La forma en que se resuelva el problema de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) podría tener un impacto decisivo sobre inversiones futuras en Guatemala. La semana pasada se anunció una posible solución del problema de TCQ, consecuencia de un cuestionado contrato de usufructo y de sobornos asociados a su suscripción. Ahora existe una propuesta de solución, resultante de un diálogo entre la PGN, el interventor de la Empresa Portuaria Quetzal, la empresa de terminales APM y la Corporación Financiera Internacional. Para que se implemente, el Congreso deberá aprobar que la Empresa Portuaria Quetzal otorgue la TCQ en concesión directa a la empresa holandesa APM por 21 años, sujeta a ciertas condiciones.

Aunque algunos cuestionan la propuesta, es la más completa que existe a la fecha. Tiene la ventaja de que es una respuesta rápida que estaría respetando el estado de derecho: comunicaría al mundo la capacidad de resolver un gran problema de manera ágil y seria. Lo hace sin desistir de acciones penales en contra de los que violaron la ley. Es cierto que la expropiación y puesta en funcionamiento de una TCQ intervenida podría ser una solución alternativa. Sin embargo, la existencia actual de una débil institucionalidad pública, con serios problemas de ejecución, podría enviarles a las navieras un mensaje negativo que conduciría a que no utilizaran la terminal si fuera expropiada. Y siempre existe el peligro de un escenario como el de FEGUA o de CELGUSA, con pérdidas millonarias y mensajes al mundo de evidente incapacidad. APM, en cambio, tiene un sólido prestigio que favorece una transición sin demasiados contratiempos.

La solución propuesta también enviaría un mensaje positivo a aquellas fuentes de inversión extranjera que podrían contribuir al desarrollo de Guatemala en el futuro. Algunos empresarios y ciertos economistas creen equivocadamente que los incentivos o exenciones fiscales son el gran instrumento para atraer inversiones. Pero son mucho más importantes normas que se respetan, con Estados que establecen las condiciones básicas para que las empresas operen y que tienen la capacidad para resolver problemas importantes. La resolución ágil del problema con TCQ puede enviar un mensaje muy positivo a inversionistas nacionales y extranjeros. Ese debiera ser un criterio importante a ser tomado en cuenta por los diputados del Congreso.

TCQ también es un proyecto estratégico, de gran escala e impacto. De acuerdo con los términos convenidos, implica la entrega de 43.2 millones de dólares al Estado, 32.7 millones inmediatamente y el resto a lo largo de 10 años en beneficio de Escuintla. Además conlleva la inversión acelerada de 80 millones de dólares para continuar con las actividades de ampliación de la terminal.

Y todo ello deberá resultar en una reducción de los costos de exportar y de importar de Guatemala, al facilitar la carga y descarga de contenedores con equipo moderno y tecnología de punta. Con ello reducirá la espera de los barcos de carga, que actualmente tiene un costo de más de 20 millones de dólares por año, y liberará espacio en Puerto Quetzal para realizar todo tipo de operaciones.

Este arreglo facilitará el comercio con Asia y América del Sur: permitirá que los grandes barcos Post-Panamex, que ahora pueden cruzar el Canal de Panamá como resultado de su ampliación, operen en Guatemala. Al convertirse en la terminal de contenedores más importante entre México y Panamá, Guatemala podría transformarse en un centro logístico importante y ser el destino de nuevas inversiones.

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