de los personajes —presos y prófugos— acusados hoy en casos de corrupción.

Las campañas difamatorias son parte normal de la práctica corrupta y son utilizadas por las redes criminales para impedir que se les persiga y desarticule. De esto hay numerosos ejemplos en Colombia, Perú y Guatemala. Por eso a lo largo de nuestra historia hemos visto cómo en momentos clave se generan estrategias de desinformación y manipulación para desorientar y confundir a la ciudadanía con el único propósito de abortar los procesos de cambio.

La fiscal general, Thelma Aldana, y el comisionado Iván Velásquez son los blancos preferidos de los ataques, pero estos también alcanzan a defensores de derechos humanos, líderes sociales, jueces independientes, periodistas, columnistas e incluso algunos propietarios de medios que mantienen su apoyo a la lucha contra la impunidad.

Los netcenter están más activos que nunca, potenciando hasta el infinito las falsedades y la desinformación y algunos medios —incluido el monopolio de la televisión abierta— son la caja de resonancia para aumentar la confusión y la polarización.

Así sucedió durante la reforma constitucional del 98, cuando la campaña por el “no” adquirió tintes surrealistas; en el juicio por genocidio a través del discurso de que una sentencia condenatoria era equivalente a aceptar que todos los guatemaltecos somos genocidas; en la reciente discusión de la reforma constitucional sobre temas de justicia cuando se difundió la idea de que el pluralismo jurídico era el primer paso para la balcanización y ahora con la intentona de Jimmy Morales de descabezar a la Cicig. En todos esos momentos se ha apelado a nuestros miedos y prejuicios más profundos.

Las campañas de desinformación también se activan alrededor de casos específicos, recordemos lo sucedido tras los asesinatos de la antropóloga Myrna Mack y el obispo Juan José Gerardi. En ambas ocasiones se echaron a andar toda clase de rumores para deslegitimar los procesos, cubrirlos con el manto de la impunidad y dejar sembrada la duda. Y eso es precisamente lo que están intentando hacer con los casos por corrupción que hoy se ventilan en los tribunales.

Para entender el fondo del asunto vale la pena preguntarse a quiénes les sirve que se detenga la lucha contra la impunidad y quiénes tienen temor de que continúen las investigaciones. En esas respuestas está la clave para entender quiénes están detrás de las calumnias y la desinformación.

El uso de los espacios mediáticos y las redes sociales como herramientas de sabotaje y desestabilización para perpetuar la impunidad son las armas de las estructuras criminales que se niegan a desaparecer.

@MarielosMonzon